La ola de protestas en Perú que exige la renuncia inmediata de la presidenta Dina Boluarte sigue cobrando fuerza y apunta a instalarse en Lima, la capital del país, a pesar de que tras más de un mes de manifestaciones y la fuerte represión, se contabilicen al menos 50 fallecidos.
El descontento generalizado ha tenido como protagonistas a las poblaciones del llamado «Perú profundo», provincias lejanas a la capital que también exigen la liberación de Pedro Castillo, mandatario destituido por el Congreso el 7 de diciembre y privado de libertad desde esa fecha.
Las tensiones han aumentado al no recibir respuestas efectivas de Boluarte, mientras se recrudece la represión militar y policial. Por ello, dirigentes y organizaciones sociales, sobre todo de regiones lejanas como Arequipa, entre otras, han llamado a que las movilizaciones se trasladen a Lima para reeditar la ‘Marcha de los Cuatro Suyos’, una masiva manifestación realizada por miles de peruanos que viajaron a Lima desde los cuatro puntos cardinales y protestaron durante tres días, en julio del año 2000, para exigir la renuncia del entonces presidente Alberto Fujimori.
Ahora, desde inicios de enero, los manifestantes han anunciado que harán lo propio en Lima para seguir exigiendo la salida de Boluarte. Con el paso de los días, cientos de comuneros, campesinos, indígenas y peruanos descontentos por la crisis institucional, política y social, han llegado a la capital para presionar por la renovación total del Estado.
Aunque la llamada marcha en la capital aún no tiene fecha ni punto definido, las fuerzas sociales de Arequipa, a más de 1.000 kilómetros de Lima, anunciaron que continuarán con las protestas durante esta semana y que se sumarán al paro nacional convocado para el próximo jueves 19 de enero.
Mientras la cuestión sigue lejos de resolverse, el jefe del gabinete de Boluarte, Alberto Otárola, anunció la semana pasada que las fuerza pública está lista para responder y aseguró que los manifestantes respondían a intereses de «violentistas». Del mismo modo, el premier denunció que las movilizaciones estarían supuestamente financiadas «por intereses extranjeros» y «por dinero oscuro del narcotráfico».
Protestas activas en varias regiones de Perú
Aunque el Gobierno de Boluarte ha buscado limitar los derechos ciudadanos a la protesta con decretos de toques de queda en distintas regiones de Perú, las manifestaciones no paran y el descontento aumenta con el paso de los días.
El domingo, por ejemplo, se registraron diversas marchas y paros lo largo del país, la mayoría en la región sur, además de bloqueos a vías de 35 provincias y 99 cortes a carreteras nacionales, de acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo.
En paralelo, el régimen de Boluarte, que recientemente fue visitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación, decretó Estado de Emergencia en varios puntos del país, incluida la capital y los departamentos de Puno y Cusco, donde recientemente se han dado los hechos de violencia más cruentos, entre ellos, la masacre en la ciudad Juliaca que dejó al menos 20 fallecidos.
Boluarte y su gabinete también decidieron suspender los derechos fundamentales en las provincias de Callao, Andahuaylas, Tambopata y Tahuamanu y en el distrito de Torata en Mariscal Nieto, lo que también ha incidido en que algunas carreteras nacionales que comunican al «Perú profundo» con la capital, se vean afectadas.
A pesar de eso, según reportan medios locales, un grupo de descontentos ha logrado llegar a Lima desde los departamentos de Cajamarca, La Libertad y Amazonas, y desde el lunes siguen arribando integrantes de comunidades indígenas del resto del país.
Se ha difundido que en los próximos día llegarán a Lima comuneros de Pichihua, Alto Pichihua y Suycutambo, así como manifestantes del distrito de Andahuaylas, quienes ya comenzaron a ubicarse en la capital, de acuerdo con la prensa local.
Mientras tanto, la Confederación General de Trabajadores, el sindicato más importante del país, ha ratificado la convocatoria a paro nacional para el 19 de enero para exigir la renuncia de Boluarte, quien ha sido reiterativa que no dimitirá.
Por su parte, Otárola dijo que la administración de Boluarte es «transitoria», una semana después de que se presentara ante el Congreso para pedir el voto de confianza del parlamento, que finalmente se le concedió.
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