La polémica se ha desatado en Perú luego que este fin de semana el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, hablara sobre la necesidad de renegociar con las empresas privadas extranjeras el reparto de las utilidades que genera el yacimiento de gas Camisea, el proyecto energético más importante del país andino. De lo contrario, aseguró que desde el Ejecutivo optarían por su «recuperación o nacionalización».
«Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento», dijo Bellido a través de Twitter, un mensaje que originó el rechazo inmediato de la oposición peruana.
La exministra de Economía y Finanzas del expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), María Antonieta Alva, arremetió en Twitter contra Bellido y le dijo que dejara de lado «la ideología» y que respetara las leyes, pues considera que esas declaraciones «afectan la percepción de los inversionistas sobre el Perú«, «ahuyenta la inversión privada» y provoca «litigios en tribunales internacionales».
Camisea es la reserva de gas natural más importante de Perú y una de las más grandes de Latinoamérica, con más de 11 trillones de pies cúbicos probados y una capacidad de 600 millones de barriles en líquidos asociados, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Minero.
El yacimiento, ubicado en la región del Cusco del Amazonas peruano, es controlado por un consorcio multinacional integrado por empresas privadas de Argentina, EE.UU., Corea del Sur, España y Argelia, explica el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La compañía que aparece como socia mayoritaria es Pluspetrol (Argentina) con 27 %; luego la estadounidense Hunt Oil con 25,1 %; la surcoreana SK Innovatión (17,6 %); la española Repsol (10 %), la argentina Tecpetrol (10 %); y la argelina Sonatrach (10 %).
Todas estas operadoras extranjeras controlan el yacimiento de Camisea desde agosto de 2004, cuando se iniciaron las operaciones de la gasífera, 20 años después de haber sido descubierta por la petrolera británica Royal Dutch Shell en 1984. Además, en las labores de transporte y distribución participan otras empresas privadas locales y extranjeras.
Por la explotación de estos recursos, el conglomerado multinacional se queda con 75% de las regalías mientras el Estado peruano recibe 25%, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Los yacimientos de gas de Camisea están ubicados a unos 500 kilómetros al este de Lima, en la Cuenca Ucayali, dentro del departamento del Cusco. En ese lugar son explotadas las reservas de San Martín y Cashiriari. Desde su origen, el proyecto plantea suministrar gas a la industria y a las plantas de generación de electricidad, para luego masificar hacia el consumo residencial, comercial y de transporte.
¿Qué ha dicho el presidente de Perú y miembros de su Gabinete?
Después de que Bellido lanzara el polémico mensaje en redes, el presidente de Perú, Pedro Castillo, resaltó que su Gobierno estaba comprometido con «llevar gas barato a todos los peruanos» y señaló que «cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales».
En el mismo mensaje, el presidente comentó que el proceso de renegociación de Camisea —que es una promesa de su campaña electoral— se ejecutará trabajando junto al sector privado y «por un Perú mejor».
Ante los señalamientos de la derecha peruana, que califican de «comunista» a Castillo, el propio mandatario junto a su ministro de Economía, Pedro Francke, se han encargado de dejar claro que ellos no pretenden ahuyentar las inversiones para el Perú, sino que más bien hacen un llamado a «los grandes inversionistas» y a los «empresarios» para que se sumen al desarrollo del país.
Entre tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Aníbal Torres, dijo al medio local El Comercio que las declaraciones de Bellido sobre la renegociación habían sido abordadas «informalmente», pues el tema «no sido materia de agenda» en las discusiones del Consejo de Ministros.
«El Gabinete no ha acordado nacionalizar, no ha acordado estatizar. Lo que sí estamos de acuerdo es que ese contrato se renegocie, como cualquier contrato privado o público», dijo Torres, quien explicó que ese proceso, que involucra la exportación de gas natural hacia México, China, Japón, Corea del Sur y varios países de Europa, debe darse en beneficio de «ambas partes», bajo el acuerdo de los interesados.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, señaló este lunes —según reseña RPP— ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, que la renegociación debe ser vista como «un nuevo pacto» y que las condiciones están dadas para alcanzarlo. También dijo que la recaudación de impuestos «tiene que modificarse», pues el sector minero y de hidrocarburos apenas tributa 21 % mientras que otros sectores aportan alrededor de 40 %.
Oposición pide sacar a Bellido
Según medios locales, las distintas facciones de la oposición peruana han pedido interpelar a Bellido en el Congreso para que explique sus declaraciones, mientras que otro sector aspira a que el presidente Castillo lo destituya.
La tercera vicepresidenta del Congreso de Perú, la opositora Patricia Chirinos, solicitó una moción contra Bellido porque su partido considera «insostenible» la continuidad del jefe del Gabinete.Por su parte, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que su bancada promoverá una moción de censura.
El partido Fuerza Popular, también opositor, aseveró por su parte que las palabras de Bellido representaban un «atentado a la seguridad jurídica del Perú»; mientras que Alianza para el Progreso instó al Gobierno de Castillo a definirse y «tomar decisiones» sobre su Gabinete para dar «estabilidad» al país.
La vocera alterna de Somos Perú-Partido Morado, Flor Pablo, pidió a Castillo que designe a un premier que le permita al país «salir de esta polarización».
¿Qué dice la Constitución de Perú?
La Constitución de Perú establece que la propiedad es un derecho fundamental e inviolable. Sin embargo, al tratarse de un yacimiento gasífero, el concepto de propiedad privada no es irrefutable, ya que se trata de una reserva energética que puede ser catalogada como un espacio fundamental para la «seguridad nacional» o para la «necesidad pública».
De hecho, la máxima ley de Perú establece que solo se puede expropiar cuando el asunto es de seguridad nacional o de necesidad pública, y se hará mediante una declaratoria de Ley expresa del Congreso, siempre y cuando se pague por previamente el bien a expropiarse.
Según la consultora Macrocosult, la explotación del gas natural de Camisea generó ganancias anuales en Perú de 1.400 millones de dólares, entre 2004 y 2019, el 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual del país.
Además, el informe dice que el aporte por cada año al fisco peruano relacionado con la explotación gasífera, fue de 572 millones de dólares, entre pagos al impuesto de renta y el canon minero.
Según el estudio, reseñado por el medio local Gestión, la explotación del gas en Camisea ha generado que Perú ahorre más de 100.000 millones de dólares en importaciones de energía, mientras que ha otorgado ingresos fiscales de 9.000 millones de dólares.
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