La pandemia generada por el nuevo coronavirus ha dejado en evidencia las amplias desigualdades de la sociedad latinoamericana. También una de sus peores realidades: el abuso de poder y brutalidad policial. Se trata de un flagelo con severa impunidad que se radicalizó en medio de las restricciones impuestas por la coyuntura de la COVID-19.
El asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía provocó una ola de protestas violentas en ese país. Así, mostró al mundo el racismo policial y el abuso de poder que ejercen de forma continuada estos funcionarios contra la población.
Las masivas protestas también han puesto en tela de juicio a la estructura gubernamental estadounidense. Además, desnudaron otros casos parecidos de abuso policial que se dan casi a diario en ese país.
Pero el abuso de poder y la brutalidad policial no es algo exclusivo de los Estados Unidos. América Latina también la padece y hasta con mayor fuerza en algunos países, donde los funcionarios policiales abusan de sus facultades para arremeter contra civiles. También se involucran en redes de narcotráfico, robos, sicariato, extorsión, sobornos, entre otros delitos.
Por ello, los pueblos se han sumado a las protestas por los abusos policiales para denunciar numerosos casos de características similares al asesinato de Floyd. Sin embargo, además de racismo incluyen xenofobia, clasismo y hasta supremacismo.
Entre estos casos se observan crímenes de odio por parte de la policía contra líderes sociales, políticos, campesinos, indígenas, de género y de estrato social.
Abuso policial en toda la región
Los abusos policiales se registran a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. En El Salvador, Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, México, Honduras, Perú, Paraguay, Chile, Bolivia y demás países hay incontables casos denunciados. Pero, otros que se mantienen en anonimato por miedo de las víctimas a recibir represalias.
En Argentina, por ejemplo, destaca el reclamo por los casos nacionales de violencia policial de los últimos tiempos. Uno de los últimos que resonó en la prensa fue el del vendedor senegalés Mbake Ndao, detenido el miércoles 10 de junio por agentes de Control Ciudadano de la municipalidad junto con la Policía de la provincia de Buenos Aires.
«Mientras me encontraba en calle 47 y 7, retirándome con mis cosas, alguien me sujetó de atrás con los dos brazos sobre mi cintura y me arrojó en forma abrupta y brutal contra la pared», relató con la ayuda de un compañero senegalés que pudo traducir sus palabras. «Luego me tiran contra el piso y un policía me agarra del cuello en forma tan fuerte que no podía respirar«, declaró a la Fiscalía.
A mitades de mayo, otro asesinato de la Policía en el país colmaba la prensa local. El tucumano Luis Espinoza, peón rural de 31 años, fue baleado por la espalda el 15 de mayo por un policía de Monteagudo, en la misma provincia. Su cuerpo apareció siete días más tarde a 85 kilómetros del lugar donde fue atacado.
Un tercer caso conmocionó a Argentina semanas después. Integrantes de la familia Saravia Fernández, de la comunidad indígena qom, oriundos de la provincia del Chaco, fueron golpeados, torturados y abusados sexualmente luego de que seis policías allanaran sin orden judicial su residencia.
Brasil, Chile y México
En Brasil el abuso policial es el que mayor índice tiene en toda Latinoamérica. Por ello, su policía es la que contabiliza más asesinatos en la región, de acuerdo con cifras de 2018, cuando se registraron 6.220 víctimas fatales.
Las denuncias actuales insisten en que el abuso policial se ha intensificado con la llegada de Jair Bolsonaro al poder. El ultraderechista ha decidido matar a mansalva en las llamadas favelas, barrios populares asentados en zonas altas de las urbes más grandes.
En Chile también se han registrado distintos abusos policiales desde hace años. Las comunidades mapuche y haitiana son dos ejemplos de colectivos que son víctimas del racismo sistémico. El caso del líder mapuche Camilo Catrillanca, asesinado de un disparo por el sargento Carlos Alarcón, de Carabineros, el 14 de noviembre de 2018, es uno de los más representativos.
Otro caso de negligencia policial recordado en Chile es el de la joven haitiana Joane Florvil, detenida injustamente por la Policía, acusándola de supuesto abandono a su hija, hecho que terminó siendo real cuando la policía apartó a la infante de su madre, quien terminó internada en un hospital por no saber hablar español, y donde luego murió en extrañas circunstancias.
En las recientes protestas contra el régimen de Sebastián Piñera, los abusos policiales son ejecutados en todo el país, sobre todo contra camioneros que distribuyen mercancías, a quienes piden «mordidas». También, la letalidad policial se ejecuta a diario contra civiles que terminan desaparecidos y asesinados por hacer oposición al presidente.
