Entre Las Condes y la franja de Gaza hay algo en común: globos de vigilancia cruzan los cielos de ambos territorios. El importador de la tecnología en Chile es Global Systems SpA, empresa formada por un ex oficial del Ejército israelí que también se adjudicó un contrato por $22 mil 500 millones de pesos para vender tobilleras electrónicas a Gendarmería.
El proceso está siendo impugnado por dos de las firmas competidoras: Track Group y Pegasus S.A.. El representante de ésta última, el abogado Luis Hermosilla, declaró a El Mercurio que los parámetros de la licitación fueron incumplidos por el ente penitenciario, el cual debía medir en promedio la propuesta económica (50%), la oferta técnica (45%) y criterios de sustentabilidad (5%).
«Si se tienen en cuenta estrictamente dichos parámetros, Pegasus obtiene el primer lugar (con nota 6,05), a mucha distancia del segundo, Track Group Chile (4,92), y de la empresa que se ganó la adjudicación, Global Systems, que obtuvo el tercer lugar (con 4,44)», señaló Hermosilla respecto al producto que supervisará el cumplimiento de penas sustitutivas.
El servicio encabezado por el geógrafo PPD Jaime Rojas Flores, al que describen como un hombre cercano al subsecretario del Interior Mahmud Aleuy en su condición de ex jefe de la División de Investigaciones para la PDI, licitó el nuevo sistema telemático poniendo a la cabeza del comité evaluador de ofertas al actual subdirector de Administración y Finanzas subrogante, Sergio Palma Sepúlveda.
El grupo contó además con la participación del subdirector operativo Maurice Grimalt Catalán; el subdirector técnico Alejandro Arévalo Sarce; la jefa subrogante del Departamento de Logística, Daniela Torres Cañete; la jefa de Reinserción Social de Sistema Abierto, Ana Rojas Guerrero, y, en representación del director Jaime Rojas, la abogada Julia Panez Pérez, quien también pasó por Interior.
Según el acta de fecha 5 de septiembre, la comisión decidió que «sin perjuicio del resultado obtenido» que dio el triunfo a Pegasus S.A., lo recomendable sería «adjudicar a la empresa Global Systems Chile S.A., por cuanto presenta la mejor solución tecnológica para dar cumplimiento a los requerimientos del sistema de monitoreo telemático de condenados».
La semana pasada, la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (ADIPTGEN) remitió a la Contraloría General de la República sus propios cuestionamientos.
La presentación apunta a errores en el acta de la Comisión Evaluadora, «pues de ser determinante el aspecto técnico por sobre el económico, la ponderación de las bases hubiera sido diversa», agregando que «si las otras ofertas de empresas concurrentes cumplieron con los requerimientos técnicos a un mucho menor costo que la adjudicada, no resulta plausible el acto adjudicatario, pues no existen antecedentes que doten de racionalidad a lo propuesto».
ADIPTGEN observó además que «el artículo 2 de las bases establece explícitamente el principio de preeminencia de las bases, el que fue alterado por la citada Comisión, vicio que fue ratificado en la Resolución de adjudicación».
GUSTO A INTELIGENCIA
El presidente de la comisión que entregó el telemático a Global Systems SpA es motivo de sospecha entre funcionarios de Gendarmería. Se conoce que abandonó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en 2015 luego que el director de ese entonces, Michel Jorrat, lo removiera como asesor del ex subdirector jurídico Cristian Vargas en atención a presuntas filtraciones del caso SQM a La Moneda.
“Él (Vargas) tenía un asesor que era, creo, un operador, y tenía ciertas vinculaciones con Interior. Un señor que se llama Sergio Palma. Entonces había filtraciones de cosas nuestras y luego nos enterábamos de que habían salido por el lado de la Subsecretaría de Interior”, dijo Jorrat a Emol.
«Son acusaciones absolutamente falsas», respondió Palma.
Todo esto apareció en el contexto de las presiones que habría efectuado el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo para contener la pesquisa contra la minera no metálica del ex yerno de Pinochet, en cuya contabilidad se incluyeron pagos al recaudador de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli, quien fue condenado por delitos tributarios vinculados a la precampaña de Bachelet y a la candidatura de Frei en 2009.
Por Ley de Transparencia, y a fin de conocer los antecedentes que se tuvieron a la vista para su contratación, El Ciudadano pidió a Gendarmería una copia del currículum de Sergio Palma, quien actualmente percibe asignación profesional en calidad de administrador público. Al pie se indica «marzo de 2016» como fecha de emisión del documento, sin embargo, el mismo incluye cargos que Palma asumió en la institución recién este año.
