Una vez más Perú vive un episodio crítico tras años de crisis de gobernabilidad, una situación que pudo haberse calmado tras la elección presidencial que ganó Pedro Castillo pero que no ha hecho más que complicarse por las continuas amenazas de destitución en su contra por parte de la oposición fujimorista que esta dentro del parlamento.
El 12 de octubre, luego de que el Ministerio Público de Perú presentara una denuncia constitucional contra Castillo, acusado de liderar una organización criminal, el mandatario solicitó activar la Carta Democrática de la OEA, un mecanismo de mediación cuando el Gobierno de un Estado miembro considera que está en riesgo su ejercicio legítimo del poder.
En medio del caos, Castillo ha dado un paso que parece ingenuo y hasta polémico, teniendo en cuenta el historial de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra los gobiernos de izquierda en la región, en cuestiones como el desconocimiento al verdadero gobierno de Venezuela que encabeza Nicolás Maduro; la legitimación de la falsa presidencia de Juan Guaidó, entre otras acciones antidemocráticas como las ejecutadas en Bolivia.
El mandatario peruano le ha pedido ayuda a ese organismo para que mantenga la estabilidad democrática del país, una solicitud que ciudadanos de Bolivia, Venezuela y Nicaragua, les hace recordar que la influencia de la OEA solo generó mayor inestabilidad social, violencia en las calles, intentos de golpes de Estado, y como debe recordar el expresidente boliviano, Evo Morales, un derrocamiento violento para luego aupar y apoyar la creación de un gobierno de facto pseudo militar y de corte dictatorial que encabezó Jeanine Áñez.
Sin embargo, el pedido de Castillo a la OEA, quien encabeza un gobierno que no ha podido ejecutar las medidas planteadas para darle un giro al país hacia temas de interés social como el propio presidente propuso, pudiera ser también una estrategia para cuidarse la espalda y garantizar su sostenimiento en el poder hasta que culmine su mandato, pero ¿A qué costo?.
Esta apuesta de Castillo obliga a la OEA a ser transparente, sobre todo ante su ampliamente cuestionada injerencia en la región. De esta manera, está prácticamente obligada a mantener al actual gobierno peruano en el poder y a evitar que una vez más sea destituido un Presidente, como ha ocurrido durante los últimos años de forma reiterada. Eso le lavaría, de cierto modo, la credibilidad al organismo, aunque posiblemente haga muy poco por el secretario general, Luis Almagro. El costo que corre Castillo es que tenga que «mandar» obedeciendo a la oposición y dejar a un lado su programa de gobierno.
¿Qué pasa en Perú?
El presidente de Perú alertó el miércoles sobre un intento de golpe de Estado que estaría impulsado por la Fiscalía de la nación a través de imputaciones que, según él, forman parte de un «complot» contra la democracia. Además, el mandatario advirtió a sus opositores que completará su mandato.
«Denuncio ante el país y la comunidad internacional esta práctica de complot. Las fuerzas políticas que sumieron al país en el más grande proceso de corrupción de la historia nacional en los años 90, son las que ahora impulsan, como en aquella época, una modalidad de un nuevo golpe de Estado en el Perú», acusó el mandatario en un mensaje a la nación en el que estuvo acompañado por su gabinete.
Su discurso, que se realizó el miércoles por la noche, generó una fuerte expectativa, ya que se dio en medio de la nueva crisis institucional que enfrenta luego de que la fiscal general, Patricia Benadides, interpusiera una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso, órgano que ahora analizará si la acusación procede o no. El caso podría culminar con su destitución.
Con este proceso, Castillo se convirtió en el primer presidente de la historia de Perú en protagonizar una denuncia constitucional, aunque él insistió en que no hay pruebas objetivas para imputarlo.
«A la asombrosa celeridad de esta denuncia se suma la abierta exhortación que la fiscal hace al Congreso de la República al decirles en su mensaje que ella ya cumplió con su labor y ahora le toca al Congreso hacer lo suyo, poniendo en evidencia la no tan sutil concertación para el complot», afirmó.
También consideró que este es un proceso antidemocrático que quebranta el orden constitucional como resultado de la complicidad de magistrados que iniciaron una persecución política incluso antes de que asumiera.
«Mi elección como presidente de la República significó el acceso al poder de los sectores sociales provincianos y urbanos marginales por primera vez en la historia del Perú. Fue el sueño hecho realidad de las grandes mayorías nacionales, pero los sectores del dinero, los políticos tradicionales que siempre medraron de la corrupción se resisten a aceptar la voluntad popular«, afirmó.
Presiones
Para Castillo, el complot en contra de su Gobierno incluye presiones a funcionarios para que realicen falsas declaraciones y lo involucren en delitos que él nunca cometió.
«Se están instrumentalizando nuevas formas de tortura psicológica con las detenciones preliminares y prisiones preventivas para conseguir acusaciones (…) a los nuevos golpistas no les importa nada, ni el pueblo, ni la familia ni la Patria«, afirmó.
Con respecto a las imputaciones, reiteró que no ha cometido ningún acto de corrupción. «Todo lo contrario, mi compromiso es el de antes y el de siempre: luchar por terminar contra esta lacra que tanto daño hace al país; sin embargo, si algunos traicionaron mi confianza, que sea la justicia quienes se encarguen de ellos», expresó.
Castillo aseguró que, además de él, esta persecución la están sufriendo sus familiares, entre ellos su esposa Lilia Paredes y su cuñada Yenifer Paredes, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.
«Han sido agredidas con el único propósito de destruirme, porque no quieren que termine mi mandato», denunció.
Sin embargo, advirtió, solo entregará el poder el 28 de julio de 2026 a quien sea electo ese año como nuevo presidente de la República en comicios democráticos.
La «preservación de la institucionalidad democrática» en Perú
Tras la petición de Castillo, la OEA aprobó el jueves una resolución de respaldo al gobierno peruano de Pedro Castillo, por la «preservación de la institucionalidad democrática» en el país.
El organismo decidió enviar una misión a Perú en respuesta a un pedido del mandatario izquierdista, investigado por múltiples causas de corrupción y presionado por buena parte del Congreso para dejar su cargo.
En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente de la OEA llamó «a todos los actores» a actuar dentro «del estado de derecho».
«Hacemos nuestra la resolución del Consejo Permanente de la OEA y estamos a disposición para brindar apoyo y cooperación, a requerimiento del Gobierno del Perú, mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno«, señaló el secretario general de la institución, Luis Almagro, desde su cuenta de Twitter.
La OEA designó a «un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación», indica el texto.
La carta enumera una serie de «ataques» contra el Ejecutivo por parte de los poderes Judicial y Legislativo, que le han negado dos veces la salida del país al presidente, impidiéndole cumplir su agenda internacional por las investigaciones en las que se encuentra involucrado.
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