Nuevas denuncias por acoso laboral golpean a Comandante en Jefe del Ejército

Injustificados traslados y múltiples sanciones arbitrarias tendrían a punto de perder su fuente laboral a un suboficial del Ejército de Chile con más de 19 años de servicio, que en 2012 denunció a un mayor del Regimiento Logístico Nº 3 “Limache”, con base en Renca, por supuestas faltas a la probidad.

El afectado es el sargento segundo Juan Pablo Díaz Pino, auxiliar de inteligencia activo que desde el año pasado ha enviado cartas a la Presidencia y al Ministerio de Defensa para reclamar por las decisiones que lo han perjudicado y que involucran directamente al Comandante en Jefe de la institución, general Humberto Oviedo Arriagada.

Así se concluye a partir de numerosos documentos a los que accedió a El Ciudadano, como un escrito enviado al entonces coronel Gustavo Núñez Kocher, actual general de la Brigada de Aviación con asiento en Rancagua, donde se acusaba al mayor Eduardo Rodríguez de ocupar bienes fiscales como computadoras, hojas y cartuchos de tinta, para hacer trabajos universitarios en horario laboral.

El entonces coronel Núñez Kocher habría prometido tomar cartas en el asunto, pero sólo estampó una anotación en la Hoja de Vida del oficial denunciado, sin disponer investigación administrativa alguna.

En paralelo, Díaz Pino, quien acusó al mayor, empezó a ser objeto de imprevistas recargas horarias, lo que culminó en un repentino traslado a La Reina que dificultó enormemente su traslado desde la comuna en que vivía, en Quilicura. Así lo informó al comandante del Regimiento “Limache” una asistente social que analizó el caso y recomendó revertir la decisión, la cual derivó en una escalada de licencias médicas por estrés.

DISCRIMINACIÓN

Cuando había transcurrido más de un año desde su problema en Renca, el sargento Juan Pablo Díaz, a través de la Ley de Transparencia, solicitó acceso a un documento que presuntamente daba fe de la intervención personal que había tenido el coronel Gustavo Núñez en su traslado al Campo Militar La Reina (CMLR).

La respuesta fue sorpresiva. El Estado Mayor de Ejército declaró inadmisible su solicitud ya que él, como funcionario activo de la institución, no estaba facultado para usar la Ley de Transparencia y toda petición debía canalizarla por el “conducto regular”.

De acuerdo a lo observado por El Ciudadano, la determinación contradice lo dictaminado por la Corte de Apelaciones de Santiago en un caso de similares características que protegió los derechos de un carabinero en servicio activo cuando requirió antecedentes a la policía uniformada usando el mismo mecanismo que Díaz Pino.

En esa ocasión, la justicia dictaminó que los órganos del Estado están obligados a entregar información a “todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias” (sentencia recaída en Reclamo de Ilegalidad Rol Nº 3223-2013).

La negativa a proporcionar el documento no fue lo único que el sargento de Ejército, en ese momento con grado de cabo primero, debió afrontar.

Días más tarde, el teniente coronel Daniel Beltrán Carvajal, comandante del CMLR, lo sancionó con tres días de arresto por infringir “las máximas de respeto y obediencia” al pretender usar la Ley de Transparencia de la forma en que lo hizo.

EL CARTERO

Previo a la solicitud por Ley de Transparencia que el Ejército objetó, el suboficial Díaz Pino se había visto envuelto en un altercado con un capitán del CMLR: el oficial Esteban Henríquez Albarracín, ayudante del hoy comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, que en ese entonces dirigía el Comando de Educación y Doctrina.

Todo empezó cuando el sargento Díaz permitió el ingreso de un funcionario de Correos de Chile que portaba una misiva para el general Oviedo. Al notar, supuestamente, que el cartero deambulaba por el recinto militar “sin un rumbo claro”, el capitán Henríquez mandó a llamar a Díaz para llamarle la atención.

El intercambio quedó registrado en un audio.

CAP. HENRÍQUEZ: ¿Y si él dice que viene a un lado y después pasa a otro?
CB1. DÍAZ: Mi capitán, la persona de Correos entregó el correo a quien correspondía.
CAP. HENRÍQUEZ: ¿Usted sabe dónde está parado?
CB1. DÍAZ: ¿Cómo?
CAP. HENRÍQUEZ: ¿Usted sabe dónde está parao? ¿Qué es esto?
CB1. DÍAZ: ¿Pero por qué me habla así?
CAP. HENRÍQUEZ: ¿Pero sabe usted qué es esto o no?
CB1. DÍAZ: ¿Cuántos años de servicio cree que tengo? ¿Por qué me pregunta eso, mi capitán?
CAP. HENRÍQUEZ: ¿Usted sabe dónde está parado? ¡Responda!
CB1. DÍAZ: Es que yo no le voy a contestar esa cosa.

A raíz del conato verbal que se produjo, el capitán Henríquez optó por derivar los antecedentes al general Oviedo, acusando al suboficial por “faltarle el respeto”. Oviedo, con fecha 3 de noviembre de 2013, ordenó tomar las “medidas disciplinarias” que “el grave hecho” ameritaba, sin dejar espacio para escuchar a la contraparte.

El escueto documento de Oviedo al que accedió El Ciudadano, derivó en una sanción de trece días de arresto contra Díaz. Luego de que éste apelara, la medida fue rebajada a tres días, en virtud de que el primer castigo se estimó excesivo por el superior que lo revisó.

IMPROCEDENTE

El suboficial Díaz Pino insistió en afirmar que la persona que realmente había cometido la falta de respeto era el asistente del general Humberto Oviedo. A fines de junio de 2015 elevó una carta al Ministerio de Defensa, pero Oviedo, ya instalado en la Comandancia en Jefe del Ejército, devolvió el documento, por estimarlo “improcedente”.

La cabeza de la institución castrense citó un dictamen de la Contraloría que sostiene: “…el mando superior de cada una de las instituciones es ejercido por el Comandante en Jefe, de tal manera que la interposición de los recursos de reclamación en contra de medidas dispuestas por autoridades inferiores a dicho jefe superior, deberían alcanzar, como máximo, hasta éste último”.

Lo curioso es que en el caso de Díaz Pino, la última instancia de apelación recaía en manos de la misma persona que había exigido sancionarlo cuando se desempeñaba como jefe del Comando de Educación y Doctrina: el propio general Oviedo.

En febrero de 2016, meses después de que el sargento explicara detalladamente su caso en una carta dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, el comandante del CMLR resolvió castigar nuevamente a Díaz Pino, esta vez con seis días de arresto, por “infringir nuevamente el conducto regular” y las “máximas de respeto y obediencia”, al osar poner su situación en conocimiento del Ministerio de Defensa.

TUTELA

El Ciudadano se contactó con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a fin de conocer pormenores de las gestiones que se han hecho a nivel interno sobre la materia, pero no obtuvimos respuesta.

Una fuente cercana al caso explicó que, de complicarse más el asunto, el uniformado podría recurrir próximamente a los Juzgados de Letras del Trabajo, los cuales ya han acogido tutelas por vulneración de derechos fundamentales presentadas por funcionarios del Ejército de Chile.

A principios de abril, por mencionar un ejemplo, se conoció una sentencia favorable a la demanda presentada en Rancagua por el ex cabo César Iluffi, quien se desempeñaba en la Brigada de Aviación. En el proceso, la jueza María Loreto Reyes Gamboa logró determinar que Iluffi fue víctima de castigos y humillaciones en la institución, ordenando que el Fisco lo indemnizara.