Prefecto de Carabineros de Aysén habría infringido Ley de Casinos

Con preocupación ha tomado la Inspectoría General de Carabineros la multiplicidad de denuncias y reclamos que surgen desde la XI Zona de Aysén a cargo del general Gerardo Concha Ortega, figura central de publicaciones realizadas por El Ciudadano que develaron el posible uso indebido de personal institucional para fines ajenos al servicio, como limpieza particular de la casa que el oficial habita en la región.

En el contexto de los cuestionamientos que golpean al mando, El Ciudadano conoció otro hecho ocurrido el 23 de abril de 2016, cuando el prefecto de Aysén, coronel Miguel Ángel Ortiz Farías, visitó la sala de juegos del Casino Dreams de Coyhaique para efectuar apuestas en las máquinas de azar de dicho recinto.

La presencia de Ortiz fue interpretada como una contravención al artículo 10 de la Ley Nº 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, por lo que inmediatamente se informó del asunto al jefe de Zona, Gerardo Concha.

En el Documento Electrónico Nº 47054016, enviado en mayo de este año por la unidad jurídica con el asunto «Ley de Casinos», se lee que el coronel no puede «alegar conocimiento de dicho precepto», atendido lo indicado en el artículo 8º del Código Civil, cuya letra señala: ‘Nadie podrá alegrar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia’.

El cuerpo legal en cuestión prohíbe realizar «bajo circunstancia alguna ningún tipo de apuestas en los juegos de azar» a funcionarios del Estado que «en razón de sus cargos, tengan la custodia de fondos públicos», algo que el prefecto habría infringido en su ingreso al Dreams.

La individualización de los sujetos afectados en la prohibición, según especifica el documento revisado por El Ciudadano, «no se refiere a la idea de ser el mando de una administración de caja o unidad contable, sino a tener la administración de recursos públicos en cualquiera de sus formas, sean éstos, especies en dinero o especies valorables».

«Es por lo anterior que debe considerarse que el Sr. Prefecto y todos aquellos funcionarios que administren de alguna forma recursos públicos, sean a título de cuota fija, viáticos, alguna comisión (tales como casa de huéspedes, poblaciones, rancho, etc.), no pueden ingresar a la sala de juegos de los casinos de juegos a efectuar apuestas», concluye el texto.

Fuentes de este diario señalan que lejos de buscar una sanción para el coronel Ortiz, el general Concha se abstuvo de iniciar una investigación sumaria o poner los antecedentes en conocimiento de la Superintendencia de Casinos de Juego.

EL CASO ALBORNOZ

Cabe recordar que Ortiz ya arrastra mala fama por registrar una «anotación del 2do Juzgado Militar de Santiago, que le condenó a 541 días de reclusión menor en su grado mínimo, pena remitida; como autor de cuasidelito de homicidio». Quien perdió la vida fue un niño, Sergio Albornoz Matus, baleado por Carabineros en el marco de una protesta contra Augusto Pinochet en la comuna de La Granja en 1988.

El informe Rettig consigna al respecto: “El 30 de agosto las bodegas ubicadas en un Parque Municipal cercano a la villa La Cultura, fueron asaltadas e incendiadas por manifestantes. Se hicieron presentes carabineros y bomberos. En ese contexto se produjeron disparos con armas de fuego de diversos orígenes. Una bala lo impactó provocándole la muerte. Los antecedentes específicos del hecho y los datos generales del contexto permiten a esta comisión llegara a la convicción que Sergio Albornoz murió víctima de la violencia política”.

En 2005, la Cuarta Sala de la Corte Suprema, en votación unánime, condenó al Fisco al pago de una indemnización de 50 millones de pesos a la familia de Albornoz Matus.

Respondiendo a una presentación realizada en abril de este año por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados sobre los antecedentes judiciales de Ortiz, la Secretaría General de Carabineros admitió los hechos, afirmando, sin embargo, que ello «no constituye inhabilidad de permanencia en la administración pública».

El legislativo solicitó expresamente que la institución transparentara su opinión sobre el nombramiento de un oficial vinculado a un proceso de DDHH en Aysén, pero no hubo alusión al punto.

En vista de versiones difundidas en 2011 por algunos medios de prensa, que imputaron al exgeneral director de Carabineros, Gustavo González Jure, y no a Ortiz el asesinato del menor, El Ciudadano consultó directamente al coronel sobre aquello por escrito. La XI Zona contestó que «el Prefecto de la Prefectura Aysén no formuló comentario alguno sobre el particular».

CHOFER A LA CALLE

Como informamos en el encabezado de esta nota, el complejo escenario que enfrenta la XI Zona Aysén tanto en el plano administrativo como judicial, con oficiales imputados en varias causas de la Fiscalía Militar de Coyhaique y un expediente secreto en el Ministerio Público que indaga presuntas redes de prostitución infantil con protección policial, ha sido monitoreado activamente desde Santiago.

Tanto así que en la región se dejó caer hace algunos días el general inspector Nabih Soza para solicitar cuentas al general Concha. Como se observa en el Alto Mando institucional para 2017, Concha, próximamente en retiro, quedó fuera de la lista y dejó vacante el cargo para el general Máximo Lira Oetiker, quien dirigía la zona Policial de Control del Orden Público en La Araucanía.

Diversas fuentes comentan que Concha, al verse envuelto en las publicaciones de El Ciudadano que aludían al uso de personal para tareas domésticas, sobre reaccionó, primero expulsando de su casa a funcionarios de la Zona que había destinado irregularmente para esos propósitos al conocerse – a través de este medio – el accidente sufrido por el cabo Germán Sepúlveda con un líquido limpia alfombras, y segundo, cambiando unilateralmente a su chofer, el sargento Carlos Parra Muñoz, a quien destinó a otra unidad.

Como informara El Ciudadano a fines de septiembre, Parra obsequió al general una costosa mascota que se extravió y motivó un amplio operativo de búsqueda – nuevamente, con subalternos que no están para esas labores – en los alrededores del Condominio Campo Alegre, donde reside.

Parra, un ex integrante de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de Aysén, fue cuestionado por la Justicia Militar en la investigación abierta a raíz de los disparos propinados al pescador Teófilo Haro, quien perdió la visión de un ojo en el contexto de la movilización “Tu problema es mi problema” de 2012.

El ahora exchofer de Concha habría declarado hechos falsos para proteger al excomandante Victor Follert, quien arriesgaría 15 años de cárcel de acuerdo a lo manifestado por el abogado Cristián Cruz, defensor de Haro, en una reciente entrevista con el diario patagónico El Divisadero.