Una invasión militar solo podría autorizarla el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ya se ha abordado el tema, pero también el donde el poder de veto de Rusia y China hace prácticamente muy difícil la posibilidad de que se apruebe
La oposición venezolana lleva más de 20 años anunciando el fin del gobierno chavista. Sus partidarios, militantes y adeptos llevan 20 años siendo engañados. Una y otra vez han visto cómo los planes -democráticos o no- de sus “líderes” fracasan, cómo estos han sido incapacez de reconocer sus derrotas electorales y cómo se han convertido en expertos justificadores de oficio.
En este sentido, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) pareciera ser la más “novedosa” estrategia de la cúpula opositora para “sembrar” esperanzas en una militancia que tiene nueves meses escuchando a Juan Guaidó repetir -una y otra vez- “el régimen está acabado”, “yo soy el presidente legítimo”, “tenemos el respaldo de la comunidad internacional” y una larga serie de mentiras que no terminan de convencer.
Este miércoles 11 de septiembre, un pequeño grupo de Gobiernos de la región, alineados a los intereses colonialistas de Estados Unidos, invocaron en la Organización de los Estados Americanos (OEA) la activación de ese nefasto instrumento jurídico que en más de 70 años jamás ha sido útil para nación alguna.
La intención de esta acción es dar un aliento a quienes sueñan con una intervención militar extranjera en Venezuela, puesto que se invoca horas después de que Donald Trump despidiera al criminal de guerra John Bolton como Asesor de Seguridad Nacional, casualmente por su postura radical en contra de Venezuela, entre otros países.
Sin embargo, ¿qué significa realmente la invocación del TIAR? ¿es un movimiento legal o una mera manipulación jurídica? ¿qué implicaciones tiene este Tratado en la región? Son algunas de las interrogantes que surgen luego de la burda decisión tomada en el seno del Consejo Permanente de la OEA.
Para ello, El Ciudadano consultó sobre el tema a la abogada constitucionalista, magíster en Derecho Público y Derechos Fundamentales, y profesora universitaria Ana Cristina Bracho.
La experta en derecho explica que todo forma parte de la guerra jurídica emprendida por Estados Unidos contra Venezuela, con el apoyo de gobiernos satélites en la región. En pocas palabras, es un ejemplo de una estrategia conocida como “fakelaw” o falso derecho contra la soberanía nacional.
El término lo introdujo recientemente Alfred de Zayas, abogado estadounidense, especialista en materia de Derechos Humanos y quien se desempeñó como experto independiente de la ONU para la promoción de un orden internacional democrático e igualitario.
El 15 de marzo pasado, vía Twitter, planteó sobre el caso venezolano: “La ley falsa es aún más peligrosa que las noticias falsas. Guaido no tiene base legal para fingir que puede pedir ayuda militar extranjera para completar el golpe”.
Al respecto, Bracho recuerda que aunque este concepto se relaciona con el de las Fake News, aún no tiene un desarrollo doctrinario que permita citarlo oficialmente, pero sí tiene una gran utilidad para comprender la realidad venezolana.
“Tomaremos, a nuestros efectos, por Fake Law la creación de un discurso con apariencia de legalidad, por su forma o referencia a instrumentos jurídicos efectivamente existentes, y cuyo objetivo es revestir de supuesta validez y legitimidad actos expresamente proscritos en la Legislación o, por lo menos, contrarios a la interpretación sistemática y pacífica del Derecho”, sostiene Bracho.
De una forma más simple, el Fake Law “se utiliza con la intención deliberada de engañar, inducir a error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona u obtener ganancias económicas o rédito político, y, muchas veces influye directamente sobre autoridades internacionales o gobiernos extranjeros”.
Así, la invocación del TIAR en la OEA se convierte en el más claro y reciente ejemplo de Fake Law contra Venezuela.
“Es una construcción jurídica nula e, incluso, absurda con la que se pretende efectuar actos cuyos objetivos son los mismos de la guerra convencional: una reconfiguración de la economía en favor de quien la procura (en este caso, EE. UU.) sin importar las consecuencias de la población que la sufre (la venezolana)”, detalla Bracho.
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es un pacto de defensa mutua, suscrito en Río de Janeiro en 1947, durante la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente. Lo integran actualmente 17 Estados de la OEA, mientras que otros seis se han retirado.
¿Se puede utilizar el TIAR contra Venezuela?
En primer lugar, debemos recordar que es un instrumento que existe en el marco de la OEA, institución multilateral de la cual Venezuela ya no forma parte, aunque el Grupo de Lima y su bancada de diputados venezolanos pretendan que en ese ámbito se produjo una “sucesión” de gobiernos.
