Más que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el mayor enemigo del exmandatario Jair Bolsonaro es Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que durante su mandato le desafió a punta de procesos y que ahora, tras los violentos ataques en Brasilia, puede convertir su vida en una pesadilla.
Nadie como este magistrado de rostro enjuto ha ganado tanta proyección desde que miles de bolsonaristas iracundos destrozaran a sus anchas las sedes de los tres poderes el 8 de enero. Pero su creciente poder y sus métodos implacables para perseguir a los que él mismo calificó de «terroristas» están siendo cuestionados incluso por opositores a Bolsonaro.
Horas después del ataque, De Moraes, actual presidente también del Tribunal Superior Electoral (TSE), aseguró en Twitter que sus «financiadores e instigadores» serán castigados. «El Poder judicial no le fallará a Brasil», prometió.
Y se lo tomó muy en serio: ordenó inmediatamente y de oficio la suspensión por 90 días del gobernador del DF, Ibanéis Rocha, y el encarcelamiento del jefe de seguridad de este, Anderson Torres, ambos aliados de Bolsonaro y acusados de omisión en su labor de garantizar la seguridad del poder federal en Brasilia, reseña RT.
La semana pasada acogió un pedido de la Fiscalía e incluyó a Bolsonaro en la investigación en la alta corte, que busca determinar quiénes son los autores intelectuales del ataque, basándose en un video publicado por el exmandatario en las redes sociales, borrado poco después por él mismo, y en el que se volvían a esparcir dudas sobre la victoria de Lula.
Según De Moraes, ese pronunciamiento de Bolsonaro «se reveló como una más de las ocasiones en que el entonces mandatario se posicionó de forma criminal y atentatoria contra las instituciones».
Como presidente de la máxima corte electoral, el juez, de 54 años, será el responsable de la quincena de recursos interpuestos contra Bolsonaro y su formación, el Partido Liberal, por abuso de poder y uso irregular de los medios de comunicación durante la campaña, entre otros.
Si prosperan y termina condenado, el exmandatario podría quedar inhabilitado políticamente para presentarse a las elecciones de 2026 y 2030.
¿’Impeachment’ a De Moraes?
Nombrado para el STF en 2017 por el expresidente Michel Temer, de quien fue ministro de Justicia, De Moraes – apodado ‘Robocop’– fue blanco predilecto de las amenazas e insultos del bolsonarismo.
Carteles con la frase «Impeachement a De Moraes» eran parte habitual de las protestas bolsonaristas movidas por consignas antidemocráticas.
Y es que a este exfiscal y profesor de derecho, famoso por su línea dura, no le tembló el pulso para imponer un cerco a los bolsonaristas.
Además de encarcelar a los seguidores radicales del ultraderechista, ordenar allanamientos y decretar la retirada de contenido falso de las plataformas digitales publicado por partidarios de Bolsonaro, abrió varios procesos en contra del entonces mandatario, entre ellos, uno por divulgar ‘fake news’ sobre el coronavirus o revelar información reservada de la Policía Federal.
Bolsonaro, quien antes de la investidura de Lula se fue de vacaciones a Orlando, EE.UU., y no tiene fecha de regreso, perdió su condición de aforado al dejar la presidencia, así que ahora esos procesos en la alta corte podrían pasar a la justicia común, empezando por la primera instancia, en caso de que el juez así lo decida.
Esto, aunque demoraría mucho tiempo, podría tener consecuencias impredecibles para el exmandatario.
La sombra del Moro, el juez de Lava Jato
Aunque muchos en la izquierda celebran las decisiones del magistrado, sus métodos causan recelo por quienes consideran que evocan a los usados por el exjuez Sergio Moro y los fiscales en la megaoperación anticorrupción Lava Jato, que condenó y encarceló a políticos y empresarios, entre ellos a Lula.
Y levantan el debate de si son necesarios para proteger a la democracia o si rebasan los límites y atentan justamente contra ella.
Varios especialistas consultados por la Folha de S.Paulo cuestionan a De Moraes por concentrar demasiados procesos en sus manos, pasar por encima de la Fiscalía, decidir de oficio –sin recurso–, demorar el acceso a los autos por parte de la defensa de los investigados o usar de manera excesiva los mandatos de prisiones preventivas, en lugar de otras medidas cautelares.
Uno de sus críticos es el periodista y abogado Glenn Greenwald, quien en 2019 reveló en The Intercept Brasil audios que mostraron la complicidad entre Moro y los fiscales de la operación Lava Jato. Hace días, calificó al juez De Moraes de «autoritario» y arremetió su «excesivo poder», lo que le ha supuesto una avalancha de críticas.
«¿El país amenazado, al borde de un golpe, el poder judicial en receso y usted viene a criticar a los que luchan contra el terrorismo bolsonarista? ¿Qué pasa con usted?», le espetó un usuario.
En la misma línea que Greenwald, el analista Pablo Ortellado escribió: «Las investigaciones sobre ‘fake news’ y sobre las milicias digitales del juez Alexandre de Moraes fueron barreras contra el avance de un golpe. Sin ellas los bloqueos de carreteras, la insubordinación policial y los ataques terroristas podrían haberse intensificado, en una sucesión que podrían haber conducido al colapso institucional. Fueron necesarias. Fueron fundamentales«.
Sin embargo, Ortellado añade que, «además de haber sido instauradas de manera heterodoxa, concentraron muchos poderes extraordinarios en manos de una sola persona, y esos poderes necesitan supervisión y escrutinio».
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