Las Bambas, explotada por la compañía china MMG, es una de las minas de cobre más importantes de Perú y el mundo, junto con las de Cerro Verde, Antamina y Southern.
Esta mina, que representa alrededor del 2 % de la producción mundial de cobre, se ubica entre los distritos de Chalhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, y el distrito de Progreso, provincia de Grau, en el departamento peruano de Apurímac, al sur del país.
El pasado 14 de abril miembros de la comunidad de Fuerabamba, del distrito de Chalhuahuacho, ingresaron a la mina en protesta por presuntos incumplimientos de compromisos sociales por parte de la empresa. Los manifestantes levantaron carpas a 200 metros del yacimiento y han permanecido desde entonces en el lugar.
El 20 de abril, seis días después de que los ciudadanos se asentaran en el sitio, Las Bambas suspendió la producción de cobre, explica el periodista Edgar Romego para RT.
A los descontentos iniciales se sumaron en el tiempo transcurrido habitantes de otras comunidades, como los de Huancuire, Pumamarca, Choaquere, Chila y Chuicuni.
Durante el tiempo que lleva el campamento en el lugar se han registrado enfrentamientos e intentos de desalojo, que han dejado a algunas personas heridas.
¿Qué reclaman los indígenas en Perú?
Para construir el proyecto minero Las Bambas, en 2014 la comunidad de Fuerabamba fue reubicada en un terreno de 4.200 hectáreas en el distrito de Chalhuahuacho, que se compró a las comunidades de Chila y Choaquere. Así se creó el reasentamiento Nueva Fuerabamba, donde se construyeron casas y otros servicios para la población.
Uno de los reclamos tiene que ver con esta reubicación. «Esos terrenos tienen problemas», dice Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, citado por el portal Tiempo Minero.
Vargas denunció, además, que las comunidades de Chila y Choaquere «prácticamente» los han desalojado y, por ello, tomaron la decisión de retornar a lo que consideran son sus tierras, en el antiguo Fuerabamba.
También señala incumplimientos por parte de la minera, indicando que luego de la venta de los terrenos, la compañía firmó 171 compromisos con la comunidad, que incluían la construcción de infraestructura y la asistencia para el desarrollo económico de la población, de los cuales todavía quedan más de 120 pendientes por atender.
Una vez instalada la protesta, la comunidad advirtió con comenzar a construir sus viviendas en la zona. «Si la minera no cumple sus compromisos, nos sacarán muertos de acá. No vamos a dejar nuestras tierras, ya hemos tomado posesión», dijo Vargas.
Por su parte, la comunidad de Huancuire, que se sumó a la protesta, solicita que las ganancias de la explotación minera se comportan con las comunidades en 50 %.
Desde la empresa han dicho que muchas de las exigencias de las comunidades «son nuevas demandas no consignadas en acuerdos anteriores».
Emergencia en Perú e intento de desalojo
El pasado 27 de abril, el Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en los distritos de Chalhuahuacho y Coyllurqi, que se hizo efectivo desde el 28 de abril.
Justamente después de que se conoció la declaratoria de la medida, hubo un intento, por parte de las fuerzas de seguridad, de desalojar a los comuneros, lo que terminó en enfrentamientos y represión de la Policía Nacional del Perú (PNP).
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los hechos del 27 y 28 de abril resultaron heridas 44 personas: 17 de las comunidades, 14 trabajadores del personal de seguridad de la empresa y 12 efectivos de la PNP.
A finales de mayo, el estado de emergencia se extendió por 60 días más. «La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas», dice el Decreto Supremo 059-2022-PCM, publicado la semana pasada.
Mientras rige la medida, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Sin acuerdos
Durante los días que se ha extendido la protesta ha habido al menos cuatro intentos de diálogo, que incluyen a la comunidad, representantes de la empresa y las autoridades nacionales, pero han fracasado.
Los manifestantes han puesto como condición para avanzar en las conversaciones que sea levantado el estado de emergencia; pero desde el Ejecutivo han señalado que la medida se dejará sin efecto cuando las condiciones estén dadas. «El estado de emergencia se levantará de manera simultánea cuando cesen las actitudes de fuerza para restablecer la paz social. Eso se hace rápidamente y sin obstáculos, continuando las negociaciones», dijo el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, durante una visita a Pumamarca, localidad aledaña a Las Bambas, el pasado 19 de mayo.
En esa visita, además, Torres se comprometió a verificar si la empresa MMG Las Bambas cumplió con lo que prometió a la población de sus zonas de influencia. «La empresa debe cumplir, aquí nadie tiene corona. Lo que manda es la verdad y la Ley, y eso se tiene que hacer rápidamente. Nosotros les garantizamos su cumplimiento con nuestra palabra», mencionó.
La semana pasada hubo un encuentro en Lima en el que participaron representantes del Gobierno, de la mina y de las seis comunidades en protesta, pero tampoco llegaron a acuerdos.
«La falta de voluntad para llegar a un acuerdo de estas comunidades pone en riesgo 9.000 puestos de trabajo y a más de 1.400 pequeñas y medianas empresas de Cusco y Apurímac que proveen bienes y servicios para Minera Las Bambas», manifestó la empresa en un comunicado, en el que, además, informó que hasta entonces la paralización de la mina había generado pérdidas por cerca de 400 millones de dólares en exportaciones y más de 220 millones de soles (cerca de 60 millones de dólares) en rentas para el Perú y la región Apurímac.
Los trabajadores de Las Bambas, junto a sus familiares, ya realizaron una jornada de protesta para reclamar una solución al conflicto. Para el próximo jueves 2 de junio está convocada otra manifestación, en las ciudades de Lima, Cusco y Arequipa.
A las autoridades se ha sumado un reclamo más, el de los emprendedores, empresarios, asociaciones, organizaciones y comerciantes del distrito de Chalhuahuacho, que exigen al Gobierno solucionar el conflicto, puesto que sus negocios se han visto afectados por la paralización de las actividades en la mina.
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