Venezuela, insistimos, no forma parte de la OEA, por la simple razón que nuestras autoridades legítimas solicitaron en 2017 abstraerse de la multilateral, alegando la propia Carta constitutiva de la organización y esperando el lapso previsto en ella para apartarse.
Seguidamente, tenemos que recordar que en mayo de 2012, Venezuela se retiró del TIAR, junto con Bolivia, Nicaragua y Ecuador, existiendo en aquella ocasión un Comunicado Conjunto que explicó las razones que inspiraron esta decisión.
¿Cuáles fueron esas razones?
El TIAR fue creado como mecanismo de defensa continental colectiva, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y su seguimiento por la Guerra Fría, que condicionó y determinó los instrumentos jurídicos internacionales aparentemente destinados a asegurar la paz y la seguridad en nuestra región.
Sin embargo, aunque respondió supuestas agresiones de potencias como la Unión Soviética y China, demostró su inutilidad cuando una potencia colonial extracontinental como Reino Unido agredió a Argentina en respuesta a su reivindicación legítima de la soberanía de las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, ocasión en la cual un Estado parte del Tratado apoyó la agresión: Estados Unidos.
Ese fue el incidente histórico que demostró que Estados Unidos, comprometido en este Tratado, pero también miembro fundamental de la OTAN, priorizó este último sobre aquel, por lo que el TIAR se convirtió en un mero mecanismo para la protección de la hegemonía estadounidense en la región. Allí que haya perdido su legitimidad y vigencia.
¿Qué pretende la oposición venezolana lograr con eso?
Políticamente pretende demostrar el rechazo a la presencia y ayuda que ha significado para la Revolución Bolivariana el apoyo de China y Rusia. También busca extender la vida de la difunta relación entre la OEA y Venezuela, en el marco del retiro y de la exigencia de países como Uruguay en la más reciente reunión, cuando solicitó que los “enviados” de Guaidó fuesen retirados del encuentro.
Ahora, jurídicamente, la oposición intenta seguir forzando las competencias de la Asamblea Nacional hasta deformarla, haciendo de un poder miembro de un Estado, donde todos conviven y colaboran por los fines comunes, el centro de las operaciones para destruirlo a ese Estado.
¿Por qué la OEA insiste en abordar el tema como si fuera legal?
En el debate está la tergiversación del Derecho. La creación de una posibilidad, jurídicamente inexistente, de autorizar un acto -una intervención militar- que para el derecho internacional, como mínimo, sería un crimen de agresión.
Era necesario conformar un grupo de países que apoyen la acción o entren a una coalición para hacerla. Desarrollándose entonces un juego: si un país ataca a otro, es un crimen de agresión, pero si son varios podemos decir que la comunidad internacional considera que un país tiene un comportamiento inadecuado incluso peligroso para el sistema.
Por eso, antes de atacarlo, era necesario crear alianzas para demostrar que esa manera de ser no debe tolerarse. Esta es la razón de existir del Grupo de Lima, jugar para hacer pasar cualquier acción unilateral y en consecuencia, ilegal, como colectiva, consensuada y destinada a proteger valores más importantes.
Sin embargo, ese apoyo colectivo no ha sido posible obtenerlo. Al menos no de una forma contundente y sin generar un rechazo importante de otros países. Allí parece que se impone el juego de simular que es constitucionalmente posible que se dé una intervención, así esto sea la más flagrante violación del principio fundamental de nuestra República, cómo ya lo hemos explicado en varias ocasiones.
La respuesta del Gobierno de Venezuela
En un comunicado, la Cancillería venezolana condenó el show que ofreció la OEA “aprobando” la invocación del TIAR y recodó -igualmente- lo inútil que resultó durante la Guerra de las Malvinas.
“El TIAR fue impuesto a nuestra región por EE. UU. en el marco de la Guerra Fría, y su propósito fue legitimar intervenciones militares en América Latina por razones ideológicas. Así sucedió en Guatemala en 1954, en Cuba en 1961, en República Dominicana en 1965, en Granada en 1983 y en Panamá en 1989 (…) Cuando existió una verdadera agresión de una potencia extra continental contra un país latinoamericano, como es el caso de Argentina en 1982 por parte del Reino Unido, los Estados Unidos traicionaron al continente y obviaron su activación, alineándose con su socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”.
Asimismo, el Gobierno venezolano considera “doloroso que países que fueron invadidos por tropas estadounidenses y cuyos pueblos fueron masacrados en aplicación del TIAR, hoy avalen un crimen semejante contra un país hermano, en una sesión del Consejo Permanente de la OEA a todas luces írrita y nula”.
