La violencia política ha sido una constante en el país suramericano, pero las cifras registradas en 2019 muestran que durante el gobierno uribista de Iván Duque la situación se está haciendo cada vez más crítica
El incremento sustancial en el número de asesinatos de líderes políticos en Colombia durante el transcurso de este año ha generado nuevas preguntas sobre cuáles son los verdaderos motivos detrás de esta violencia desaforada.
El pasado 1 de septiembre, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, por el partido Liberal, en el departamento de Cauca.
Según un comunicado de la Defensoría del Pueblo, reproducido por el diario El Espectador, García murió por disparos a manos de desconocidos mientras se desplazaba en su vehículo, el cual luego fue incinerado. Otras cinco personas fueron asesinadas en el mismo hecho.
Otros seis candidatos han sido asesinados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, y Caquetá entre agosto y septiembre, una realidad que ha despertado voces de alerta sobre el elevado riesgo de seguridad que existe para los políticos que participarán en las elecciones del próximo 27 de octubre, en las que se escogerán los cargos de gobernadores, diputados de las Asambleas Departamentales, alcaldes, concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales en toda Colombia.
Violencia política desatada
La violencia política ha sido una constante en Colombia, pero las cifras registradas en 2019 muestran que durante el gobierno uribista de Iván Duque la situación se está haciendo cada vez se hace más crítica.
De acuerdo con el más reciente informe sobre violencia política de la Misión de Observación Electoral (MOE), 364 líderes políticos, sociales y comunales de todo el país han sufrido agresiones en el último año. De ellos, 91 fueron asesinados.
Además de las muertes, el informe recoge datos sobre otros hechos de violencia que se presentaron en el último periodo preelectoral, incluyendo 224 amenazas, 45 atentados, dos secuestros y dos desapariciones forzadas.
“En el periodo observado se registran 20 candidatos víctimas de violencia política, 43 precandidatos, 51 funcionarios de elección popular, otros 27 funcionarios de alto nivel y 14 líderes políticos”, dice el reporte.
Según este documento, en Colombia todos los días se presenta una amenaza contra líderes sociales o políticos y hay un asesinato o atentado contra ellos cada dos días y medio.
Los hechos de violencia en general se han registrado en el 13 % de los municipios del país, específicamente en 27 departamentos, siendo Arauca, Cauca, La Guajira, y Valle del Cauca los más afectados.
Terror, muerte y elecciones
La Misión de Observación Electoral destacó la existencia de una correlación entre el calendario electoral y el aumento de la violencia.
El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) concuerda con este apreciación y en un informe reciente señaló que del 1 de enero al 9 de septiembre se registró un aumento de 82% en las muertes asociadas a la violencia política, comparado con el mismo período de 2015, cuando se realizó la última elección para cargos públicos locales y regionales.
Incluso, la Defensoría del Pueblo alertó que el 36 % de los municipios colombianos está en riesgo electoral por la presencia de grupos armados ilegales.
Al entregar la alerta temprana de Riesgo Electoral 2019, el defensor Carlos Negret dijo que ‘este documento debe convertirse en una herramienta de prevención, para que la próxima jornada electoral se defina por el debate de las ideas, de las propuestas por un mejor país, y no por la presión de los delincuentes’.
Según la Defensoría, existen 78 municipios que tienen un nivel de riesgo extremo, en donde hay disputa entre grupos armados ilegales o con la fuerza pública, así como economías ilegales, vulnerabilidad de la sociedad y poca presencia del Estado.
También hay advertencias para 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas.
Todo este escenario de riesgo se presenta a pesar que, en presencia del presidente Duque, representantes de partidos colombianos firmaron el pasado 26 de agosto un pacto por la cultura política y la no violencia en la campaña electoral.
La muerte no distingue partidos
El control del territorio, posicionamiento de actores armados y financiación de las campañas son algunos de los factores que se encuentran detrás de los asesinatos de candidatos y líderes políticos en Colombia.
