Una de las principales luchas que libran los manifestantes en Perú es contra el olvido. Desde hace dos meses distintos grupos de las zonas más empobrecidas del país se mantienen en la calles para exigir la renuncia a la presidencia de Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones, luego de que el expresidente Pedro Castillo fuese destituido por el Congreso, que torpedeó su mandato desde el inicio.
Hasta ahora, estas movilizaciones han dejado unas 70 personas muertas en medio de denuncias por excesos policiales, violación de derechos humanos y represión desmedida por parte de los cuerpos de seguridad.
Los manifestantes se han instalado en Lima, incluyendo grupos de campesinos de los pueblos chankas, aimaras, quechuas y waris que salieron de los olvidados poblados en el sur y el oriente peruano para unirse a las protestas. En esas partes del país, donde se encuentran los departamentos más empobrecidos y excluidos, Castillo resultó ganador en los comicios de 2021.
Entre las entidades que se han movilizado a Lima hay personas provenientes de Cusco, Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Arequipa, Moquegua, Puno, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco.
Algunos catalogan este movimiento popular como «sin precedentes» en el país, puesto que no hay liderazgos visibles ni partidos políticos que hagan las convocatorias.
Así como durante la campaña electoral imperaron muestras de racismo, estigmatización y criminalización contra Castillo y sus seguidores, en esta oportunidad no es diferente. Tanto los sectores políticos como los grandes medios han enfilado sus cuestionamientos contra quienes se trasladaron a la capital para exigir ser escuchados.
«Terroristas, senderistas e indios»
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo en el país suramericano presentó los resultados de su visita de observación e hizo referencia a la «fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales» que encontró. Del mismo modo, habló del discurso de algunas autoridades que llaman «terroristas», «senderistas» e «indios» a los manifestantes, recoge Ojo Público.
Una de estas expresiones proviene de Óscar Arriola Delgado, vocero oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), encargada precisamente de custodiar las protestas, según una publicación del Ministerio del Interior.
Arriola aseguró que en las marchas «hay gente vinculada a Sendero Luminoso«, una organización que supuestamente estaría financiando las movilizaciones y los ataques contra algunos aeropuertos e infraestructura pública.
Aunque reconoció que «no todos son terroristas», la población «debe saber que a su lado tienen a gente vinculada a Sendero Luminoso», dijo.
Estas expresiones de discriminación no solo vienen de las instituciones estatales. La prensa y las redes sociales también se han encargado de divulgarlas para deshumanizar a quienes han tomados las calles.
En una editorial de El Comercio, se condenan los hechos aislados de violencia que han ocurrido en las manifestaciones, donde grupos pequeños han causado daños contra bienes públicos, sedes de organismos del Estado, entre otros. Sin embargo, en el escrito abundan calificativos como «vándalos«, «energúmenos«, «turba» y se afirma que esos disturbios podrían extenderse aún más.
En los videos que circulan en las plataformas sociales también han quedado registradas la muestras de racismo. En uno de los clips, un grupo de personas en Cusco llama a los manifestantes «indios» y «cholos» y les piden que «regresen a sus chacras [granjas]».
En otra sucesión de imágenes, una joven califica a los que protestan de «indios, ladrones y delincuentes», mientras varias voces a su alrededor gritan «lárguense».
¿Cuál es el rostro de la protesta en Perú?
Los grandes medios han presentado una imagen distorsionada de quienes piden el cierre del Congreso y claman por justicia frente a la represión policial que ha causado la muerte de jóvenes, principalmente.
Sin embargo, en las redes sociales hay imágenes donde se ven los rostros y la forma de organización de estos grupos, que han decidido dirigirse a Lima para expresar sus demandas históricas.
En uno de los clips, una abuela de una comunidad indígena dice que en esta oportunidad no se dejarán engañar, después de años de robo y saqueo contra esos sectores empobrecidos.
«Tanto tiempo hemos sido olvidados, nadie ha preguntado por nosotros», dice.
En otro video se ven a mujeres caminar con sus ponchos, sombreros, polleras y uniformes de trabajo; a ronderos, que llevan sus tradicionales látigos de cuero, y a jóvenes. En sus manos llevan carteles donde se lee: «Congreso corrupto» y «¡Viva el paro!», mientras gritan «El pueblo unido, jamás será vencido».
