Tras una dilatada guerra electoral, Pedro Castillo asumirá la Presidencia de Perú el próximo miércoles, 28 de julio. Su mandato de cinco años tiene por delante duros retos que afrontar, entre los que destacan la resolución de una difícil situación institucional y lidiar con la grave crisis económica que ha traído la pandemia de coronavirus.
El tercer país más extenso de América del Sur, tan solo por detrás de Brasil y Argentina, y el cuarto más poblado, con algo más de 33 millones de habitantes, espera recuperar su credibilidad internacional, destaca un reportaje de Nuria López para RT.
Desde que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales que se celebraron en segunda vuelta, el pasado 6 de junio, y que han terminado con la proclamación de Castillo como presidente, la oposición no ha parado de lanzar acusaciones de fraude electoral y de calificar al nuevo mandatario como ilegítimo.
Estas denuncias fueron proclamadas principalmente por su rival Keiko Fujimori, la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), quien actualmente cumple prisión por crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos, cometidos durante su mandato.
Keiko Fujimori finalmente reconoció los resultados, aunque sigue manteniendo, sin pruebas, que se le robaron miles de votos.
Además, otros sectores de la derecha más radicales, como el representado por Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, también mantienen el discurso de un «presidente ilegítimo», siguiendo la senda de la ultraderecha en países como EE.UU. o España, tras sus derrotas electorales.
Así, a pesar de la tela de aliados tejida durante la campaña con fuerzas más moderadas, es probable que Castillo se enfrentará a peticiones de destitución, siempre bajo la bandera de un supuesto fraude electoral que no se ha podido demostrar.
La pandemia en Perú es el centro de la actividad política
Lo que es seguro es que la gestión de la pandemia de coronavirus va a marcar los primeros compases de este nuevo mandato. Perú se ha convertido en el país con mayor tasa de mortalidad por el SARS-Cov-2 del mundo (en países de más de un millón de habitantes), después de que en junio realizase una revisión de datos que le llevó a incorporar 115.000 fallecidos a su estadística oficial.
Desde el inicio de la pandemia el país andino ha registrado más de 195.000 muertes por covid-19 (610,34 por cada 100.000 habitantes) y casi 2.100.000 positivos (6.547,34 por cada 100.000 habitantes). Actualmente, en la última semana sus tasas de contagios y fallecimientos están descendiendo sensiblemente, registrándose un baja de ambas variables, cercana al 70 % con respecto a los anteriores siete días.
Ahora, la agenda política se centra en dos factores. En primer lugar, en garantizar la vacunación de toda la población, toda vez que el país se ha asegurado las suficientes dosis para inmunizar a todos los peruanos. Por el momento se han administrado más de 11,3 millones de dosis y más de 4,2 millones de personas (casi el 13 % de la población) cuenta ya con la pauta completa.
El reto de la reactivación económica
En segundo lugar, el nuevo gobierno debe enfrentar la manera de conseguir la reactivación económica. En 2020, el PIB de Perú se desplomó un 11,2 % lastrado por una larga cuarentena para frenar el virus. Según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a principios de este año, se trata del peor resultado de las últimas tres décadas, después de una racha de 22 años de crecimiento económico ininterrumpido, muchos de ellos con tasas superiores al promedio latinoamericano.
El batacazo ha sido fuerte, el segundo mayor de su historia, después de la caída del 13,4 % de 1989, aunque mejor que los augurios del Banco Central, que pronosticaba un descenso del 12,5 %.
Según los datos oficiales, la cuarentena de más de 100 días que vivió el país el año pasado paralizó el 44% de la actividad económica, afectando a la mayoría de los rubros. El sector de alojamiento y restaurantes se contrajo un 50,45 %); transporte, almacenamiento y mensajería, un 26,81 %; servicios prestados a empresas, un 19,71 %; minería e hidrocarburos, un 13,16 %; manufactura, un 13,36 %; construcción, un 13,87 %; comercio, un 15,98 %; y electricidad, gas y agua, un 6,14 %. Tan solo telecomunicaciones (4,87 %), Administración Pública y Defensa (4,15 %), pesca (2,08 %) y el sector agropecuario (1,28 %) experimentaron leves crecimientos.
Una tímida recuperación parece que se inició en diciembre, con un aumento del 0,51 % después de nueves meses consecutivos de caída. Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) augura para Perú un crecimiento este 2021 del 9 %, el mayor de toda la región.
Problemas estructurales
Aunque el golpe de la pandemia ha sido duro, Perú debe lidiar además con otros problemas estructurales. La desigualdad social, la percepción de falta de oportunidades o la inestabilidad política son algunos de ellos.
La inestabilidad política se ha podido observar con claridad en el último mandato presidencial, cinco años en los que ha habido cuatro presidentes en el Perú, incluyendo a Manuel Merino, que ocupó el cargo durante cinco días (entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020).
En el ámbito de las oportunidades, según alertaba UNICEF en octubre, la pobreza monetaria de niños, niñas y adolescentes ya se situaba en el 26,9 % en 2019, y auguraba que al finalizar el primer año de la pandemia llegaría a alcanzar el 39,9 %. En el caso de la población general, se pasaría del 20 al 30 %, mientras que en las zonas rurales la situación es aún más dramática, con un 47,3 % ya en 2019.
De esta manera, la crisis sanitaria ha expuesto y profundizado las desigualdades existentes. Así sucede igualmente en cuanto a la brecha de género que hay en todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, el índice de analfabetismo entre mujeres (8,3 %) casi triplica la tasa de los hombres (2,9 %). Asimismo, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el último estudio, que data de 2019, recoge que la brecha salarial era del 25,8 %, aunque en algunas regiones, como Moquegua, puede alcanzar el 47 %.
Además, según el último informe de violencia familiar del INEI, de septiembre de 2020, el 57,7 % de las mujeres de 15 a 49 años han sufrido violencia alguna vez a manos de su pareja. Unos datos que todos los expertos aseguran que han empeorado durante este periodo de pandemia.
¿Y los derechos sociales?
Como político progresista, Castillo deberá valorar si integrar en la agenda política los derechos sociales que han quedado fuera del debate de la pasada campaña electoral, como la legislación del aborto, del matrimonio homosexual, de la identidad de género o de la eutanasia.
Hasta el momento no ha parecido mostrar interés por estos asuntos, reflejando el carácter conservador de la sociedad peruana, en la que el 80 % de la población se declara católico y el 15 % evangélico.
Solo por poner un ejemplo de la importancia de estos temas, en un país donde se estima que se realizan alrededor de 370.000 abortos clandestinos, la ley solo permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando se encuentra en riesgo la vida de la madre. Esta situación saltó a la mirada internacional en 2019 con el caso de Camila, una niña de 13 años que quedó embarazada por la violación de su padre, que llevaba abusando sexualmente de ella desde los 9 años. Camila tuvo un aborto espontáneo por el que tuvo que enfrentar cargos penales con penas de prisión.
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