La plataforma de servicio de transporte Uber anunció que dejará de operar a partir del próximo 1 de febrero en Colombia, en cumplimiento al fallo producido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Sin embargo, no se irá sin dar guerra ya que prepara una demanda contra el Gobierno colombiano.
Tras una demanda interpuesta por Cotech (proveedor de Taxis Libres), el pasado 20 de diciembre la SIC halló a Uber responsable de incurrir competencia desleal al desviar a la clientela de manera insana y deshonesta y obtener ventaja competitiva ilegalmente, por lo que le ordenó a la compañía dejar de operar de manera inmediata.
En un comunicado, la SIC explicó que «en ejercicio de funciones jurisdiccionales, resolvió la demanda interpuesta por Cotech S.A. en contra de Uber BV, Uber Technologies INC y Uber Colombia S.A.S.», y determinó que estas últimas incurrieron en «actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela (artículos 8 y 18 de la Ley 256 de 1996) al prestar irregularmente el servicio público individual de transporte».
El ente también indicó que la compañía Uber BV como licenciatario de la aplicación “Uber” presta el servicio de transporte público individual de pasajeros, al crear la oferta y poner a disposición de los usuarios dicho servicio, lo que «viola las normas que regulan el mercado, genera una ventaja significativa en el mercado, y genera desviación de la clientela de Cotech S.A.».
En su dictamen la SIC ordenó el cese de inmediato de «los actos de competencia desleal declarados y que se ejecutan haciendo uso de la aplicación ‘Uber'» y que incluyen «la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades ‘Uber’ ‘Uber X’ y ‘Uber VAN’, por medio de la utilización de la aplicación tecnológica ‘Uber’ en el territorio colombiano».
Varios gremios de taxistas en América Latina han presentado demandas similares y en algunos países han logrado que se prohíban, pero la interrupción total del servicio ha sido casi imposible en la región. Sin embargo, Colombia llegó al extremo de ordenar a las operadoras de telefonía móvil que bloqueen su funcionamiento.
El gobierno de Iván Duque defendió el dictamen y el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, planteó que «no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano».
Sin embargo, algunos analistas advierten que la decisión de la SIC responde a un pacto entre el gobierno y los taxistas para prohibir a Uber a cambio de que este importante gremio no apoyara el paro nacional que ha generado protestas contra Duque desde el 21 de noviembre.
‘Adiós’ por una decisión «arbitraria»
Ante el fallo de la SIC, la plataforma de servicio de transporte indicó que es un acto de censura e infringe la Convención Interamericana de Derechos Humanos, «que ya condenó los intentos de bloqueo de la aplicación y al sitio web de Uber por violar la neutralidad de red, libertad de expresión y libertad de Internet».
Mientras que en el comunicado publicado el pasado viernes para anunciar su salida de Colombia, la compañía denunció que la decisión de la SIC es arbitraria y va en contra del ordenamiento jurídico de ese país, violando el debido proceso y derechos constitucionales.
“Por esta razón, apelamos inmediatamente este fallo y estamos utilizando todos los recursos legales para defender el derecho de dos millones de usuarios de elegir cómo se mueven por las ciudades y por la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias”, afirmó la empresa.
Uber destacó que respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades, pero señaló que este tipo de medidas -como la adoptada por la SIC- son el resultado de la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia.
Indicó que fue la primera compañía en ofrecerle al país suramericano una alternativa de movilidad innovadora y confiable. “Hoy, seis años después, Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología”, agrega.
De la misma forma, aclaró que la plataforma en línea de pedido de comida a domicilio, Uber Eats, no se verá afectada por la decisión de la SIC, por los que los usuarios seguirán teniendo acceso a este servicio.
Uber demandará al Gobierno de Duque
Uber apeló el fallo de la SIC y anunció su intención de llevar a cabo un millonario pleito internacional contra el Gobierno de Colombia, con base en una presunta violación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En una carta enviada al presidente Iván Duque, y revelada por medios locales, recordó que es una empresa amparada por las leyes del estado de Delaware (EE. UU.) y por tanto «es un inversor protegido» de ese país.
Igualmente, señaló que Uber Colombia es una subsidiaria de Uber, «que es un inversor protegido de Estados Unidos», por lo que Uber Colombia «es una empresa protegida en virtud del Tratado”.
La misiva, firmada por Miguel López Forastier, abogado especialista en pleitos internacionales, planteó que las medidas «arbitrarias y discriminatorias» de Colombia contra Uber corresponden a «la presión política de los intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule sus inversiones».
La compañía le pidió al Mandatario colombiano que se reúna con ellos o que designe a un alto representante para negociar y buscar una resolución al conflicto.
«En virtud de la ley internacional general, Uber y Uber Colombia buscan una resolución de la disputa mediante consulta y negociación y, a tal efecto, solicitamos una reunión con usted, o con el alto funcionario del Gobierno que desee designar, para llevar a cabo dicha consulta y negociación a la brevedad posible de la República», expuso la carta, citada por EFE.
«Tanto Uber como Uber Colombia poseen inversiones protegidas en virtud del Tratado (TLC). Uber y Uber Colombia, incluidos sus más de 230 empleados en Colombia, han contribuido al crecimiento de la economía desde 2013», son parte de los argumentos presentados por la compañía.
Uber también alegó que otras compañías de Colombia y terceros países que ofrecen formas similares en la nación suramericana no han sido sometidas al mismo tratamiento y continúan operando sin interferencia.
