A bordo del portahelicópteros USS Makin Island, a mediados de 2009, llegó a Valparaíso el guardamarina de origen filipino, Lester Andrew Santiago Gálvez, para participar en ejercicios conjuntos con la Armada de Chile. Sin embargo, en agosto del mismo año, fue sorprendido al interior de un local nocturno manteniendo relaciones con una menor de edad. Fue formalizado por facilitación de la prostitución infantil, en grado de tentado, y expulsado con prohibición de ingresar al país hasta 2012.
Poco tiempo antes, el subcomisario de la PDI Héctor Guzmán Godoy había descubierto una importante red de pedofilia que operaba silenciosamente en la Quinta Región. Ésta contaba con grados de protección que alcanzaban a hijos de altos jefes de su institución, tales como el encargado de la Jefatura de Inteligencia de la PDI, Héctor Puga Garrido, quien luego terminó integrando la junta que decidió apartarlo de la policía.
Previo a la detención de Gálvez, abogados de derechos humanos ya tenían información que apuntaba a la presunta colaboración de miembros de la Armada de Chile en disponer a niñas de bajo estrato social (algunas desde los 9 años), para satisfacer los requerimientos sexuales de marinos extranjeros en el marco de la Operación UNITAS – ilícitos por los que en su momento, el ahora diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, implicó a la Unidad de Inteligencia Naval “Ancla II”, cuya base de operaciones funcionaba a pocos metros de un centro de prostitución infantil y consumo de drogas, vinculado al proxeneta Carlos Parra Ruz, alias “El Charly”.
Esta arista había sido mencionada tácitamente por El Mercurio de Valparaíso en dos publicaciones distintas, realizadas a mediados del año 2007, que informaron acerca de los resultados de una investigación desarrollada por la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), que entrevistó a menores de edad en situación de pobreza. Las niñas recordaron haber sido trasladadas en buses para ser entregadas a marinos que provenían de Estados Unidos, versión que fue posteriormente ratificada por una de las víctimas ante la Corte Suprema.
La emisión de un programa de Canal 13 realizado por el equipo periodístico de “Contacto”, que dio un duro golpe al Alto Mando de la PDI, fue suficiente para comprobar ante la opinión pública la existencia de una mafia de explotación sexual infantil en Valparaíso más allá de toda duda razonable. Y aunque fuera de esa edición quedó la declaración prestada en juicio oral por la testigo María Delgado, en el sentido de reconocer fotográficamente al entonces director de Investigaciones, Arturo Herrera Verdugo, como cliente de la red de prostitución, el que había sido timonel de una de las instituciones “más prestigiadas de Chile” tuvo que dar un paso al lado y renunciar a la policía.
En medio del escándalo, el detective Guzmán reafirmó la implicancia no sólo de funcionarios de su propia institución en la red, sino de personal de Carabineros, fiscales e integrantes de la Marina estadounidense con el conocimiento de las Fuerzas Armadas. Sumada a una acusación de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, la polémica llevó a la Armada de Chile a anunciar, en un breve comunicado de prensa, la instrucción de una investigación sumaria interna orientada a dilucidar los eventuales nexos de protección que pudieran existir entre algunos funcionarios navales y “El Charly”.
En el comunicado, fechado 11 de junio de 2009, la Armada informó que “a partir de los antecedentes entregados, la institución se encuentra realizando una investigación interna para esclarecer los hechos que se denuncian”. Asimismo, en un segundo punto, indicó que de confirmarse la existencia de tales delitos, la Armada actuaría “con el máximo de rigor, y pondrá a disposición de la justicia a quienes resulten eventualmente responsables de estos hechos repudiables”.
Los años pasaron y no se supo más de esa investigación.
Contestando a una solicitud por Ley de Transparencia realizada por este medio, la Armada de Chile informó que revisados los archivos y registros que la institución mantiene bajo custodia, fue imposible determinar la existencia de documentos relativos al sumario en cuestión, oficios de consulta a la Dirección de Inteligencia (DIRINTA) sobre la posible facilitación de vehículos fiscales para el traslado de menores, sanciones a funcionarios imputados en las acusaciones, detección de ilícitos cometidos por uniformados extranjeros de la Operación UNITAS, detalles sobre las medidas que la Marina chilena pudiere haber tomado luego de la detención de Lester Santiago Gálvez, y comunicaciones de cualquier tipo con Cancillería o funcionarios estadounidenses a raíz de lo anterior.
El acta de búsqueda, firmada por el capitán de fragata Ramón Concha Ávila, jefe del Departamento A-2 de la Armada de Chile, y el capitán de navío Andrés Rodrigo Ramírez, Jefe del Estado Mayor de la 1ra Zona Naval, contradice inexplicablemente lo informado en junio de 2009 por la misma institución, dado que niega la existencia de indagaciones o procedimientos disciplinarios sobre la materia.
Por ahora se espera la pronta derivación de estos antecedentes al Consejo para la Transparencia, a objeto de revisar la forma en que la Armada constató la inexistencia de los documentos requeridos, exigiéndole explayarse con respecto a la eventual omisión de los hechos denunciados.
Vea el acta de búsqueda de la Armada (click para agrandar)
Matías Rojas
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