Por lo general, las autoridades se refieren a las diferencias ideológicas en cada zona para explicar los repuntes de violencia electoral. Sin embargo, como lo demuestra el informe de la MOE, los ataques y asesinatos golpean a todas las colectividades sin importar su inclinación política.
“En el último año han sido atacados líderes de por lo menos 15 partidos políticos diferentes, que incluyen desde un candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Toledo, en el departamento de Antioquia; hasta dos candidatos al Concejo de los municipios de Bucaramanga y Socorro en Santander por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC)”, reseñó la fundación InSight Crime.
El asesinato de candidatos responde, en gran medida, al interés de los de grupos armados de cada zona en ejercer control y garantizar la operación de sus actividades ilegales, particularmente las que están ligadas al tráfico de droga, por lo que consideran algunos candidatos o líderes sociales como un obstáculo.
Entres esos grupos armados también se incluyen aquellos que promueven la erradicación forzada o la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y los patrocinan la creación de proyectos productivos alternativos al trasiego de coca para las comunidades.
Otro punto a considerar es la estigmatización política que sufren los candidatos durante la época electoral.
“Una semana antes de ser asesinada, por ejemplo, Karina García grabó un video en el que decía que sus contrincantes la acusaban, equivocadamente, de querer permitir la entrada del paramilitarismo a la región, llevar multinacionales al municipio para extraer oro y patrocinar el despojo de tierras. García afirmó que esas acusaciones la ponían en riesgo ante la convulsionada situación de seguridad que vive el Cauca”, indicó Insight Crime.
Por su parte, Camilo Vargas, coordinador del Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE, planteó que otra de las causas está relacionada con las disputas internas que existen dentro de los partidos.
“Los procesos internos de negociación en escenarios locales suelen ser saldados con violencia”, dijo Vargas al tiempo que explicó que, algunas veces, los mismos candidatos entran en disputa por conseguir el aval de sus partidos o ganar la contienda y en ese proceso contratan grupos armados para sacar del camino a sus contrincantes.
Asimismo, se refirió al peligro que en muchos casos suponen el origen del dinero que financia las campañas.
“Debido al descontrol de la financiación hay un incentivo perverso a lavar el dinero de la ilegalidad en las campañas electorales,” señala Vargas. En este sentido, el ingreso de dinero ilegal a las contiendas locales y regionales inserta estos procesos electorales en las dinámicas de violencia propias de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
Narcotráfico y minería ilegal
Grupos armados ilegales están copando territorios en varias zonas de Colombia por su interés en controlar el narcotráfico y la minería ilegal.
“Estas zonas se han convertido en puntos de acopio y centro de transacciones en torno al narcotráfico, la compra ilegal de oro, negociaciones alrededor de insumos, precursores químicos, clorhidrato de cocaína y tráfico de armamento”, indicó la Defensoría del Pueblo, al tiempo que señaló que las disputas entre “el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia” son causa principal de la violencia política.
La institución también señaló que los actores armados cometen extorsiones a empresas que realizan proyectos de exploración minera, y secuestran a los empleados, tanto de mineros legales como ilegales.
Rossi Jair Muñoz, defensor del Pueblo Regional de Cauca, subrayó que el narcotráfico, la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito están entre los problemas que afectan esta región del oeste colombiano, donde se registran los mayores hechos de violencia política.
Precisó que campesinos, indígenas y líderes sociales están entre las víctimas más frecuentes de algo que la Defensoría del Pueblo califica como una catástrofe humanitaria, por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
“A través de métodos violentos, en departamentos como Chocó, Nariño y Cauca, estos grupos controlan casi en su totalidad la explotación y comercialización del metal precioso desde la mina”, subrayó esta entidad.
Al respecto, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) alertó a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales sobre los hechos que se vienen presentando en la zona, que no se limitan a amenazas escritas, sino a persecución y muerte.
