¿Qué se esconde en el hoyo del Barrio Bellavista?

El número 241 de la calle Constitución del barrio Bellavista es hoy día un inmenso hoyo rodeado de casas de colores, locales y equipamientos. Un despojo de una parte de la esencia del barrio donde no hay nada más que un vacío que los vecinos y vecinas quieren volver a rellenar.

La teoría dice que este enorme forado tiene que convertirse en un centro gastronómico –el segundo de la zona– que “converse y se integre al barrio, sus calles y su vegetación”, en palabras de Enrique Ayala, gerente general de Cimenta, el fondo de inversión propietario del terreno. Sin embargo, por ahora, lo que hay son excavaciones de 15 metros bajo tierra justo en el borde de las casas –en la manzana conformada por las calles Antonia López de Bello, Constitución, Fernando Márquez de la Plata y Chucre Manzur–, y aguas barrosas que han brotado desde la profundidad de las napas subterráneas.

El fondo de inversiones adquirió, en 2011, una parte de los terrenos a nombre de su filial Cominsa SA que, a su vez, el 2012 vendió y amplió la extensión a Inmobiliaria Parque Tres SA, también filial de Cimenta. Finalmente, la expansión del proyecto terminó el 2014, con la adjudicación de un total de tres propiedades a Inmobiliaria Patagonia SA, perteneciente al mismo grupo. En total, 16.585 metros cuadrados, de los cuales 3.500 se ubican en la superficie, que supondrán una inversión de veinte millones de dólares para los propietarios.

El recinto ofrecerá un total de veinte restaurantes y de 317 estacionamientos, distribuidos en seis pisos subterráneos. Un caramelo en términos de rentabilidad, envuelto con la fórmula mágica del arriendo, que permitirá asegurar los ingresos al grupo y rendir cuentas a sus inversores.

Los que no quieren comerse este caramelo son los vecinos y vecinas de la comuna, quienes organizados bajo el paraguas de la Asociación de Residentes Patrimonio Bellavista, buscan paralizar las obras que consideran “un atentado al sentido común y a la cordura”.

Según asegura la comunidad del barrio, el proyecto arrastró ilegalidades desde el momento en que se elaboraron los Certificados de Informaciones Previas (CIP), documentos necesarios para iniciar cualquier negocio. El presidente de la organización Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, sostiene que los CIP “no se ajustaron al derecho” porque omitían información y clasificaban la calle “erróneamente”. Es precisamente la categorización de las calles lo que podría haber inhabilitado la construcción por ser demasiado grande para la ubicación elegida.

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Sin embargo, la calle Constitución aparecía en los CIP como vía colectora –más grande–, contradiciendo el Plan Regulador de Providencia (PRC) de 2007, que la califica como vía local –más pequeña–.

La serie de irregularidades prosiguió con la presentación del permiso de construcción. La revisora independiente, Cecilia Celis, quien también dio el visto bueno a la edificación del Mall de Copiapó con varias irregularidades, elaboró un informe favorable a pesar de que la construcción no enfrentaba el tipo de vía exigido por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Además de los chanchullos en los procedimientos administrativos, otro punto polémico de la trama tiene que ver con el arquitecto que está a cargo del proyecto. En 2013, la oficina argentina BMA ganó la licitación que colocó a Rodolfo José Miani, quién estuvo vinculado al caso del Mall de Castro, al frente de las obras de la calle Constitución.

Según aseguran desde la Asociación, Miani “no tiene revalidación del título en Chile y, por lo tanto, no está habilitado, es decir, nadie ha validado sus competencias para trabajar en Chile”.

A pesar de todo lo alegado por los residentes, sin objeciones ni restricciones, el permiso de edificación (44/14) fue otorgado en octubre de 2014 por la Dirección de Obras de la Municipalidad (DOM) de Providencia.

Mientras se iniciaba la construcción, a cargo de la sociedad Delta, el proyecto fue modificado para poder ampliar a más de 300 las plazas de estacionamiento. El cambio exigía la aprobación de un Estudio de Impacto Sobre el Transporte Urbano (EISTU), que el Seremi de Transporte concedió.

