El conflicto interno que vive Colombia desde hace más de 70 años tiene su versión más violenta en la actualidad. El régimen de Iván Duque, pupilo de Álvaro Uribe, poco se preocupa por resolver las atrocidades que sufre la población. Y, entre los más olvidados y desprotegidos destacan, lamentablemente, las víctimas de desapariciones forzadas.
En el país suramericano, al menos 80.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos 50 años. Esta forma de violencia es capaz de producir terror, causar sufrimiento prolongado y alterar la vida de familias por generaciones. Además, también puede paralizar a comunidades y sociedades enteras.
Las cifras sobre desapariciones forzadas en Colombia estaban dispersas en diversas instituciones y organizaciones sociales. Una de las tareas del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fue consolidarlas.
En 2016, el CNMH publicó el informe “Hasta encontrarlos: El drama de la desaparición forzada en Colombia”. Este reveló que entre 1970 y 2015 se registraron 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país.
Posteriormente, en 2018, el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH continuó con la labor de investigación y recopilación. Hasta agosto de ese año reportaron no menos de 80.000 víctimas de este flagelo.
Ahora, según el último reporte de Medicina Legal, publicado en octubre, en 2020 se contaban casi 3.000 nuevos desaparecidos. De esa cifra, 1.727 son hombres y 1.086 son mujeres.
Recientemente, la periodista Laura Alejandra Moreno publicó un reportaje que aborda la situación de los desaparecidos. Se titula «La lucha de las mujeres que buscan a sus desaparecidos en los Llanos Orientales». Allí, aborda cómo los familiares de las víctimas se unen para apoyarse mutuamente y ayudarse a sobrellevar la situación.
Dolor, lucha y conciencia social
“Les entregamos nuestro dolor, nuestra lucha y nuestra conciencia social. Las mujeres queremos ayudar a la construcción de paz”, cita el reportaje. Estas palabras pertenecen a madres, hermanas, esposas e hijas que han dedicado buena parte de sus vidas a buscar a sus familiares desaparecidos en los Llanos Orientales.
Así, estas mujeres, con el paso de los años, se convirtieron en buscadoras de verdad, justicia y reparación. Incluso, hace unos días compartieron sus experiencias con la Comisión de la Verdad.
Estas mujeres integran la Fundación Nydia Erika Bautista, dedicada a defender los derechos de familiares de víctimas de desapariciones forzadas. Durante dos años, ellas recogieron las historias de 85 desaparecidos en Guaviare, Meta y Vichada.
Los testimonios y la sistematicidad usada por los actores del conflicto (legales e ilegales) para cometer estos crímenes quedaron evidenciados. «Nunca más el olvido: desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y mujeres desaparecidas en los Llanos Orientales«, se llamó el informe entregado a la Comisión de la Verdad.
Las mujeres encontraron en su investigación que 7.308 habitantes de los tres departamentos desaparecieron forzadamente entre 1985 y 2019. De esas desapariciones, 591 ocurrieron en el Meta durante 2002, es decir, mínimo un desaparecido por día ese año. Aunque las familias han recolectado pruebas, testimonios y pistas que puedan acercarlos a la verdad, la mayoría de casos están siguen impunes.
«En el 90% de los casos, la Fiscalía concluyó que los desaparecidos están muertos. Sin embargo, sus familias no tienen certeza sobre qué pasó realmente con sus padres, madres, hermanos, esposas, hijas y tíos. Tampoco saben dónde se encuentran sus cuerpos. Al contrario, siguen esperando la verdad», explica Moreno en su reporte escrito para Pacifista!.
Desaparecidos por paramilitares
“Mi abuela se arriesgó a buscar a mi papá. Entregó pruebas y pistas a la Fiscalía, pero los investigadores no han hecho algo, lo que sea, con esa información”. Las palabras son de María José, quien junto a su hermana tenía cuatro años cuando los paramilitares desaparecieron a su padre.
Su abuela comenzó una búsqueda y desde hace seis años ellas se unieron a esa tarea por la verdad. “Queremos que el Estado nos escuche y nos dé una respuesta digna, que se una con nosotras en esta búsqueda”. Así lo pidió María José, al conversar con la Comisión.
De los 7.308 desaparecidos en Meta, Guaviare y Vichada, apenas 2% ha aparecido con vida. Mientras, 74% siguen en ese estatus, sin un rastro o pista de su paradero. La mayoría (99%) son población civil: jornaleros, estudiantes, comerciantes, ‘raspachines’ de hoja de coca y víctimas de otras agresiones, como desplazamiento masivo.
Según el informe de la fundación, muchos fueron estigmatizados por la Fuerza Pública y grupos paramilitares. Lamentablmente, se les señalan como «informantes de las guerrillas».
Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, conversó sobre este flagelo. Explicó que las desapariciones forzadas son una práctica sistemática de actores armados en los Llanos Orientales.
Durante años, han militarizado la vida de millones en esa región, con la excusa de controlar pueblos y zonas rurales. Además, los amenazan, torturan y hasta reclutan jóvenes.
En medio de su búsqueda, son revictimizadas por la Fuerza Pública, al negarles acompañamiento mientras recolectan pruebas. También violan sus derechos, como a Lucila Plata, a quien hace 21 años le desaparecieron a su esposo. Hoy, también es víctima de violencia sexual por parte del Ejército.
Su trabajo está lleno de obstáculos, principalmente estatales. Aseguran que se sienten abandonadas cuando buscan a sus familiares desaparecidos.
Una labor riesgosa
La labor que adelantan es riesgosa, porque buscar la verdad les ha significado exponer sus vidas. Durante las investigaciones les ocultan los cuerpos de sus seres queridos y han recibido amenazas. Incluso algunas debieron huir de sus tierras.
“Las buscadoras son revictimizadas mientras hacen su trabajo. Los grupos armados las agreden con amenazas, desplazamientos y violencia sexual”. Así contó Rebekka Rust, representante del programa Propaz GIZ de la cooperación alemana, organización que les ayudó a elaborar el informe.
“Al Estado no le interesa el dolor de nosotras”, reclamó Amparo Butaco después de contar la historia de su hija abusada sexualmente y desaparecida por grupos paramilitares hace 18 años en San José del Guaviare. La violencia basada en género ha sido una constante entre las desaparecidas en los Llanos Orientales, señala el informe.
Pese a las dificultades y los riesgos, estas mujeres han emprendido una lucha colectiva por la reivindicación de sus derechos. Su más grande objetivo es poder, finalmente, esclarecer la verdad de sus familiares.
El reportaje las describe así: «Hablamos de mujeres que se convirtieron en ‘raspachines’ para saber cómo desaparecieron sus hijos; investigadoras que buscan testimonios, que van a los lugares donde sus seres queridos pudieron ser enterrados; mujeres que han sido atacadas por persistir en su búsqueda.
Todas ellas persiguen el objetivo común de encontrar la verdad sobre sus desaparecidos y ayudan a otras mujeres que también son víctimas. “Tenemos la esperanza de poder cerrar un día nuestro ciclo y de tener un lugar a dónde llevar una flor”, concluyó Amparo.
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