El Tribunal Supremo de Reino Unido comenzó este lunes a deliberar sobre el escandaloso caso de las reservas de 31 toneladas de oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra, y que llevan varios años en pugna.
Desde 2018, Caracas ha tratado sin éxito de recuperar el control de las reservas que estaban «resguardadas» en el Banco de Inglaterra, y que ahora equivalen a unos 1.600 millones de euros. Sin embargo, la pelea por esos fondos arreció el año pasado tras una demanda interpuesta por el Banco Central de Venezuela (BCV), explica un reportaje de Nazareth Balbás para RT.
A pesar de que se trata de recursos soberanos, las razones esgrimidas por el Banco de Inglaterra para negarle al BCV el acceso a sus fondos en oro están envueltas en una maraña de contradicciones, jugadas políticas y presiones de la oposición venezolana, liderada actualmente por el exdiputado Juan Guaidó.
La audiencia sobre el caso tiene previsto confrontar a los abogados del BCV, que exigen control de los recursos para atender a los venezolanos en el contexto de la pandemia, con el equipo jurídico de Guaidó, que ha alegado que la repatriación de los fondos al país suramericano sería una «transacción ilegítima». ¿Qué puede pasar?
¿Oro para quién? Los puntos de conflicto
A mediados del año pasado, el Tribunal Superior británico denegó al Estado venezolano el acceso a los fondos del Banco de Inglaterra, alegando que el Gobierno de Reino Unido había reconocido «inequívocamente» a Guaidó como «presidente interino constitucional», tras la autoproclamación del parlamentario en enero de 2019.
En ese primer fallo, el juez Nigel Teare determinó que debía ser la junta «ad hoc» nombrada por el exdiputado opositor la que debía ejercer control de las 31 millones de toneladas de oro. La decisión fue rechazada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, por lo que el BCV apeló el dictamen.
El objetivo de Caracas era que esos los recursos bloqueados por el Banco de Inglaterra fuesen transferidos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la adquisición de alimentos y medicinas, una acción que el equipo de Guaidó consideraba «ilegítima».
A finales de septiembre de ese mismo año, un tribunal de apelaciones anunció que examinaría el reclamo del Estado venezolano sobre el oro y determinaría si el fallo de Teare, que favoreció a Guaidó, había sido el adecuado. Uno de los puntos claves que argumentó el BCV era que Reino Unido no había roto relaciones con la administración de Maduro –quien incluso recibió las cartas credenciales de la delegación diplomática en Caracas– por lo que ese reconocimiento «inequívoco» hacia el exdiputado opositor resultaba, cuando menos, cuestionable.
En octubre, el tribunal de apelaciones anuló el fallo que beneficiaba a Guaidó y devolvió el caso a la corte comercial para más investigación. En el dictamen emitido en octubre, el juez británico Stephen Males dejó asentado su parecer sobre el reconocimiento de Reino Unido al opositor venezolano: «Es en mi opinión ambiguo o, de cualquier forma, menos que inequívoco».
Nuevo panorama
La audiencia convocada para este lunes contará con la asistencia del ministro de Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, en una jornada que inició con un comunicado de la cancillería británica en el que se ratifica el reconocimiento de Guaidó como «presidente interino» de Venezuela.
«El Reino Unido ahora reconoce a Juan Guaidó como presidente constitucional interino de Venezuela, hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles», declaró hoy el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, quien tildó al Gobierno del presidente Maduro de «ilegítimo y cleptocrático».
La postura de Londres difiere de la asumida por la Unión Europea, que a principios de este año retiró el reconocimiento a Guaidó como «presidente interino» y lo degradó a simple «actor político», ya que el opositor perdió la presidencia del Parlamento y no se presentó a las pasadas elecciones que renovarían el Legislativo.
El declive de los apoyo al exdiputado ha llegado incluso desde sus propias filas. Vanessa Neuman, la ‘representante’ que Guaidó había designado ante Reino Unido, «renunció» a su cargo el año pasado y calificó de «trágico» el desempeño del opositor, por no haber podido derrocar a Maduro y asumir el mando del país.
Neuman, además, se vio involucrada en un escándalo tras la revelación de un audio en el que sugiere a la oposición renunciar al reclamo territorial sobre el Esequibo contra Reino Unido, para garantizar que Londres no retirara su apoyo a Guaidó.
Asimismo, el exdiputado opositor y su entorno han estado en tela de juicio por actuaciones irregulares y la ausencia de rendición de cuentas sobre el dinero que han manejado. El más reciente escándalo involucró a la la USAID, ya que un informe reveló que el 98 % de los recursos enviados a Venezuela habían sido desviados para otros fines por parte de la dirigencia antichavista.
En ese contexto, el Gobierno venezolano ha acusado al Banco de Inglaterra de intentar «robar» los recursos de un país, lo que a juicio de Caracas sienta un peligroso precedente para las naciones que tengan sus reservas en los bancos británicos.
«No es la primera vez que el Banco de Inglaterra actúa como agente de pillaje contra los pueblos. Ahora viola contratos y estafa naciones aprovechando la pandemia. Un crimen de lesa humanidad. ¡Una alerta al mundo para nunca más confiar en estos piratas del siglo XXI!», dijo en mayo del año pasado el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.
El asunto de fondo es que, en caso de que la Justicia británica falle a favor del opositor, se abrirá la puerta a la posibilidad de que Londres pueda bloquear los fondos soberanos de cualquier país si avala malabarismos políticos como el reconocimiento de un gobierno paralelo, como el de Guaidó, quien se autoproclamó en Venezuela sin ir a elecciones y sin ningún basamento constitucional.
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