El crecimiento del proyecto hubiera podido ser una excelente excusa para la DOM para corregir el emplazamiento del nuevo centro comercial hacia calles de mayor jerarquía, tal y como requiere la legislación vigente. Pero no fue así y los trámites fueron cursados sin el menor reparo.

Durante las primeras excavaciones se encontraron ruinas de arcos de cal y canto subterráneos que fueron avisados durante la excavación y denunciados por los vecinos. Hoy los vestigios están en manos del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), pero ni siquiera eso ha sido motivo suficiente para frenar las obras.

¿Quién puede paralizar el proyecto?

Hace más de dos años que los habitantes del Barrio Bellavista, liderados por la periodista Josefina Vial y la arquitecta Bárbara Córdoba, pelean por la vía administrativa para suspender las obras que “no sólo afectarían drásticamente la calidad de un barrio patrimonial sino que también han afectado irreversiblemente la geografía”, advierten.

Han presentado diversas reclamaciones a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, quien acogió los reclamos y se pronunció, hasta tres veces, a favor de la comunidad: “No habilita el emplazamiento de un equipamiento de escala mediana en los predios que enfrenta… Por lo tanto, no era pertinente otorgar un permiso en las condiciones señaladas”, suscribió la autoridad.

La Seremi señaló que la calle Constitución sólo permite desarrollar equipamiento básico, es decir, hasta 250 personas frente a las 2.300 que autoriza el permiso otorgado. Además, la mandante instó a la Dirección de Obras a “aplicar las medidas necesarias para corregirlo”. Sin embargo, hasta hoy esta unidad no ha movido ficha.

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El poder que concentra la figura del director de obras es amparado por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que le atribuye funciones mucho más amplias que las que anteriormente había fijado la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Hoy este cargo se ocupa de tareas como el estudio, aprobación y/o modificación del plan regulador, ordenanzas locales, planos seccionales y otros instrumentos de planificaciones que permiten el desarrollo urbanístico de la comuna.

La Asociación de Residentes Patrimonio Bellavista comenta que “según la LGUC, los directores de obra municipales tienen capacidad resolutiva sobre materias técnicas, que no involucran la decisión del alcalde”. Y agregan: “Si bien es un funcionario municipal, en el ámbito de lo administrativo es necesario que sea él quien paralice los trabajos, el alcalde no puede hacerlo por sí mismo”.

En este contexto, la comunidad exige a la DOM de Providencia, a cargo de Sergio Ventura, que aplique el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo para que él mismo invalide el proyecto.

Pero lejos de mostrar intenciones de hacer gesto alguno para detenerlo, Ventura hace caso omiso de las observaciones que le señaló el Seremi. Su impasibilidad plantea como alternativa que sean las autoridades municipales las que lo obliguen a acatar el artículo 53 para invalidar el permiso.

Otra vía para provocar el bloqueo de las obras pasa por que la alcaldesa de la Municipalidad, Josefa Errázuriz, con quien este periódico no ha conseguido conversar, ejerza la potestad invalidatoria de la Administración para anular todos los actos administrativos ilegales expuestos e invalide el permiso de construcción emitido. Así lo expresa el fallo de la Corte Suprema de enero de 2013, que señala que “el director de obras municipales tiene la calidad de funcionario municipal y es posible señalar que sus resoluciones quedan sujetas al control del alcalde”.

¿Qué es lo que impide que la Municipalidad –que es consciente por lo menos desde mayo de las ilegalidades– actúe con determinación para defender los intereses del barrio y sus residentes?

Son muchas las especulaciones de los vecinos al respecto. Desde las alianzas público-privadas que convierten a los municipios cómplices de las corruptelas urbanísticas y especulativas, hasta el temor de las autoridades locales por no ser tachadas de obstáculo al supuesto crecimiento económico.

