Si se tratara de represión Venezuela, Nicaragua, Cuba o la Bolivia presidida por Evo Morales justo antes del golpe de Estado en su contra, las informaciones no pararan de inundar las redes sociales, mientras los titulares en las páginas web y las declaraciones de voceros políticos colmarían el centimetraje de la prensa impresa y los noticieros de radio y televisión.
Pero esta vez no es así, se trata de crímenes de Estado ejecutados por gobiernos liberales aliados y serviles a Estados Unidos, que han generado un brutal desbordamiento de represión militar y policial que hacen recordar a las extintas dictaduras latinoamericanos que llenaron de sangre, desapariciones forzosas, muerte y torturas a la región durante décadas, con el único propósito de aniquilar cualquier resquicio de «comunismo» o que oliera a «izquierda».
En este momento, Haití, Ecuador, Chile, Colombia y Bolivia -con su gobierno de facto- representan el peor ejemplo de gobiernos neoliberales, ultraderechistas y autoritarios que han traído desigualdad y pobreza a sus pueblos, y un autoritarismo medieval que hace recordar tiempos del macartismo y de la inquisición ejecutada por la Iglesia Católica en tiempo de la «cacería de brujas».
Bolivia es actualmente el peor ejemplo de este tipo de represión ejecutado por regímenes de Estado que utilizan cualquier tipo de triquiñuela para usurpar el Poder Político y de esa manera perseguir a sus detractores e imponerse mediante la fuerza sobre su contrario.
Mientras Bolivia estuvo gobernada por Evo Morales, los grandes medios de comunicación con gran influencia en las matrices de opinión internacional se dedicaron a desprestigiar su gestión, que llevó a los bolivianos a tener cifras de crecimiento social inusitados y a ser el país más pujante del continente y a estar entre los mejores del planeta.
La violencia callejera generada por factores de extrema derecha en Bolivia, y financiada por la embajada de Estados Unidos, fue ampliamente cubierta por la mediática hasta que consagraron el golpe de Estado y de esa forma se impuso un régimen de facto de corte dictatorial, que encabeza un sector de la Fuerza Armada, la Policía y la extrema derecha separatista que gira en torno a la figura de la autoproclamada «presidenta interina» Jeanine Áñez.
Desde el jueves pasado -14 de noviembre- la dictadura de Áñez emitió un decreto en el que permite a la Fuerza Armada de Bolivia y la Policía a ejercer cualquier tipo de acciones contra las masivas manifestaciones que exigen el retorno del orden constitucional, su salida del régimen golpista y el retorno de Evo Morales a la Presidencia del Estado Plurinacional.
Pero no fue hasta el sábado pasado cuando se dio a conocer que la dictadura boliviana había emitido el «decreto supremo número 4.078» donde se da permiso a los militares de reprimir las manifestaciones a toda costa pues «estarán exentos de responsabilidad penal» y podrán usar «todos sus medios disponibles» para controlar las protestas contra el régimen de facto.
«El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal», dice el artículo tres del mencionado decreto.
Además, el cuarto artículo cita que los militares «deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante decreto supremo 27.977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos«.
Reaccionaron hasta los callados
Después de registrarse múltiples asesinatos por parte de la dictadura de Áñez contra los bolivianos fue que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, rompió el silencio sobre esa grave situación de persecución, masacres y asesinatos que sufren los bolivianos luego de la autoproclamación de la ultracatólica.
Bachelet, quien no ha deplorado el golpe de Estado contra Evo Morales, dijo sentirse «preocupada» por los acontecimientos en el país andino, donde se instaló un régimen de facto de corte militar y ultrareligioso que tiene como principal responsable el empresario involucrado en el escándalo de los Panamá Papers, Luis Fernando Camacho.
Según Bachelet, quien ha tenido una posición sumamente parca con relación a la brutal represión originada en Chile, Ecuador, Haití, Colombia (más de 600 líderes sociales e indígenas ajusticiados) y Bolivia, aseguró que las recientes muertes en el Estado Plurinacional «parecen derivar del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar».
Los bolivianos han denunciado que Áñez ha desatado una persecución política contra líderes sociales e indígenas con base en un discurso lleno de odio, racismo y fundamentalismo religioso en el que intentan justificar los asesinatos por el «orden de Dios».
