Los tres meses de protestas masivas que se han extendido en Perú desde que fue destituido y encarcelado el presidente Pedro Castillo, y designada como su sustituta, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, dejan más incertidumbres que certezas.
Fue el 7 de diciembre de 2022 cuando la crisis política e institucional de Perú se agravó. Ese día Castillo dictó un polémico decreto en el que disolvía el Congreso y otras instituciones del Estado, al argumentar que le impedían gobernar y vulneraban tanto el orden constitucional como el mandato popular en el país suramericano.
Castillo denunciaba una continuada persecución judicial con fines políticos que pretendía derrocarlo y que solo atizaba a la crisis de gobernabilidad que ha vivido el país durante los últimos años.
El mandatario también advertía de un continuo boicot en su contra que se empeñaba en obstruir el proyecto de gobierno progresista que eligió la mayoría de los peruanos cuando lo escogieron como jefe de Estado. Al parecer, la medida de Castillo, según varios de sus defensores, fue el último recurso que tenían el mandatario para salvar su Gobierno.
Al no contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ni de resto de las instituciones estatales, la decisión de Castillo fue revertida en pocas horas por el Parlamento, integrado por una mayoría de derecha, que lo vacó en una breve sesión de emergencia que inmediatamente le otorgó la presidencia a Boluarte.
Desde ese momento, los peruanos que votaron por Castillo y que defendían su elección como Presidente de la República comenzaron a salir a las calles para exigir su liberación y restitución en el cargo, la salida de Boluarte del poder, el cierre del Congreso, elecciones generales y una Asamblea Constituyente para reformar en su totalidad al Estado y sus instituciones.
Muertes, represión y conflictos diplomáticos en Perú
A partir de que Castillo fue vacado y encarcelado, las protestas en Perú no han cesado y se han mantenido, sobre todo, en el llamado «Perú profundo», regiones del sur del país que han sufrido la mayoría de hechos fatales, como fue la masacre de Puno donde murieron 20 personas. En estos poblados desconocen la Administración de Boluarte y califican las acciones del Congreso como parte de una «dictadura parlamentaria».
Así, durante los tres meses de protestas —que no cesan en sus demandas—, han fallecido al menos unas 60 personas y otras miles han resultado con heridas graves, todo en medio de la fuerte represión estatal en manos de policías y militares que intentan frenar a toda costa la agitación social.
Precisamente el terrible saldo de muertos y heridos en el contexto de las manifestaciones y la represión ha generado preocupación de la comunidad internacional, lo que ha llevado a la administración de Boluarte a enfrentarse con varios Gobiernos de la región que han denunciado la gravedad de estos hechos.
Así, los roces diplomáticos del Gobierno de Boluarte han incrementado las tensiones, especial y directamente con países como Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México, que han señalado al Gobierno de la mandataria de violar constantemente los derechos humanos, de descalificar las protestas y estigmatizar a los manifestantes como «un pequeño grupo de violentistas» y «terroristas«, además de reprimir a los ciudadanos.
La legitimidad del Gobierno de Boluarte también es puesta en duda y desconocida por varios países del continente. México y Honduras han reiterado que siguen reconociendo a Castillo como presidente de Perú; mientras que desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) advierten que la vacancia de Castillo se dio en contra del mandato popular y se gestó a través de una continuada persecución judicial que finalmente se concretó en un golpe de Estado parlamentario.
Entre las acciones que han tomado Boluarte y el Congreso peruano a nivel diplomático contra sus detractores ha sido decretar como personas no gratas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, mientras estudian aplicar la misma medida contra el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales críticos de lo que sucede actualmente en Perú, quien además defiende a Castillo y brindó asilo a su esposa e hijos.
Crisis interna en el Gobierno de Boluarte
La Administración de Boluarte, además de las protestas generalizadas, también se enfrenta a una potencial crisis económica causada por la inestabilidad política, el paro parcial de la actividad productiva y los continuos bloqueos de carreteras como parte de las manifestaciones.
Ese clima de ingobernabilidad, así como las denuncias de violaciones a los derechos humanos, han provocado que el Gabinete de Ministros de Boluarte se vea afectado por continuas renuncias y nombramientos de nuevos funcionarios en distintos despachos del Ejecutivo.
Estas designaciones se reflejan en ministerios claves como el de Defensa, de Interior y del jefe del Consejo de Ministros, cargos en los que Boluarte ha tenido que recurrir a varios nombres.
Precisamente por la acción represiva del Estado, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves registrados durante las protestas contra su Gobierno.
Por estos hechos son investigados el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez. También se indaga a Pedro Ángulo, quien fuera premier de Boluarte, el primer extitular de Interior de su gobierno, César Cervantes, y su sucesor en la cartera, Víctor Rojas.
La medida de la Fiscalía busca determinar las responsabilidades en varios presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, donde fallecieron la mayoría de víctimas registradas en las protestas.
El Congreso se niega a adelantar elecciones
En medio del clima de inestabilidad que reina en Perú, el Congreso sigue distante a los reclamos de los manifestantes y su postura ha sido rechazar constantemente las distintas iniciativas llevadas a plenaria para intentar adelantar las elecciones generales para este 2023.
A pesar que el adelanto de los comicios, que incluiría renovar los curules del Parlamento, es una demanda generalizada en las protestas, la mayoría del Congreso peruano ha rechazado esa iniciativa en al menos cinco oportunidades.
En medio de la negativa del Parlamento, las comunidades del sur de Perú convocaron el pasado 1 de marzo a la ‘segunda toma de Lima‘, un llamado a protestar masivamente en la capital del país para seguir presionando por sus demandas, sobre todo, para que se den comicios adelantados, se renueve el Congreso y Boluarte salga del poder.
Las nuevas manifestaciones, que han surgido en medio de un clima de pocas garantías para los ciudadanos y con mayor represión policial, han dejado varios heridos e incidentes tanto en Lima como en otras regiones del país donde se repiten las acciones de calle. Además, las nuevas protestas se dan en un contexto donde el Gobierno de Boluarte, el Congreso y las fuerzas de seguridad generan amplio rechazo en la población, según encuestas.
En la víspera de cumplirse el tercer mes de protestas y el mismo tiempo de Boluarte en el poder, los manifestantes pintaron un enorme mural en Lima con un mensaje que dice «Estado asesino», una frase que devela las costuras de una lucha social que, más allá de conseguir vías para solucionarse, pareciera mostrar el entresijo de un conflicto político interno que podría escalar a una situación más compleja y profunda, como la ya anunciada «guerra civil» que advirtieron podría iniciar según las comunidades indígenas aimaras que habitan en el sur peruano.
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