El informe indica que trabajó en el Ministerio Secretaría General de Gobierno como «analista del departamento de registro y análisis de prensa» entre 1990 y 1991, posterior a lo cual ejerció funciones «de análisis de riesgo estratégico, evaluación de conflictos sectoriales, investigación social y análisis situacional» para el Ministerio del Interior, lo que se extendió hasta el año 2002.
Fuentes de este medio vinculan a Palma con supuestas labores para «La Oficina», el servicio de inteligencia gubernamental de Patricio Aylwin que precedió a otro creado al amparo de la Ley 19.974 en el gobierno de Ricardo Lagos: la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), con base en Tenderini 115.
Luego de Interior, entre 2003 y 2004, Palma llegó a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), donde subrogó al secretario ejecutivo del organismo; en 2005, pasó por la Secretaría Regional de Planificación y Coordinación para «contribuir al proceso de coordinación y gestión regional del Sistema de Protección Social Chile Solidario», y de ahí, solo meses después, aterrizó como jefe de Gabinete en la Dirección Regional Metropolitana de Chiledeportes.
En Chiledeportes, según el currículum, fue responsable de «coordinar la gestión de los Departamentos de Administración y Finanzas; Estudios, Comunicaciones, y Deportes y Recreación»; en 2006, implementó una mejora en el sistema de remuneraciones del Ministerio de Obras Públicas; en 2007, contribuyó a un modelo de gestión financiera para la Subsecretaría de Transportes, y de 2008 a 2010 integró el equipo de adquisiciones del Ministerio de Educación.
Palma también se desempeñó en el mundo académico. Entre 2013 y 2015 fue docente del Programa de Estudios en Políticas Públicas de la UTEM, magíster coordinado por el profesor Alejandro Hernández Suárez, un reconocido informante de la ANI. Según El Dínamo, antes de 2007, Hernández recibió pagos de Gendarmería como trabajador social de la Cárcel de Colina.
GÉNESIS DE GLOBAL SYSTEMS
De acuerdo a una publicación de El Mercurio, el ingeniero mecánico y ex miembro de las Fuerzas Armadas israelíes Avram Fritch Vaturi, el hombre detrás del nuevo telemático de Gendarmería, «revolucionó» el mercado de la seguridad en Chile tras combatir en El Líbano y proteger un stock de piedras preciosas controlado por un consorcio sudafricano.
«En 1992 formó General Security, que rápidamente tomó el liderazgo en las comunas de la zona oriente de la capital. Tal era la fama de la firma que en 1996 ganó la licitación que hizo la Municipalidad de Las Condes para instalar polémicos ‘botones de pánico’ que se pusieron en 5.000 hogares», informó el periódico en abril de 2007.
Fritch se declaró amigo de los empresarios Carlos Alberto Cartoni y Ricardo Vilensky, quienes lo invitaron a formar parte del Grupo Rebrisa. En 2007, el acta de la junta general de accionistas de Rebrisa Petroquímica S.A. registró que la sociedad modificó su razón social a Global Systems S.A. para «proveer productos y servicios de alta tecnología e innovación en los ámbitos de seguridad integrada». Más tarde, en 2012, procedió a constituirse en sociedad por acciones (SpA).
Según la Memoria Anual 2014 del Grupo Rebrisa, el principal cliente de Global Systems era, en esa época, «la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Transportes (Subtel)», que adjudicó la «implementación de un Sistema de Alerta para situación de emergencia», cuya etapa culminó en 2011. Algo similar realizó en la ONEMI, aunque la Contraloría rechazó un trato directo con la empresa en 2014.
«A nivel municipal, con fecha 26 de mayo de 2015, se suscribió con la Municipalidad de Lo Barnechea un contrato de Provisión de Globo Aerostático para Televigilancia. Posteriormente, y con fecha 1 de junio de 2015, se suscribió con la Municipalidad de Las Condes la contratación de un Sistema de Vigilancia y Control de Tránsito a través de Globos Cautivos», agrega el documento de la compañía.
En otra de sus memorias, Rebrisa admite que «la implementación de esta nueva tecnología abre la puerta en forma potencial a una línea de negocios con un significativo volumen de ventas para un mercado comprendido por Municipalidades, Carabineros de Chile, Fuerzas Armadas y Servicios de Seguridad, dado que somos los primeros en implementar dicha tecnología en el país y contamos con la representación exclusiva en Chile».
El grupo dice tener clientes a través de la empresa Oz Net SpA, constituida en 2016, cuya identidad no puede ser divulgada «por existir Acuerdos de Confidencialidad».
