El llamado frente de guerra occidental «Omar Gómez» de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) decretó el inicio de un «paro armado indefinido», que comenzará a regir este jueves a las 6:00 de la tarde en varias comunidades de los departamentos de Chocó y Valle del Cauca, al noroeste de Colombia, para supuestamente «visibilizar» la «grave situación humanitaria» que vive la población civil por la acción de grupos paramilitares.
El grupo guerrillero, que el pasado lunes pactó con el Gobierno colombiano realizar alivios humanitarios en esos departamentos, argumentó que la medida responde a que en esa zona del país habría una «alianza entre fuerza pública y paramilitares» para «asesinar comandantes guerrilleros», y para «combatir a la insurgencia, someter y atemorizar a la población civil», reseña RT.
«La fuerza pública es responsable de lo que viene aconteciendo por la connivencia con los paramilitares. Es de conocimiento público la presencia del Ejército en el corregimiento de San Miguel y la concentración de paramilitares al frente del pueblo en el lugar La Peña y la quebrada Minguimalo. No se necesita siquiera del esfuerzo militar para saber lo que está sucediendo en el sector mencionado», dice el texto al que tuvo acceso la prensa colombiana.
El ELN detalló que el pasado lunes 12 de diciembre, los paramilitares que han entrado a la zona asesinaron en el corregimiento de Negría del municipio Istmina a un joven identificado como Santiago Felipe Cáceres Murillo. «Lo tiraron al río sin permitir siquiera que sus familiares hicieran el levantamiento del cuerpo». Además, denuncian que hay otro chico que se encuentra desaparecido.
Por su parte la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que los hechos ocurridos en Negría fueron ejecutados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo contra la comunidad afro de esa zona, quienes fueron obligados a participar de una «reunión comunitaria» para intimidarlos, dañar y hurtar sus bienes, y asesinar a Felipe Cáceres, «cuyo cadáver fue arrojado al río San Juan y aún no ha podido ser recuperado».
Luego de estos hechos la población de Negría se desplazó totalmente (141 personas) al corregimiento de San Miguel del municipio de Medio San Juan y a la cabecera municipal de Istmina, agregó la Defensoría, que detalla que la misma comunidad ya había sido víctima de desplazamiento en los meses de enero, febrero y abril.
Rechazo y pérdida de credibilidad del ELN
El paro armado indefinido anunciado por el ELN impediría la movilidad desde este jueves por el río San Juan y sus afluentes. La medida afecta directamente a las comunidades de San Juan, Sipí, Cajón y Calima, y contradice a los llamados de un cese al fuego que piden las comunidades.
Sobre esta situación, Danilo Rueda, alto comisionado de Paz y participante del diálogo de paz con el ELN, declaró a medios locales que el grupo guerrillero debería actuar con coherencia al proceso que adelantaron en Caracas, Venezuela, porque pierden credibilidad con respecto a lo que ya han avanzado.
«El ELN debe obrar en coherencia si estamos en un escenario de paz, y debería considerar y valorar que ese tipo de comunicaciones en nada benefician la credibilidad que ellos puedan ganar ante la opinión pública, en la voluntad de paz», comentó.
Rueda precisó que esta medida unilateral solo afecta al ELN y de ninguna manera a la política del Gobierno. «Nosotros seguimos actuando en coherencia, todos los temas que se plantean en ese comunicado están siendo abordados en la coherencia de la política de seguridad humana de este Gobierno», agregó.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, Henry Armando Sanabria Cely, dijo a la prensa local que las autoridades se encuentran en máxima alerta tras el anuncio del grupo guerrillero y que se ordenó desplegar unidades especializadas para fortalecer acciones preventivas en Chocó y Valle del Cauca.
Agregó la alerta de seguridad involucra a 4.000 uniformados más un «despliegue adicional» de 400 hombres que se movilizan hacia las zonas de conflicto. El jefe de la Policía añadió que también realizan operativos ante eventuales acciones del ELN, en zonas de Antioquia, Cauca, Nariño, Arauca y Casanare.
«No es un mensaje de paz»
Por su parte, el defensor del pueblo colombiano, Carlos Camargo, dijo durante un evento institucional que rechazaba «de manera contundente» la medida de la guerrilla al considerar que «el anuncio de paro armado no es un mensaje de paz» ni de «reconciliación».
«No se puede estar adelantando unos procesos de negociación, unos diálogos, cuando no expresamos y no enviamos un mensaje al pueblo colombiano inequívoco a través de gestos concretos de paz», agregó el defensor, que pidió la suspensión inmediata de cualquier acción del grupo armado irregular.
Camargo agregó que «mientras el Gobierno Nacional conduce conversaciones y negociaciones con diversos actores armados, la voz de las víctimas debe ser escuchada con atención, y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, tendrán que ser garantizados».
«El llamado que una vez más hacemos desde la Defensoría del Pueblo, es decirle a cualquier grupo armado ilegal, a cualquier grupo armado organizado, en particular al ELN, que los colombianos y las colombianas requerimos de gestos inequívocos, de gestos genuinos de paz, porque después de adelantar el primer ciclo de negociaciones y de diálogos que concluyó el pasado 12 de diciembre, ellos se comprometieron a no desplegar acciones contra la población civil», dijo.
Camargo solicitó al Comando Central del ELN un pronunciamiento sobre esta situación para no perder confianza que se ha adelantado con el diálogo de paz y expresó la disposición de la Defensoría para acompañar el proceso.
Además, informó que delegó un equipo para «acompañar directamente» a la población confinada tras el anuncio de paro armado, y articular esfuerzos por la garantía de los derechos de las comunidades.
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