Venezuela ratificó también que “no acepta ni reconoce ninguna obligación derivada de este Tratado, vergonzosa herencia del neocolonialismo en América Latina y el Caribe”, del cual no forma parte.
El TIAR se convoca a conveniencia de Washington
EL TIAR es un instrumento que tiene implicaciones militares porque se centra en acciones ante una posible intervención armada extranjera. El Consejo Permanente de la OEA solamente se puede encargar de evaluar si hay condiciones para convocar una reunión de consulta de los integrantes o si aplican las medidas correspondientes.
Un reportaje del portal Misión Verdad recuerda cómo, a través de los años, EE. UU. fue llevando al TIAR hacia una crisis tan pronunciada que muchos de sus miembros lo consideraron obsoleto.
En 1961 no fue convocado tras la fallida invasión a Bahía de Cochinos, en Cuba, país que todavía era miembro. En 1962 se aprueba a favor de la política norteamericana tras la crisis de los misiles. Ese año Cuba es excluido y se prohíbe la entrega de armas al gobierno de Fidel Castro.
Igualmente, el TIAR dio el visto bueno a invasiones militares en República Dominicana, Granada, Nicaragua y Panamá.
En 1982, la mayoría votó a favor de apoyar a Argentina en la Guerra de las Malvinas, pero Estados Unidos se negó y ayudó militarmente a Gran Bretaña.
Cuál es la estrategia de Guaidó y compañía
La estrategia del TIAR no es más que un nuevo elemento del golpe continuado y la amenaza abierta de intervención militar a Venezuela por parte de Estados Unidos.
Actualmente, 17 miembros de la OEA se mantienen adheridos al TIAR, entre ellos: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, entre otros.
Como bien explica Misión Verdad, el elemento que se pretende utilizar como “amenaza” contra Venezuela es que todos ellos han reconocido a Guaidó como presidente encargado y, por tanto, el Gobierno de Nicolás Maduro resulta una usurpación del Poder.
En vista de ello, el TIAR contempla una serie de medidas de presión en su artículo 8, para «restablecer la paz y garantizar la seguridad hemisférica”:
- El retiro de los jefes de misión.
- La ruptura de las relaciones diplomáticas.
- La ruptura de las relaciones consulares.
- La interrupción parcial o total de las relaciones económicas.
- La interrupción parcial o total de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas, o radiotelegráficas.
- El empleo de la fuerza armada.
Aunque se trata de medidas progresivas, la oposición que lidera Guaidó -ante su incapacidad para ganar unas elecciones democráticas- quiere invocar es la última acción: la intervención militar.
No obstante, se trata de una decisión que está restringida exclusivamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde ya se ha abordado el tema, pero también el donde el poder de veto de Rusia y China hace prácticamente imposible la posibilidad de que una intervención sea aprobada en esa instancia.
¿Intervención militar?
Al respecto, el enviado especial de Trump para los asuntos de Venezuela, Elliott Abrams, ya adelantó que «el TIAR es mucho más amplio» que un tratado militar, pues también habla de “acciones en común, pueden ser relaciones diplomáticas, pueden ser [medidas] económicas, pueden ser sanciones».
Viéndolo así, tal como lo expone Misión Verdad, según lo dispuesto y la práctica, ya el TIAR se estaría aplicando tácitamente contra Venezuela.
En palabras más sencillas: la convocatoria del TIAR “no garantiza que se lleve a cabo una operación de carácter militar en Venezuela”, al punto que hasta dentro del propio Grupo de Lima rechazan esa posibilidad. Sin embargo, con Bogotá como lacayo de Washington podría alterarse esa realidad.
“La militarización del expediente contra Venezuela pudiera ser apuntalada por el empeño del Gobierno de Colombia en denunciar, en innumerables oportunidades, la incursión de militares venezolanos en su territorio y la presencia de grupos armados colombianos refugiados en territorio venezolano”, expone Misión Verdad.
Además, desde las grandes cadenas mediáticas se pretende imponer la matriz de opinión de que Rusia tiene presencia militar activa en Venezuela, como mecanismo para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Acá no resalta la Fake Law, pero sí las continuas Fake News.
En definitiva, el TIAR no tiene rango legal para autorizar una intervención militar en Venezuela, debido a que Venezuela no forma parte de este Tratado y, más importante aún, porque Maduro es reconocido por la ONU como presidente legítimo y en el Consejo de Seguridad la Federación Rusa jamás lo permitiría.
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