El Consejo subrayó que ‘las amenazas de muerte que seguimos recibiendo por nuestra labor autónoma de control territorial no responden a ningún proyecto político revolucionario, sino a la mezquina ambición del narcotráfico’.
“Sabemos que hay situaciones complejas por la presencia de proyectos de explotación minera y también de otro tipo de economía ilegal como los cultivos de uso ilícito que se han incrementado en los últimos años porque el Estado no hace una presencia integral en el territorio”, explicó por su parte Clemencia Carabalí, miembro de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca.
Incumplimiento del Acuerdo de Paz
Las elecciones regionales y locales de 2015 fueron catalogadas como las más pacíficas de la historia reciente colombianas. Estos comicios se dieron en medio de las negociaciones del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), que se firmó en noviembre de 2016.
Cuatro años después, el panorama parece ser muy distinto, debido al auge de las muertes y la violencia.
Los crímenes contra líderes sociales y políticos han sido calificados y denunciados como una situación de “genocidio” por organizaciones sociales, mientras que el gobierno del presidente Iván Duque parece ignorarlos.
De hecho, su administración ha sido constantemente señalada por no apoyar el acuerdo, ni respetar sus lineamientos.
Según un informe del Instituto Kroc -encargado de hacer la estimación oficial de la implementación del proceso de pacificación- da cuenta de que existe casi 31 % del contenido del acuerdo de paz que no se ha comenzado a ejecutar, pese a que ya debería estar en funcionamiento.
El estudio reveló que solo 23 % de los compromisos se han cumplido de manera completa, el 35 % tiene un nivel avanzado de implementación y se espera que el 12 % se cumpla del todo en el momento estipulado.
Por su parte, la analista María Consuelo Ahumada afirmó que «la intensificación de la violencia en Colombia», la estructural, «tiene que ver con el franco incumplimiento del acuerdo de paz y la política en contra del acuerdo, desarrollada por el Gobierno de Duque».
“Realmente han hecho todo lo posible por sabotear los acuerdos”, sostuvo en declaraciones a Telesur.
Para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que surgió tras la desmovilización de los insurgentes existe un plan de exterminio contra excombatientes, liderado por el gobierno uribista.
Desde la firma de la paz han sido asesinados más de 150 exinsurgentes, más de 600 líderes sociales colombianos y 167 líderes indígenas, de los cuales 102 perdieron la vida desde que Duque llegó al poder, hace un poco más de un año.
Esto derivó en que un sector de las FARC decidiera retomar las armas a finales de agosto.
Las consecuencias de la falta de cumplimiento de la palabra empeñada por el Gobierno en el Acuerdo de Paz se han dejado de ver en regiones como en el norte del Cauca.
“Eso se ha convertido en un caldo de cultivo para el deterioro de los derechos de la gente en nuestra región”, expresó la lideresa social Clemencia Carabalí, del norte del Cauca.
Denunció que ante la falta de cumplimiento de los acuerdos, “se ha incrementado la desatención por parte del Estado, se ha generado mucha incertidumbre, rearme de algunos sectores de la guerrilla que se desmovilizó y la presencia de grupos armados”.
Detalló que recientemente tuvieron la noticia por parte del Gobierno nacional de que incrementarán la presencia de soldados en el territorio, “lo cual es muy grave para nosotros porque de alguna manera eso representa mayor exposición y posibilidad de que se violen nuestros derechos”.
El próximo 27 de octubre será una fecha crucial, pues en 2015 no se tuvo que trasladar ninguna mesa de votación por motivos de seguridad, y los hechos de violencia se consideraron aislados, pero las elecciones regionales y locales será otra prueba de fuego para el gobierno de Duque, que tendrá que demostrar que puede garantizar el orden público en este evento democrático. Sin embargo, hasta ahora sus políticas no han tenido éxito en reducir la violencia.
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