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Lo que no les pasa por alto es, tal y como afirma Patricio Herman, que “en el directorio de la influyente Cimenta se encuentran varios conocidos ingenieros comerciales –los mismos que exigen prontitud por parte del Estado cuando se trata de materias de sus intereses– y un eximio lobbysta de la Nueva Mayoría, quien sabe muy bien cómo moverse en este tipo oficinas”.

Un proceso que se repite

Si desde la Municipalidad de Providencia no se presiona para suspender el proyecto, la comunidad de Bellavista avisa que este será otro caso más “del actuar del sector del retail e inmobiliario”. Para Josefina Vial, la estrategia es clara: ganar tiempo. “Todo empieza por el reclamo de los vecinos a la DOM, quien no admite el error, luego pasa al Seremi y después a la Contraloría y, en un par de años, cuando sale el dictamen, la obra ya está ejecutada y no se puede invalidar, pues los hechos se han consumado”, precisa.

De hecho, el Seremi de Vivienda y Urbanismo le expresó a Sergio Ventura que, como consecuencia de “las tantas contravenciones detectadas”, se vio en la necesidad de solicitar a la Contraloría la instrucción de un sumario administrativo. Sin embargo, este tipo de medidas no garantizan la suspensión de las obras ya que “si el proceso supera los dos años desde que se emitió el permiso, la ley dice que ya no se puede invalidar”, lamenta la representante vecinal. Transcurrido ese período de tiempo, las ilegalidades ya estarán prescritas con lo cual, probablemente, no existirán sanciones para los funcionarios municipales involucrados y será la ciudadanía la que sufrirá las consecuencias.

Así se ha dado en otros casos recientes que, a pesar de haberse denunciado, terminaron construyéndose igual, como el Mall de Copiapó, el Mall de Castro o el Mall Marina Arauco, en Viña del Mar, que tuvo como director de obra el hermano de Sergio Ventura, Julio Ventura.

Precisamente el caso del Mall Marina Arauco es, salvando las diferencias, el que los vecinos tienen como referente para ganarle el pulso al director de obras. En Viña del Mar, la alcaldesa Virgina Reginato firmó un decreto de caducidad del permiso de edificación del Mall, emitido por Julio Ventura. Ordenó paralizar los trabajos acogiéndose en los dictámenes de la Contraloría General de la República, lo señalado por el Seremi de la V Región y el informe entregado por la Dirección Jurídica de ese municipio, que avalaron que el permiso de obras se había extinguido.

Frente común vecinal

Bellavista llama al turismo. Las guías destacan sus calles coloridas y plazas adoquinadas, la Chascona de Pablo Neruda, la casa del pintor Camilo Mori, la de la escultora Marta Colvin o la de la profesora y política Amanda Labarca, además de típicas residencias edificadas durante el siglo XIX, algunas de las cuales bajo protección de la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales.

El barrio ha aceptado e integrado el desarrollo del turismo dentro de su cotidianidad. Sin embargo, no ha logrado declararse como Zona Típica para poder protegerlo: “Es una extensión demasiado grande, sólo algunas partes se declararon como tal”, dice la representante vecinal.

La escasa protección del patrimonio se suma a otros impactos con los que los residentes tienen que lidiar día tras día: el exceso de locales de comercio nocturno asociados a la venta de alcohol, las malas condiciones de limpieza de sus calles y veredas, la congestión vehicular y, por supuesto, el débil equilibrio entre las zonas residenciales –que intentan resistir– y la doctrina del mercado de la construcción.

Pero las obras de la calle Constitución son una lucha que la comunidad no quiere perder. Además de las demandas administrativas, la Asociación de Residentes Patrimonio Bellavista presentó hace unas semanas un recurso de protección para agilizar la paralización.

Los vecinos y vecinas de Bellavista han demostrado que quieren cuidar el patrimonio y la calidad de vida del barrio. Se han organizado. Han investigado el proyecto que se les echa encima, han argumentado y defendido los motivos para detenerlo y se han manifestado para que su voz sea escuchada desde las instituciones. Ahora son ellas las que deben mojarse y demostrar en qué parte de la cancha juegan.

Meritxell Freixas