Frente a la «permanente necesidad e imperativo ético de evitar un mal uso de los recursos públicos», el gobierno de Sebastián Piñera envió a los distintos servicios de la Administración del Estado un oficio que instruye medidas para dar eficacia a la inversión de platas fiscales.
En el documento de 13 páginas, fechado el 4 de abril pasado, La Moneda solicitó junto al ministro de Hacienda Felipe Larraín que los gastos de representación de autoridades sean reducidos en un 30%, aumentando el control sobre el arriendo de inmuebles y el uso que se le da a la flota vehicular de cada repartición.
«El uso y circulación de los vehículos fiscales deberá ser restrictivo, limitándose solo a tareas propias del servicio y vinculadas estrechamente a cometidos funcionarios», versa el instructivo.
Como destinatario, entre otros, figura el Ministerio de Defensa Nacional, encargado de supervisar el actuar del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile, y aunque en la orden presidencial no son directamente interpelados, se ha conocido que al interior de las ramas castrenses aún emergen acusaciones por mal uso de recursos que involucran a altos oficiales.
Lo mismo ha ocurrido en Carabineros. Por ejemplo, el 5 de febrero, La Segunda reveló que en virtud de un decreto de la extinta Subsecretaría de Guerra, firmado en 1998 por el entonces presidente Eduardo Frei, el ministro del Interior Carlos Figueroa y el titular de Defensa Edmundo Pérez Yoma, se gastan millonarias cantidades en «auto, chofer, bencina y tag vitalicios» para los ex generales directores de la policía uniformada.
El 6 de febrero, el periodista de Radio Universidad de Chile Nicolás Massai amplió la información. Reveló que las Fuerzas Armadas también gozan del beneficio y argumentan «protección» y «seguridad» para justificar los gastos.
Consultada por la Ley de Transparencia, la Fuerza Aérea entregó información escasa al respecto. Sin embargo, de acuerdo a antecedentes recabados por El Ciudadano, la entidad no estaría fuera de estos privilegios.
VALES COPEC
Este mes, el abogado Ricardo Cienfuegos de la ONG «Quiero Vivir sin Delincuencia» denunció a la Contraloría General de la República «la utilización por muchos años de vehículos fiscales, pago de combustible y asignación de Operador de Equipos Motorizados para los ex comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, beneficios que, al perder la calidad de empleados públicos activos… no les asiste».
Y no solo eso. El documento menciona la Orden de la Comandancia en Jefe de la FACH N° 66/9845, de fecha 12 de diciembre de 2014, mediante la cual se determinaría, a arbitrio suyo, la «distribución del personal activo de los servicios de la Fuerza Aérea para uso exclusivo de labores particulares en los respectivos domicilios de los oficiales generales, comodoros y oficiales superiores y jefes».
La denuncia identifica los vehículos placa patente GXPJ-19 (Subaru), HYXZ-56, HYXZ-69 y HYXZ-67 (Kia Optima), utilizados respectivamente por los ex comandantes en Jefe Jorge Rojas Ávila, Patricio Ríos Ponce, Ricardo Ortega Perrier y Fernando Rojas Vender. Este último se retiró en el año 1999.
Se precisa que el ex mandamás de la Fuerza Aérea Osvaldo Sarabia Vilches no tiene auto asignado, pero sí chofer: un sargento «designado para sus quehaceres particulares». El gasto mensual del conjunto en TAG sería de $86.000 pesos. El combustible se canjea en Copec.
Luego que diversos medios periodísticos informaran sobre el decreto de 1998, el jurista hizo presente que, de acuerdo a «información proporcionada por fuentes internas de la propia institución», la FACH habría dispuesto borrar y destruir gran parte de los registros y documentos que involucraban a sus hombres en el «usufructo».
«ÑANCUMAPU»
Pero el derroche, acusan, no terminaría ahí. La misma ONG informó en marzo a la Contraloría sobre un vuelo efectuado por el actual Secretario General de la FACH, el general de Brigada Aérea Dennis Harvey Parada, y su familia, a un predio ubicado en la Región de los Lagos el 2 de febrero de 2016. En la oportunidad se utilizó la aeronave militar DHC 6, matrícula 946 (ver manifiesto aquí).
El avión despegó en Puerto Montt y aterrizó en el aeródromo de Futaleufú con Karen Rybertt, cónyuge del alto mando, y sus hijos Karen, Dennis y Tom, quienes posteriormente se trasladaron a un predio fiscal denominado «Ñancumapu», donde existe una cabaña para ocho personas.