El Estado responderá a la demanda
Ante la amenaza de una demanda por parte de Uber, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, dijo que Colombia está lista para enfrentar el proceso, pero indicó que primero vendrá una etapa de conversaciones directas con la empresa, luego de las cuales sí podría presentarse la acción legal.
«Uber tiene sus argumentos que no están desarrollados en la carta (…) En las demandas de inversión viene una etapa previa, de conversaciones entre el inversionista y el Estado. Eso está en función de la agencia, en compañía con el Ministerio de Comercio. Si en seis meses no se ha logrado un acuerdo, sí podrían demandar. No sé qué foro escogerían, pero el más común es el Ciadi, del Banco Mundial”, dijo Gómez.
Además se refirió a las posibilidades de defensa que tiene la nación suramericana. «Hemos enfrentado demandas más complejas, Colombia está lista. Hemos tenido procesos como el de Gas Natural Fenosa, Naturgy, Movistar, Claro (…); pero lo primero que haremos es sentarnos en el Estado a evaluar la posible defensa», subrayó.
Falta de regulación
El representante de la Alianza Verde ante la Cámara de Diputados, Mauricio Toro, expresó que la acción legal que quiere tomar Uber es “desacertada”, y constituye una movida inoportuna, que carece de solidez jurídica.
«Los colombianos no debemos pagar este tipo de demandas. Uber ha aprovechado la falta de regulación. Insisto: la forma es regular urgente para evitar abusos de parte y parte. Los ciudadanos no podemos seguir sometidos», escribió en su cuenta de Twitter.
Indicó que lo que ha venido pasando «es que esa falta de regulación es la que permite abusos. «Eso no lo podemos permitir”, añadió.
Por tal motivo, hizo un llamado al Gobierno de Duque y al Congreso para discutir en el Legislativo para reglamentar las plataformas de transporte y servicios, en aras de “que no afecten al ciudadano».
«Esta regulación debe darse de cara a la libertad ciudadana, que finalmente debe escoger en qué se quiere movilizar”, señaló Toro, quien ha presentado al Congreso una serie proyectos para regular el servicio tercerizados de plataformas digitales como Uber, Rappi, Didi, Cabify o Beat
Asimismo, indicó que si Uber deja de operar en Colombia «no genera un ambiente positivo para el debate que se está dando en este momento, ni abona el terreno al consenso al que se quiere llegar para sacar adelante el proyecto de regulación de estas plataformas que está en trámite en el congreso de la República. Esto termina afectando la discusión».
Planteó que la situación con Uber genera incertidumbre jurídica en el resto de plataformas.
«Todas las plataformas lo pueden estar sintiendo y también es entendible que ‘tiren la toalla’ y digan: ya no podemos luchar más ante el silencio de un Gobierno que ni siquiera se ha pronunciado ante estas decisiones. Lo peor es que los afectados son los ciudadanos que se quedan sin una opción más de movilidad«, subrayó en una entrevista concedida al portal Portafolio.
También señaló que el silencio y actitud pasiva del Ejecutivo se debe a la inestabilidad política y el bajo respaldo popular que tiene la administración de Duque.
«La presión de los taxis ha sido demasiada en un momento de inestabilidad política donde el Gobierno no aguanta que ningún sector más se sume a los paros. Para mí, esto ha hecho que el Gobierno haya acelerado una decisión que tenía engavetada desde hace mucho tiempo, que además va en contra de los ciudadanos y la tecnología», dijo
Para Toro, la decisión de la SIC contra Uber es peligrosa ya que «sienta un precedente gravísimo para la tecnología y la innovación en Colombia, que permitiría que otros sectores puedan empezar a hacer un efecto espejo de esto y empezar a demandar a las plataformas».
Adiós a la inversión
Al anunciar su decisión de cerrar operaciones en Colombia, la plataforma Uber destacó que durante los últimos 18 meses ha movido la economía del país, al aportar cmás de 70.000 millones de pesos (23 millones de dólares) en impuestos por concepto de IVA, y generar 88.000 empleos «para conductores que quieren tener una opción de “autoempleo flexible”.
Antes de anunciar que demandaría al Estado y abandonaría el país, la plataforma Uber había decidido retirar 40 millones de dólares que tenía para construir su tercer centro de excelencia de Latinoamérica en Bogotá, debido a falta de estabilidad regulatoria y apoyo institucional a la innovación.
Este centro planeaba abrir sus puertas en 2020 y proyectaba la creación de 600 nuevos empleos directos.
«Colombia, por su potencial y relevancia para la región, había sido elegida como el tercer mercado en Latinoamérica para ser sede de uno de sus centros de excelencia (…) Este complejo hubiera brindado soporte especializado en materia de servicio y seguridad a usuarios, socios conductores y socios repartidores de las aplicaciones Uber y Uber Eats en Latinoamérica», informó la compañía en esa oportunidad.
A diferencia de lo que ocurre en Colombia, Uber ya está regulado en más de 80 jurisdicciones en América Latina, incluyendo varias ciudades (Curitiba, Río de Janeiro o La Paz), estados (Mendoza, Jalisco, Puerto Rico y el Estado de México) y países (Brasil, Uruguay y Paraguay). Hay casos como Chile, Ecuador y Perú, donde hay discusiones avanzadas sobre el tema.
Lo cierto es que quienes tendrán que sufrir las consecuencias del conflicto entre Uber y el Gobierno serán los usuarios, quienes hacen uso de este servicio ante la falta un sistema de transporte público que cubra sus necesidades.
La capital colombiana, Bogotá, se encuentra en la lista de ciudades con peor tráfico del mundo, por lo que la suspensión de Uber complicará la vida de los 7,5 millones de habitantes que se desplazan por esta urbe diariamente.
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