Pese a negativa del Ministerio Público de investigar: Jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, es imputado por tortura psicológica

El 23 de mayo de 2023, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Fiscalía Centro Norte, presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, debido a la querella criminal presentada por la Asociación -el 6 de febrero de 2020-, en contra del exfiscal Regional de Magallanes y actual jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos Lucero, por los delitos de apremios ilegítimos y abusos contra particulares hacía dos funcionarias de la Fiscalía Regional de O’higgins.

Según se detalla en los antecedentes a los que el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso, todo habría ocurrido en el contexto de la investigación penal en contra del fiscal Emiliano Arias -liderada por Campos-, por supuestos hechos constitutivos de delitos e infracciones administrativas contenidos en la ampliación de la denuncia realizada por el fiscal Sergio Moya -el 19 y 22 de abril de 2019-.

“Se instruyó la declaración de funcionarios y asociados a la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte pertenecientes a la Fiscalía Local de Rancagua y Fiscalía Local de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins. Entre los funcionarios citados a declarar se encontraba nuestra asociada M.B*, abogada asistente de la Fiscalía Alta Complejidad de la Región de O’Higgins, quien pese a presentarse en reiteradas ocasiones a prestar declaración en forma voluntaria, y a colaborar en todo lo que se le solicitó, fue objeto de malos tratos, coacciones y apremios ilegítimos”, se detalla en la querella criminal del 2020.

En la acción judicial se menciona que los hechos ocurrieron el 3 de mayo del 2019, en la Fiscalía Regional de O’Higgins, en donde Campos, durante la toma de declaración en calidad de testigo de esta funcionaria, procedió en reiteradas ocasiones a amenazarla y realizar actos vejatorios en su contra, con el objetivo de obtener una declaración que perjudicara al fiscal regional Emiliano Arias.

“En su primera pregunta, Campos me consulta acerca de con quién mantengo una relación sentimental dentro del Ministerio Público (…) Luego, en forma directa y sobrepasando cualquier límite profesional, me preguntó si el fiscal regional Emiliano Arias era la causa del término de mi relación sentimental con un funcionario del Ministerio Público (…) me consultó directamente si había terminado mi relación debido a que tengo un vínculo amoroso o sexual con el fiscal regional, lo que negué tajantemente. Él insistió en este tema, consultándome si alguna vez el fiscal regional Emiliano Arias se había propasado conmigo o había tenido insinuaciones íntimas hacía mí, lo que volví a descartar de plano”, se lee en el documento, en el que además se revela que la funcionaria fue interrogada durante ocho horas, y que debido a los malos tratos de Campos, lloró prácticamente todo el tiempo.

Pero, el caso de M no es el único relatado en la querella. Ese mismo día -3 de mayo de 2019-, C.C* otra funcionaria de la Fiscalía Regional de O’Higgins y secretaria de Arias, también prestó declaración frente al personal policial, presentándose al término de dicha instancia el fiscal Campos, quien habría comenzado a gritarle luego de leer su declaración, preguntándole en qué momento el fiscal Arias la había llamado para recibir instrucciones. C, pese a estar desconcertada con su violencia, le dijo que no había recibido ningún llamado.

Incluso, en el documento se relata que Campos siguió gritándole a C por considerar ambigua su declaración, amenazándola -entre gritos- que le leería sus derechos, puesto que, estaba mintiéndole, demostrando notorio enfado por la situación. La declaración de esta funcionaria duró aproximadamente siete horas, sin descanso, siendo amenazada y presionada para que declarara lo que el fiscal Campos quería oír y no su conocimiento sobre los hechos.

“Mientras el oficial ordenaba la declaración me decía (fiscal Campos) que recuerde que tiene que declarar lo mismo cuando se le cite en el sumario, en mi estado tal de angustia, decía porque me advierte tanto?, me pregunta si yo tenía una hija, le digo que sí porque? Sentí que me estaba advirtiendo algo. Como puede ser posible recibir este tipo de tortura, haciéndome sentir aún más vulnerable (…) (C) quedó muy desconsolada, sin entender el origen del maltrato del cual fue víctima, gatillándosele crisis de pánico y debiendo asistir a terapia, en la que fue diagnosticada de padecer depresión aguda con indicación de medicamentos y licencia por tres meses”, finaliza la querella respecto a la responsabilidad de Campos.

Es importante aclarar que antes de la querella criminal, se interpuso una denuncia al Fiscal Nacional de aquella época, Jorge Abbott, quien por medio de la resolución del 2 de octubre de 2019, comunicó que el Consejo General del Ministerio Público decidió desestimar que se tratara de una denuncia respecto de hechos constitutivos de delitos, además de rechazar las solicitudes de instruir investigación administrativa en contra de Eugenio Campos.

Luego de más de tres años de investigación, el fiscal del caso Alexis Rogatt, solicitó el sobreseimiento definitivo de Campos, lo que fue rechazado por el Juzgado de Garantía de Rancagua, siendo confirmado por la Corte de Apelaciones de la ciudad -el 2 de mayo de 2023-. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó una vez más audiencia para comunicar la decisión de no perseverar en contra de Eugenio Campos.

Debido a esto, y como se mencionó al principio de este reportaje, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de Fiscalía Centro Norte presentó ante el Tribunal Constitucional, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, lo que finalmente fue acogido.

«En el ejercicio de esta función investigativa y como contrapeso a las potestades que se le otorgan, el Ministerio Público debe actuar respetando el principio de objetividad (…) el cual exige investigar con igual
celo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen (…) Por lo que toca al derecho a una investigación racional y justa», resolvió el TC.

Por lo tanto, la investigación penal en contra del actual jefe de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional va a continuar, y el Ministerio Público no podrá hacer uso de la facultad de no perseverar.

*Las identidades de las denunciantes fueron resguardadas para esta investigación.