La oficina de Transparencia de la FACH sostuvo que el lugar no es un centro recreacional, que la estructura para pernoctar «es ligera» y que el grupo solo aprovechó un vuelo de «instrucción y entrenamiento de tripulaciones», pero la versión es puesta en duda por el testimonio de un ex mayordomo. De hecho, la Contraloría tiene en sus manos su declaración. Ésta aduce traslados «especiales» para vacaciones particulares de oficiales.
El ex funcionario, quien trabajó además como cocinero, dijo ser testigo de que un ex comandante en Jefe y varios generales «utilizaban aviones de la III° Brigada Aérea, del Grupo de Aviación N°5, despegando desde la Base Aérea ‘El Tepual’ hacia ‘Chaitén’ o a las pistas de aterrizaje ‘Palena’ o ‘Futaleufú’… se utilizaban vuelos especiales para estas personas, familiares y civiles en fines de semana, festivos y en situaciones de catástrofe que el país vivía».
«Luego de llegar a la pista, éstos eran trasladados en vehículos fiscales con combustible fiscal (vales de Copec) por más de una hora por Carretera Austral hasta llegar al sector de ‘Ñancumapu’, donde se encuentra la cabaña fiscal», precisó.
En su relato describió que la casa tenía «4 dormitorios, 3 baños, living, comedor y cocina, teléfono satelital, cable y calefacción central (gas con vales de la empresa Abastible)», además de dos botes con motor para navegar en el lago Yelcho.
EL GENERAL DE LOS PERROS
Traslados cuestionables con recursos de todos los chilenos también salpican al Ejército de Chile. En agosto de 2017, cuando El Ciudadano investigaba el oscuro desempeño del ex agente de la CNI Walter Mora en la oficina de seguridad de la Brigada de Aviación de Ejército (BAVE), el ex general Sergio Retamal Rubio, actual asesor del alcalde de Rancagua Eduardo Soto, reconoció haber usado un vuelo de la institución para trasladar a sus canes desde la Región de O’Higgins al norte del país.
«Le quiero aclarar esa situación. Yo salí trasladado a Antofagasta. Tenía que presentarme un día, y a raíz de eso solicité la factibilidad que dentro de un avión institucional que fuera para allá pudiera llevar mis dos mascotas. Eso fue todo y así lo hice. Lamentablemente… a lo mejor me equivoqué, lo reconozco. Creo que es un error», indicó.
También explicó que en el traslado no habría existido gasto adicional de combustible, ya que la máquina «iba en comisión a Iquique, a dejar personal», y que justamente debía hacer escala en su nueva destinación. «Eran dos perros chicos», indicó.
Retamal fue comandante de la BAVE hasta 2015. Durante su gestión ocurrieron hechos que motivaron demandas por vulneración de derechos contra el Ejército en el juzgado laboral de Rancagua, un hito en lo que respecta al uso de esa vía para alegar actos de discriminación.
El primer proceso fue ganado por el ex cabo César Illufi. En el fallo, ratificado por la Corte Suprema, quedó establecido que el soldado fue «cambiado unilateralmente de sus funciones» y que terminó siendo víctima de un trato desigual que vulneró «su integridad psicológica».
«Yo tengo el mejor recuerdo de la Brigada de Aviación en cuanto al personal… Hubo situaciones puntuales de personal que no cumplió lo que está establecido, y las personas en este caso fueron sancionadas», señaló el ex general.
Haciendo memoria de que la jueza del caso Illufi, María Reyes Gamboa, fustigó que el Ejército dividiera entre «ciudadanos de primera y segunda clase», Retamal dijo tener «otra opinión… no tengo el mismo juicio a lo mejor, pero no voy a hablar del tema, porque creo que no me compete».
El Ciudadano también confrontó a Retamal con fotografías de un vehículo del Ejército, placa patente WX-6361, que en el año 2014 era usado por la Comandancia de la BAVE para hacer «traslado del personal».
Eso consigna al menos el papel, ya que una de las imágenes muestra a una escolar que desciende del auto. En otra se ve a un soldado de uniforme empujando un carro de compras.
–Aparece una menor de edad bajando de ese automóvil. ¿Sería su hija? – consultamos al ex general.
-No, lo desconozco plenamente.
-¿Desconoce la información o niega que eso corresponda a…?
-Desconozco la información.
-¿Pero niega que se haya utilizado para ir a dejara su hija al colegio?
-Mire, en muchas oportunidades uno tiene miles de actividades que se desarrollan fuera de la guarnición, en este caso de Rancagua. A lo mejor, en alguna oportunidad, puede que yo haya dispuesto que hayan ido a dejar a mi hija, porque tenía el auto fiscal ocupado. Desconozco de dónde saca esa información.
Matías Rojas – [email protected]