Oscura muerte y montaje en ex comisaría del general Gonzalo Blu

A fines de 2016, pretendiendo bloquear una solicitud de información realizada por El Ciudadano a través de la Ley de Transparencia, el director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, pidió a la justicia ocultar la identidad de los funcionarios que integraron la 43º Comisaría de Peñalolén hace más de 10 años.

Esto durante el período 2000-2003, cuando el general Gonzalo Blu Rodríguez, conocido por defender los cuestionados peritajes de la «Operación Huracán» y desafiar a través de la prensa al Ministerio Público, se encontraba a cargo de la unidad.

El dato sería irrelevante si no fuera porque en ese tiempo los subalternos del entonces mayor Blu fueron procesados por el delito de falsificación de instrumento público, haciendo casi un deja vú la imputación que hoy enfrentan cuatro agentes de su dependencia en la Región de La Araucanía, todos los cuales fueron desvinculados.

El Ciudadano logró dar con el expediente de la Sexta Fiscalía Militar de Santiago que indagó los hechos ocurridos en Peñalolén. Contradicciones en los testimonios y la dudosa intervención de un médico llevan a concluir que el episodio podría no estar cerrado por completo. Más aun tomando en cuenta que al interior del cuartel policial se extinguió una vida.

PUESTA EN ESCENA

La noche del 2 de junio de 2002, el teniente Cristian Barriga Vidal, junto a los carabineros Javier Ríos Vangle y Marco Hermosilla Herrera, detuvieron al poblador Fernando Soto Mckay a pocas cuadras del lugar donde había residido la mayor parte de su vida. El procedimiento correspondió a una «medida de protección» para evitar que el hombre transitara por la vía pública bajo los efectos del alcohol, según lo informado en la causa por el hoy general Gonzalo Blu.

Soto fue ingresado a la 43º Comisaría de Peñalolén cerca las 23:00 horas. No hay certeza de lo que pasó después. Dando a entender que no había estado presente la noche del suceso, Blu explicó que a eso de las 03:15 de la madrugada del día siguiente, los uniformados del recinto «se percataron» de que el sujeto había fallecido, procediendo a realizar distintas maniobras para ocultar el hecho.

El oficial relató que los involucrados habían dejado «constancia de haberle otorgado libertad (a Soto Mckay), fingiendo su firma y subiendo el cadáver al automóvil particular del cabo 2do. Víctor Marcelo Neira Villagrán, quien junto al carabinero Héctor Garcés Garcés se traslada hasta la medialuna de Peñalolén, dejando al occiso en el costado noroeste de ella con una botella cerca del cuerpo».

Siempre de acuerdo a esta versión, Blu se enteró de lo sucedido cuando, a la mañana siguiente, una funcionaria le contó los pormenores.

En una cronología, el comisario ubicó su conversación con la carabinera Sandra Paredes Ruiz a las 11:00 horas, solo 15 minutos antes de que un tesorero del Club de Huasos advirtiera el hallazgo fortuito del cadáver de Soto a Carabineros. Pese a esto, el primer contacto de Blu con el fiscal militar se produjo a las 15:00.

Constituida en el rodeo, la PDI consignó a través de su médico Patricio Díaz Ortiz que el cuerpo del detenido presentaba una «escoriación lineal de 12 centímetros a nivel del tórax, abajo de la axila izquierda». No obstante, el profesional descartó la capacidad de producir la muerte en dicha lesión.

«NADIE ENTRÓ»

La primera en declarar en el proceso fue la carabinera Alicia Osorio Muñoz. Ésta explicó al fiscal Cristian Galdames que Soto había sido puesto al interior de un módulo detrás de la guardia, que la persona encargada de constatar su muerte había sido el funcionario Héctor Garcés y que ella tuvo intenciones de llamar a una ambulancia pero el cabo primero Luis Inostroza Ormeño le ordenó abstenerse.

«Ya murió, no hay vuelta que darle, lo arreglaremos de otra forma, ya que si alguno da cuenta saldremos perjudicados», habría dicho Inostroza, indicándole a Osorio que «en otra ocasión anterior había pasado por una situación similar en la cual había tenido éxito, así que no debíamos preocuparnos».

Aunque la funcionaria atestiguó que «nadie entró» a la sala del detenido, el carabinero Víctor González Risco matizó sus palabras: la víctima no había estado sola en ningún momento, ya que en la guardia siempre había personal de Carabineros y él mismo había observado a Soto sentado y «durmiendo».

González reaccionó con sorpresa cuando se enteró por voz del telefonista que el hombre había muerto. «No le creí y me fui a la guardia… y vi que (el fallecido) estaba sentado con la cabeza caída y pegada al muro… pude ver que mi cabo Neira e Inostroza discutían, les manifesté que llamáramos a una ambulancia en dos ocasiones y que había que dar cuenta, ya que el carabinero Garcés, que le había hecho reanimación, me había señalado que el cuerpo estaba tibio», declaró.