Según Bachelet, actualmente Bolivia “está dividida” y le «preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente».
La Alta Comisionada, quien reconoce como «autoridades» a la dictadura que usurpa el poder en Bolivia, pide a las fuerzas de seguridad que cumplan las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, además de asegurar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas involucradas en las protestas.
“En una situación como esta las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible”, dijo Bachelet.
Según lo expresado en el comunicado, más de 600 personas han sido detenidas en Bolivia desde el 21 de octubre. Solo en Cochabamba, tras los enfrentamientos del 15 de noviembre, más de 120 personas fueron detenidas. Áñez y la cúpula militar no han reaccionado oficialmente al comunicado de Bachelet.
Por su parte, otra institución que siempre avala ataques contra los gobiernos progresistas y se suma a las campañas de desprestigio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció como «grave» el decreto de Áñez que autoriza a los militares a controlar el orden público a la vez que les exime de responsabilidades penales.
«El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta», señaló el organismo sobre el mencionado decreto que fue aprobado el jueves pasado y divulgado extraoficialmente el sábado.
Más de 150 personas asesinadas ¿Quién cuenta la represión?
Por ahora, las muertes en Bolivia siguen siendo silenciadas por los grandes medios que, al mismo tiempo, incentivan una campaña de desprestigio contra Evo Morales, e intentan dar piso a Áñez al darle un tratamiento editorial de «Presidenta interina» o «Gobierno de transición».
Las denuncias indican que, al menos, en Bolivia han resultado asesinadas 23 personas en las manifestaciones contra el golpe de Estado, además de otros 715 heridos y 503 detenidos, sin contar a los desaparecidos y torturados que hasta el momento no se tiene conocimiento.
El silencio mediático en Bolivia no cuenta tampoco las violaciones y vejaciones de las fuerzas represoras y miembros de la extrema derecha que ejecutan contra las mujeres y las comunidades indígenas, en medio de las acciones militares apoyadas por mercenarios de la CIA y la DEA para intentar e imponer lo que ellos han llamado «la paz» y «la democracia» en el país, «con el favor de Dios».
Situación similar se vive actualmente en Haití, que contabiliza centenares de personas asesinadas en casi un año de protestas masivas que exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse por estar involucrado en delitos de corrupción, pero es protegido por el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Donald Trump.
Las protestas en Haití, según datos bastante prudentes certifican el asesinato -durante los últimos dos meses- de al menos 77 personas, con 219 heridos y 315 detenidos; sin contar las violaciones a mujeres y niños por parte de tropas estadounidenses y de cascos azules de la ONU.
En Ecuador también se vivió un proceso similar, que actualmente se focaliza en la dirigencia que lideró la Revolución Ciudadana y que es el principal movimiento político que denuncia las atrocidades del régimen autoritario de Lenín Moreno, quien mientras reprimió las masivas protestas en la calle dejó ocho personas asesinadas, 1.340 heridos y 1.152 detenidos, con una acción policial y militar que cuenta con total impunidad y protección de su gobierno.
Otro caso de igual similitud es Chile y la represión brutal calificada como «guerra» que desató y ordenó ejecutar Sebastián Piñera contra la población. En su accionar, las fuerzas militares han dejado al menos 22 asesinados, 2.200 heridos, centenares de torturados, mutilados, decenas de personas con pérdida de visión y más de 6.300 detenidos injustamente.
Por ahora, el accionar de los medios hegemónicos sigue la línea editorial de publicar información relacionada con las demandas de estos pueblos, mientras protegen y tratan de reivindicar las acciones de gobiernos serviles y cómplices de Washington, en -por ejemplo- los cruentos bloqueos económicos, comerciales, financieros y diplomáticos impuestos contra Cuba y Venezuela, y las campañas de desprestigio contra naciones progresistas que se asumen soberanas y en contra la hegemonía estadounidense.
Por ahora, el nuevo modelo de ataque multifactorial en Latinoamérica, promovido por Estados Unidos, no sólo incluye golpes de Estado, autoritarismo de derecha, negocios con el Fondo Monetario Internacional y gobiernos paralelos autoproclamados, sino también dictaduras represoras y ultrareligiosas.
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