La crisis de gobernabilidad en Perú va más allá de las masivas protestas sociales que claman por una renovación total del Estado y de la Constitución política, también muestra una profunda inestabilidad a lo interno de la cuestionada administración de la presidenta «transitoria» Dina Boluarte.
En poco más de dos meses en el cargo, tras la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, la mandataria ha tenido que nombrar a tres ministros de Interior, dos jefes de Gabinete y varios titulares de otros despachos.
En el Ministerio de Interior, responsable de la seguridad ciudadana y el control de las fuerzas policiales, el Ejecutivo de Boluarte acumula tres nombres: César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, quien asumió funciones a mediados de enero pasado y se mantiene en el cargo.
Precisamente esa cartera ha sido una de las más criticadas debido a las políticas represivas del régimen de Boluarte para intentar frenar las protestas que se extienden en Perú desde el mismo momento que asumió el poder, y que a la fecha han dejado más de 60 fallecidos.
Pero la crisis de gobernabilidad también se ha reflejado en dos mandos claves para el Ejecutivo; el jefe del Consejo de Ministros o Gabinete y el despacho de Defensa. En ambas oficinas, la presidenta ha tenido que nombrar funcionarios en dos ocasiones, reseña RT.
El primer jefe de Gabinete de Boluarte fue Pedro Angulo, quien sustituyó a Betssy Chávez, la exjefa de ministros de Castillo, y duró en el cargo apenas 10 días, cuando la represión policial y del Ejército contra las protestas ya había dejado decenas de manifestantes muertos y la ingobernabilidad en el país llegó a un estado crítico.
Otárola: el hombre de confianza de Boluarte
El sucesor de Angulo como jefe de Ministros fue Alberto Otárola, quien asumió el 21 de diciembre y se ha mantenido en el cargo como una de las fichas más confiables de Boluarte para enfrentar las manifestaciones que exigen su renuncia, el cierre del Congreso, liberar a Castillo, elecciones generales y una Asamblea Constituyente para Perú.
Otárola se ha encargado de ser la voz en muchos temas críticos para el gobierno de Boluarte, sobre todo para hablar de las protestas y defender las medidas de seguridad para frenarlas. Además, se ha encargado de calificar a los manifestantes como «terroristas» y «violentistas», mientras asegura que son «pequeños grupos» financiados desde el extranjero y por el narcotráfico.
Sin embargo, Otárola ahora está en el foco de la prensa y de la justicia peruana, al aparecer implicado en una investigación preliminar de la Fiscalía por el presunto delito de colusión agravada, ya que supuestamente habría instigado al titular del Trabajo, Alfonso Andrianzén, a contratar a su excuñada como asesora, un señalamiento que ambos niegan, pero que mella de credibilidad y legitimidad del régimen de Boluarte.
Van y vienen los ministros en Perú
Otra cartera importante en el Ejecutivo de Boluarte que ha contado con dos ministros en menos de dos meses es el despacho de Defensa. El primer funcionario que estuvo a cargo de esa oficina fue precisamente Otárola, que antes de la destitución de Castillo era abogado personal de la mandataria.
Durante su breve gestión en Defensa, unos 10 días, Otárola estuvo a cargo de las medidas ejecutadas para reprimir las manifestaciones, al punto que la Fiscalía peruana abrió diligencias preliminares contra él, Boluarte y varios de los responsables de su Gabinete por «presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves«.
Cuando la presidenta decidió colocar a Otárola frente a su Gabinete, designó como titular de Defensa a Jorge Luis Chávez Cresta, un general de brigada retirado del Ejército que ocupo ese cargo durante el gobierno de Martín Vizcarra y que se mantiene en el cargo a pesar de los señalamientos de la ciudadanía, que lo responsabilizan de militarizar el país y de las muertes de decenas de manifestantes.
El clima de inestabilidad en el Gabinete de Perú también se refleja en otros cinco ministerios: Educación, Trabajo, Producción, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Cultura, donde los primeros funcionarios que fueron designados por la mandataria han dimitido a sus cargos al no respaldar la represión gubernamental, o por tener diferencias para continuar dentro de un gobierno que es ampliamente cuestionado por la población.
En Educación, por ejemplo, estuvo a cargo Patricia Correa y ahora está Óscar Manuel Becerra; en Trabajo asumió Eduardo García y lo sustituyó Luis Adrianzén. En la cartera de Producción renunció Sandra Belaunde y luego fue juramentado Raúl Pérez-Reyes. Posteriormente, en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, ocupó el cargo Grecia Rojas Ortiz y tras su dimisión fue nombrada Nancy Tolentino; mientras que en la cartera de Cultura inició Jair Pérez Brañez y ahora la ocupa Leslie Urteaga.
Mientras la crisis política golpea genera incertidumbre dentro de la administración de Boluarte, quien admitió que su país tiene la democracia «más frágil» del continente, parte de la población se mantiene en las calles exigiendo el adelanto de elecciones para poner fin a un gobierno al que consideran carente de legitimidad.
Sin embargo, aunque la posibilidad de adelantar elecciones es un tema del que la propia Boluarte se ha zafado y puesto toda la leña sobre el Congreso, porque así lo establece la Constitución peruana, los miembros del parlamento —integrado por una mayoría fujimorista (de derecha)— se niegan a aprobar esa medida al rechazarla ya en cuatro ocasiones, una decisión que solo ha sumado al clima de ingobernabilidad y atizado al rechazo popular contra las instituciones del Estado.
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