Neira le habría señalado que no pidiera auxilio, «porque ya estaba listo lo que iba a pasar con esta persona». Posteriormente, luego de participar en el traslado del cadáver de Soto y emplear al carabinero José Oyarzo Almonacid para falsear su salida con vida del cuartel, Neira habría indicado que estuvo «a punto de poner orina» al interior de la botella que abandonó junto al cuerpo.

De ello, según el carabinero González, Neira «se desistió, pensando en que si era descubierto y se hacían los peritajes… podrían determinar otra causa de muerte o el lugar de ocurrencia».

El fiscal entrevistó más tarde al carabinero Héctor Garcés. El testigo dijo haber visitado en al menos cuatro ocasiones a Soto, y que en la última se encontró con el cuerpo obstruyendo el acceso al cuarto. «Vi que tenía sus piernas trancando la puerta, así que empujé un poco y me percaté que estaba en el suelo y no sentado en una silla donde lo había visto como 20 minutos antes», indicó.

«Lo moví, no reaccionó, le tomé el pulso y no tenía, le comencé a hacer masajes cardíacos, pero tampoco reaccionó», subrayó.

DE SORIA A ANFRUNS

La ronda de testimonios dejó en evidencia una serie de discrepancias sobre la posición del cadáver de Fernando Soto al momento de su «hallazgo». Garcés declaró que estaba inconsciente en el suelo, pero Neira, González y Villagrán dijeron que estaba sentado. Inostroza detalló que fue acostado en el suelo para facilitar su reanimación, pero Neira indicó que el uniformado lo había dejado inerte en la silla.

Aunque las incongruencias saltan a la vista, la Justicia Militar solo enfocó su investigación a determinar los responsables por la falsedad del libro de guardia. La principal causa de ello radica en el informe de autopsia encargado al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago. Éste determinó que la causa del deceso era una «bronconeumonía», dado lo cual se descartó -en línea con la postura adoptada en su relato inicial por el hoy general Blu- la participación de terceras personas.

El documento del SML viene firmado por el médico legista José Vásquez Fernández, ex funcionario del Hospital Militar conocido por emitir pericias con «errores y falsificaciones», indica el periodista Francisco Marín, autor del libro «Allende: Yo no me rendiré» (Ediciones Ceibo, 2015).

Marín recuerda el caso del diplomático español Carmelo Soria, «quien murió el 14 de julio de 1976, víctima de las torturas aplicadas por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). Sin embargo, Vásquez reportó que murió tras ser atropellado por un auto, lo que más tarde se demostró judicialmente como completamente falso».

«Otro caso que lo involucra de mala forma es el relativo al secuestro y homicidio del niño Rodrigo Anfruns, ocurrido en junio de 1979. Entonces, Vásquez aseguró -en su informe de autopsia- que el menor murió el mismo día de su desaparición (3 de junio), 11 días antes que se descubriera su cuerpo, al lado de la casa familiar del menor plagiado. Esto, a pesar que el cadáver de Anfruns evidenciaba livideces cadavéricas fácilmente atribuibles a las de una muerte ocurrida como máximo en los 48 horas previas, tal como lo demostraron informes forenses posteriores», escribió Marín.

El facultativo, cuyo nombre también sonó en la pesquisa por la eventual falsificación de la autopsia del presidente Salvador Allende, vuelve a ser mencionado en otro caso: el de María Canales Gallardo, fallecida por negligencia médica en el Hospital San José en agosto de 2001. Según El Mostrador, José Luis Vásquez llegó a la refutada conclusión de que su muerte había sido por «bronconeumonía», misma enfermedad que atribuyó al detenido de Peñalolén.

A las dudas sobre lo ocurrido en la comisaría de Carabineros se suma el hecho de que el cabo Víctor Neira Villagrán, quien participó en el ocultamiento del cadáver de Soto Mckay, arrastraba problemas anteriores: en el año 2000 fue acusado de agredir a un poblador de Cerro Navia en el marco de un operativo.

«SEGURIDAD NACIONAL»

El nombre del cabo Neira debe aparecer en la lista que el general Bruno Villalobos persiste en reservar.

En su reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 13340-2016), el jefe máximo de la policía uniformada explicó que la dotación de la comisaría de Peñalolén -a la fecha en que ocurrió el fallecimiento de Fernando Soto Mckay- es secreta «en conformidad a lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar».

Villalobos acusó así al Consejo para la Transparencia (CPLT) de crear una «vía interpretativa» que no estaría contemplada en la ley, bajo la cual dicha corporación determinó que la publicidad de los antecedentes requeridos por El Ciudadano no afectan las funciones desempeñadas por Carabineros o la seguridad nacional.

Según el CPLT, corresponde rechazar los argumentos de Carabineros, ya que en el curso del proceso «no acompañó medio alguno que acreditara que la 43º Comisaría de Peñalolén desarrollara, de manera alguna, labores de inteligencia durante el período consultado».

La causa del tribunal de alzada está «en acuerdo» desde junio de 2017. El Ciudadano pidió una entrevista con el general Gonzalo Blu, pero no fue concedida.

Matías Rojas – [email protected]