En México, durante la noche del 9 de junio, Alexander, un joven de 16 años fue baleado hasta morir a manos de policías en el estado sureño de Oaxaca. Tres días antes, trascendió el caso de una joven de 15 años pateada insistentemente por efectivos policiales en Ciudad de México, en medio de una manifestación civil en contra de la represión policial.
La manifestación respondía al asesinato de Giovanni López, albañil de 30 años detenido violentamente por la Policía del estado de Jalisco (oeste), y muerto poco después, en condiciones aún no esclarecidas.
Bolivia y Paraguay
Los abusos policiales se perciben también en países como Bolivia, bajo la dictadura de Jeanine Áñez, y Paraguay, con el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Recientemente en Paraguay fueron asesinadas dos niñas argentinas, de 11 y 12 años, que estaban en un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo, una guerrilla que hace frente a los regímenes conservadores en busca de un cambio del modelo político.
Aunque no se trata de un caso policial, sí relata el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Las investigaciones confirmaron que las niñas fueron ejecutadas cuando estaban de espaldas. En el operativo participó el propio presidente Benítez. Este incidente ha tensado, además, las relaciones entre Argentina y Paraguay.
En Bolivia, la dictadura de Áñez ha desatado -tras el golpe de Estado a Evo Morales- un régimen totalitarista altamente represivo, constantemente denunciado por brutales violaciones a los derechos humanos. Los abusos y represión policial se contabilizan en miles, con más de 30 personas asesinadas y miles de heridos.
Denuncias de la misma índole son reseñadas a diarios por algunos medios locales en El Salvador, Perú, Honduras, Guatemala y demás países de la región.
Colombia violenta brutalidad policial
Colombia es uno de los países que más abusos registra. Las cifras incluyen asesinatos a todo tipo de personas y masacres.
El más reciente caso es el del abogado Javier Ordóñez, vilmente electrocutado por la policía a pesar de que pedía que ya no lo torturaran más cuando era arrestado en medio de una calle en Bogotá.
El asesinato de Ordóñez generó tal indignación que los colombianos se volcaron a las calles masivamente para arremeter y quemar puestos policiales de la ciudad. Estos hechos generaron más represión y brutalidad policial, junto al asesinato de al menos otras 13 víctimas.
Estas protestas, antes de la pandemia, tuvieron otra versión cuando en otras manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque fallecieron al menos cuatro ciudadanos y otros 140 resultaron heridos.
Al caso de Ordóñez se suma el joven colombiano Anderson Arboleda, agredido y golpeado por efectivos policiales del departamento de Cauca, luego de que separar una pelea de vecinos.
Masacre en Venezuela
Venezuela no escapa de estas arbitrariedades y abusos de poder. A diario surgen denuncias de lo que en Venezuela se conoce como el «matraqueo», que es la petición o exigencia de dinero que hacen los funcionarios a los civiles para transitar libremente. Sucede para amedrentarlos o cuando han cometido alguna infracción, porque así los dejan sin registro policial y no les colocan multas.
Pero también se registran casos graves de abuso policial, como la masacre de El Limón en el estado La Guaira (centro-norte) y la ejecución de dos periodistas en el estado Zulia (occidente).
Sobre la masacre de «El Limón», el fiscal general, Tarek William Saab, informó que ocurrió el pasado 11 de junio en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Allí, cinco personas fueron acribilladas a balazos por funcionarios activos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía (FAES).
El fiscal dijo que de acuerdo con la investigación, se determinó que en horas de la madrugada los funcionarios de las FAES entraron violentamente a las viviendas de cinco ciudadanos mientras estos dormían.
«Posteriormente, los sacaron a la calle y los condujeron hacia un sector boscoso de la barriada donde habrían sido ejecutados. Esto lo observaron varios vecinos de la comunidad», explicó Saab.
Otro caso lamentable fue el asesinato de dos comunicadores comunitarios en Cabimas, también por parte de funcionarios de las FAE en agosto pasado.
Saab dijo que tras las primeras investigaciones se determinó que Andrés Eloy Zacarías Nieves y Víctor Manuel Torres «podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales«, que tendrían como responsables cinco funcionarios, quienes ya están detenidos.
Dos de ellos se presentaron por homicidio calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible y violación de domicilio por parte de funcionario público. A otros dos los imputaron como «cómplices en el delito de homicidio calificado con alevosía y asociación».
El fiscal también detalló que tras las experticias realizadas y con los protocolos de necropsia se conoció que los asesinados estaban en un estado inferior a sus tiradores, de rodillas o sentados, por lo que se ratifica que fueron ajusticiados. Ambos recibieron tiros a pocos metros de distancia.
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