Un grupo de relatores y expertos de derechos humanos independientes de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) advirtió este miércoles que «la aplicación excesivamente estricta» de las sanciones de EEUU contra Venezuela y su empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), pudiera ocasionar la muerte de «cientos de pacientes venezolanos con cáncer».
«La vida de los pacientes venezolanos que han tenido trasplantes y se encuentran varados en países extranjeros está amenazada», expresaron los expertos en un comunicado difundido en el sitio web de la ONU, en el que añaden que lo mismo ocurre con las personas que esperan viajar fuera de Venezuela para «someterse a operaciones sin las cuales no sobrevivirían».
El texto, reseñado por RT y que también fue difundido por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Twitter, es firmado por Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; y Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
También rubrican el comunicado, Obiora Okafor, experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Livingstone Sewanyana, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Saad Alfarargi, relator especial sobre el derecho al desarrollo; y Tlaleng Mofokeng, relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Los especialistas confirmaron que las sanciones han puesto en riesgo la vida de al menos 190 pacientes con cáncer que están en una lista de espera para recibir tratamiento en el extranjero y denunciaron que 14 niños, tres de ellos bebés, murieron entre 2017 y 2020, «esperando un tratamiento» que no llegó debido a que EE.UU. le negó al Gobierno venezolano el control sobre su empresa Citgo, y cedió la petrolera al exdiputado Juan Guaidó, cuando fue reconocido por la administración de Donald Trump como «presidente encargado».
Consecuencias devastadoras en Venezuela
El grupo reconoció que la Fundación Simón Bolívar, bajo la administración del Gobierno de Venezuela a cargo de Nicolás Maduro, «ayudó a pacientes con cáncer, entre ellos muchos niños, a viajar al extranjero para recibir trasplantes y otros tratamientos para salvar sus vidas».
Luego, agregan los expertos, «cientos de estos pacientes que solían estar vinculados a un programa nacional de trasplantes con el Gobierno de Venezuela, vieron interrumpido su tratamiento cuando EE.UU negó el control de Citgo».
Esto ocurrió después de que la nueva administración, impuesta por Guaidó, notificara a los enfermos que sus tratamientos no iban a continuar y que debían acarrear con los gastos por cuenta propia. De hecho, el Estado venezolano denunció que los recursos destinados para estos pacientes fueron robados y utilizados por el exdiputado opositor para ejecutar atentados.
«Tener PDVSA como objetivo ha sido una forma de controlar la agenda política de Venezuela, que ha tenido consecuencias devastadoras para cientos de personas que estaban en tratamiento por rechazo de trasplante, tanto en Venezuela como en el extranjero», añadieron.
El grupo también exhortó a «todos los Estados, bancos y empresas privadas» que han aplicado sanciones contra Venezuela, a que asuman «la plena responsabilidad de los efectos de sus acciones sobre las personas», especialmente porque perjudican el disfrute de los «derechos fundamentales a la vida y a la salud».
De igual forma, los expertos solicitaron a los involucrados a retirar «las sanciones y las políticas de sobrecumplimiento que afectan a los derechos humanos fundamentales».
En ese sentido, reiteran: «Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de toda persona afectada por una acción internacional».
«Las consecuencias inesperadas de las sanciones»
Los especialistas indicaron que la situación que sufren estos cientos de pacientes ya está en conocimiento del Gobierno de EE.UU. y de los otros países y entidades que ejecutan las sanciones.
De hecho, alertan que las medidas coercitivas contra el país suramericano se han radicalizado porque «terceros países, bancos y empresas privadas han sido excesivamente cautelosos en su trato con Venezuela, porque temen violar involuntariamente las sanciones de EE.UU».
Una de las consecuencias más graves son las transacciones bancarias fuera de Venezuela, lo que ha ocasionado que varios pacientes se hayan quedado varados y hasta «en la indigencia», en los países a los que acudieron para recibir tratamiento.
Por este motivo, los relatores de la ONU han llamado a los involucrados a que «mitiguen las consecuencias inesperadas de las sanciones y restablezcan el tratamiento de las personas cuyas vidas están ahora en peligro».
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