La jueza penal de Pichincha Yadira Proaño llamó la semana pasada a juicio al informático sueco Ola Bini, procesado por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. La defensa del sueco presentó una denuncia por «fraude procesal», al encontrar evidencia de que las pruebas con las que se inició el proceso «fueron forjadas» por «estamentos públicos».
En un reportaje de Edgar Romero publicado por RT, se explica que el caso de Ola Bini ha sido un largo proceso en su contra, pues el llamado se produce a más de dos años de su detención, que ocurrió el 11 de abril de 2019, el mismo día en que Julian Assange, de quien es amigo, fue despojado de su asilo diplomático en la Embajada de Ecuador en Londres y arrestado por la Policía británica.
Han pasado más de 800 días desde el inicio del proceso contra Bini. El joven sueco fue detenido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, cuando se disponía a abordar un avión con destino a Japón.
El abogado de Bini, Carlos Soria, ha señalado en varias oportunidades las irregularidades que hubo desde el inicio del caso, como por ejemplo, que «en la misma orden de retención del fiscal se establecía, en el primer párrafo, que era ruso; y en el segundo párrafo, de nacionalidad suiza; y terminaron arrestando a un sueco».
Además, según su abogado, «no se le leyeron sus derechos en su idioma materno», como lo establece la Constitución, y tampoco se le informó el motivo de la captura.
Durante 71 días estuvo detenido en la cárcel de El Inca, en Quito, hasta que el 20 de junio del 2019 los jueces provinciales aceptaron un pedido de hábeas corpus, que le permitió defenderse en libertad.
Las acusaciones contra Bini
Soria, en entrevista con GK este miércoles, recordó que Bini fue acusado al principio de «intromisión en sistemas informáticos del Gobierno» ecuatoriano o supuesto ataque a la integridad de sistemas.
El mismo mes de la detención de Bini, el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en un debate en el Diálogo Interamericano –un laboratorio de ideas especializado en Latinoamérica con sede en Washington (EE.UU.)–, dijo que el sueco fue sorprendido ‘hackeando’ cuentas del Gobierno y personales.
Asimismo, en una entrevista con la periodista Patricia Janiot, el ahora exmandatario indicó que Bini «fue encontrado con evidencias» que sería analizadas, y agregó que el joven «visitaba frecuentemente a Assange en la Embajada» y que «seguramente recibía instrucciones de lo que tenía que hacer».
Sin embargo, más adelante, mencionó Soria en su reciente entrevista, «cambiaron el tipo penal» y lo empezaron a procesar por «acceso no consentido a un sistema informático», delito tipificado en el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó más de 70 elementos de convicción en diciembre pasado contra Bini, que incluyen, según dice la institución en una nota de prensa, «informes periciales de informática forense y de audio y video, la asistencia penal internacional requerida a los EE.UU., mediante la cual se extrajo información de uno de los dispositivos del procesado; además de versiones, oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de otras entidades públicas y privadas».
La Fiscalía añade que, según su investigación, Bini habría accedido sin autorización ni consentimiento al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con el objetivo de «intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la Empresa Pública Petroecuador y de la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain)».
«Persecución política» y «fraude procesal» contra Ola Bini
Soria ha insistido en que hay una persecución política contra Bini, relacionada al caso Assange. «Fue un instrumento del poder político del momento para justificar acciones que se llevaron a cabo ese mismo día (el 11 de abril de 2019)», al hacer referencia a la detención de Assange, sobre quien dice «fue sacado a patadas de la Embajada del Ecuador».
Además, Soria considera que se han cometido graves violaciones al debido proceso en este caso contra el ciudadano sueco. La semana pasada la defensa presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por «fraude procesal», al encontrar «evidencia documental» que sustenta que las pruebas con las que se inició el proceso en contra de Bini «fueron forjadas» o «elaboradas» por «estamentos públicos», que incluirían a la Policía Nacional del Ecuador.
En concreto, Soria señala que «la supuesta llamada con la que empieza todo este proceso no existió». Se refiere a un presunta conversación telefónica, que consta en el expediente del caso, que hizo una persona identificada con el alias Marco al 1-800-DELITO, quien informa a las autoridades que conoce a Bini, que este trabajaba con WikiLeaks, era amigo de Assange y estaba por salir del país; información en la que, dice el abogado, «no hay ningún tipo de delito».
«Esa supuesta llamada es la que activa, en un acto urgente, a toda la Fiscalía y hacen el operativo para la detención de Ola Bini», afirma Soria.
Menciona que la defensa se dio cuenta de que «elaboraron» esa evidencia para apresar a Bini cuando solicitaron la grabación de la llamada –que es obligatoria– y la Policía les respondió que era imposible tener acceso a la conversación porque «justo ese día no estaba funcionando el aparato tecnológico» que grababa. No obstante, luego los abogados piden una certificación y la misma institución dice que «sí estaba funcionando el equipo ese día».
Soria enfatiza de que «es hora de que paguen» todas las personas «que tuvieron esta vinculación en el caso de Ola para crear este tipo de evidencias falsas para poderlo apresar». Según su criterio, deben caer responsabilidades «desde la más alta figura política hasta la más baja figura administrativa que se prestó para este fraude».
Según el artículo 272 del COIP, el delito de «fraude procesal» se comete cuando una persona «oculta los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas» a fin de «inducir a engaño» en un proceso judicial, y es sancionado con uno a tres años de prisión.
Dilación del proceso
En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe Anual 2020, manifestó su preocupación por la dilación del proceso contra el sueco.
En concreto, el pronunciamiento vino de parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que dijo que consideraba «preocupante que durante 2020 haya continuado en suspenso el proceso contra el activista informático Ola Bini, cuyas audiencias preparatorias de juicio fueron suspendidas y reprogramadas por lo menos cinco veces».
Incluso para que se diera finalmente este llamado a juicio pasaron más de seis meses, puesto que la audiencia preparatoria fue suspendida en diciembre de 2020.
El pasado 22 de junio, Soria interpuso una demanda de recusación en contra de la jueza Proaño y una hora después de presentada, según dijo el abogado, la letrada convocó a la reinstalación de la audiencia que se dio este martes 29 de junio.
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