Representantes de la firma, dedicada a prestar servicios de seguridad informática y proteger «sistemas y bases de datos computacionales a través de internet», ya se han reunido para ofrecer sus productos con funcionarios de la PDI, el Registro Civil, el Estado Mayor Conjunto y la Presidencia de la República, según la plataforma pública de Info Lobby.
En sus visitas a La Moneda, Oz Net trató las siguientes materias: «Servicios de Seguridad Informática tales como: 1) Auditoría de Búsqueda de Vulnerabilidades, 2) Análisis de Código de Fuente, 3) Detección y Alerta de Ataques en Tiempo Real, 4) Detección y Detención de Ataques en Tiempo Real, 5) Capacitación de Desarrollo de Software Seguro».
¿LOBBY DE LA EMBAJADA?
Quienes han promovido desde el Congreso las tecnologías de Rebrisa, y en particular los globos de vigilancia de Global Systems en Lo Barnechea, son los diputados Gabriel Silber y Daniel Farcas.
El primero aplaudió esa compra como «una importante herramienta de apoyo en materia de seguridad ciudadana», mientras que el segundo «destacó la necesidad de que en Chile se adquieran más instrumentos que ayuden a la gente a sentirse más segura», informó el portal municipal en agosto de 2015.
Gabriel Silber, parlamentario que integra la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados en conjunto con Farcas, tildó el lanzamiento de globos israelíes en la comuna como «una experiencia piloto que en otras zonas de la Región Metropolitana y del país debiesen replicar».
Ambos diputados han visitado al director de Gendarmería, Jaime Rojas, en múltiples ocasiones, siendo Farcas el que registra más ingresos al edificio de Rosas 1264: según lo informado por Transparencia, éstos ocurrieron el 24 de agosto de 2016, el 11 de octubre de 2016 y el 27 de junio de 2017. El último fue un par de días después que Rojas volviera de una comisión de servicio a España.
Fuentes de la institución afirman que la licitación del telemático adjudicada a Global Systems fue abordada en las reuniones. Sin embargo, este medio no logró obtener una versión oficial sobre el motivo de los encuentros.
«(Conocer los motivos) constituye una solicitud de pronunciamiento por parte de la autoridad reclamada, que pertenece al ámbito del derecho de petición… y no al de la Ley de Transparencia», argumentó en una carta del 2 de agosto la abogada Marcela Saavedra, encargada de la Unidad de Atención Ciudadana de Gendarmería.
Información no confirmada ni desmentida, y que fue divulgada ayer por el sitio digital de noticias ANIN.cl, refiere a una supuesta cena que habría puesto en la misma mesa al embajador de Israel en Chile y al mandamás de Gendarmería, Jaime Rojas, todo en medio del proceso de licitación. «¿El director Nacional de Gendarmería informó de esta reunión-cena al Ministro de Justicia?», preguntó ese medio.
MINISTRO NO SABE
A fin de aclarar estos puntos, El Ciudadano pidió una entrevista con Rojas y el subdirector de Administración y Finanzas (s), Sergio Palma. No obstante haber planteado inicialmente que «ni el Director Nacional, ni el subdirector de Administración y Finanzas, formaron parte del proceso» -lo que contradice el acta de evaluación presidida por éste último-, la institución terminó enviado un comunicado escrito.
«Generalmente los procesos licitatorios destinados a la adquisición de un servicio, por el cual, el Estado deberá desembolsar importantes sumas de dinero como contraprestación, tal como ocurre en el caso de la licitación para el servicio de monitoreo telemático… quedan sujetos a un escrupuloso escrutinio de los entes de fiscalización y control, ya sean, internos del Servicio, o bien, de la propia Contraloría General de la República», indicó la Unidad de Comunicaciones de Gendarmería.
En ese contexto, agregaron que el ente fiscalizador de Jorge Bermúdez «revisó en su oportunidad las bases de la licitación para la provisión del servicio de monitoreo telemático, y en ese mismo sentido, continuaremos entregándole todos los antecedentes que requiera».
«Finalmente, cabe señalar que el Director Nacional ha dispuesto que la Unidad de Auditoria de la Dirección Nacional, proceda a levantar y hacer seguimiento sobre todo el proceso asociado y vinculado a esta licitación, de modo de verificar el estricto cumplimiento de las bases y de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes», puntualizaron.
Abordado en la vía pública el jueves pasado, el ministro de Justicia Jaime Campos dijo no tener antecedentes sobre eventuales anomalías en la adjudicación de las tobilleras a Global Systems. «Eso tiene que conversarlo con el director de Gendarmería, eso no pasa por mis manos… Si yo tengo información de que hay una irregularidad, tenga la seguridad de que lo denunciaré», expresó a El Ciudadano.