En un registro más, una mujer dice se trasladó del distrito de Quiquijana a Cusco, separados por unos 70 kilómetros, y expresa que se siente indignada por la cantidad de muertes.
«Desde lejos hemos llegado solo para ser escuchados, dejando nuestra familia«, agrega.
Una mujer de avanzada edad expresa que en el distrito de Puquio, que forma parte del departamento de Ayacucho, hay pobreza y no hay agua. En el mismo video se ven a personas del departamento de Huancavelica, que se trasladan en autobuses rumbo a Lima.
¿De dónde sale el dinero?
Si bien la Policía apunta al supuesto financiamiento de Sendero Luminoso, el congresista derechista Alejandro Cavero, de Avanza País, agregó en un artículo de opinión de El Comercio que los sectores más radicales obtenían recursos de la minería ilegal y del narcotráfico.
En sus explicaciones Cavero fue más allá y responsabilizó a financistas externos con vínculos con el «narcotráfico boliviano», además de cubanos, venezolanos y colombianos, según El Perfil.
A pesar de estas acusaciones sin pruebas, en las plataformas sociales varios usuarios han compartido cómo han logrado obtener los recursos para emprender un traslado desde los alejados departamentos del sur y el oriente hasta la capital peruana.
En un video, una mujer afirma que está «por cuenta propia» y que nadie la financia. «Estamos yendo para hacernos respetar, abandonando nuestras tierras y nuestros hijos. Por culpa de la presidenta estamos siendo pisoteados», manifesta.
En otras imágenes se observa cómo las personas les dan voluntariamente dinero a los manifestantes cuando salen de sus comunidades. Cada ingreso es anotado en un cuaderno.
Así, se ve cuando una comerciante dona una paca de papel higiénico, una de agua mineral y galletas. También de otros pequeños negocios proporcionan mantas y bastimentos.
El lingüista y educador aymara Roger Gonzalo dice en una entrevista de Wayka que ha escuchado una «pregunta muy primaria» que la hacen los periodistas limeños sobre las fuentes de recursos para estas movilizaciones.
Gonzalo, que pertenece a la comunidad Chatuma, en Puno, niega que el dinero provenga del narcotráfico o de la minería ilegal y explica que hay varias opciones.
Una de ellas es que quienes se movilizan paguen su propio pasaje o que se hagan colectas para cubrir los traslados de los comisionados que irán a las marchas.
En cuanto a los alimentos, dice que puede encargarse el teniente gobernador, que es la autoridad del ayllu o comunidad originaria. El transporte es proporcionado por los dueños de los autobuses, que son aimaras.
«Tenemos banco comunal. Y no se olvide que quienes salieron esta vez en su mayoría fueron mujeres, que son el motor de la economía familiar».
En estas muestras de solidaridad también participan organizaciones sociales, movimientos populares e incluso universidades, que han publicado a través de sus redes sus ofertas para albergar de manera gratuita a quienes protestan. Del mismo modo, se ven solicitudes de intérpretes para los procesos legales de indígenas detenidos y los números de cuentas de bancos para recibir donaciones.
Un movimiento popular «sin precedentes» en Perú
En un artículo de J. Carlos Flores, publicado en La Patria, analiza lo que estaría detrás de la ‘Marcha de los Cuatro Suyos’, que tomó el nombre de las divisiones regionales de los incas y de una movilización contra el expresidente Alberto Fujimori, que precipitó su salida del poder.
«Esta marcha no tiene una cabeza visible, no es sostenida por institución alguna, ha provocado divisiones en la iglesia, no hay indicios de financiamiento externo».
Además, se ha referido a las cohesión de distintos pueblos indígenas tras «las muertes ocasionadas por el Gobierno y la actuación abusiva de las fuerzas del orden».
Para Flores, tampoco hay visibilidad de partidos políticos ni de sindicatos, a pesar de que también participen.
«Héctor Béjar ha calificado a la actual movilización como el nacimiento de un poderoso movimiento social y económico que involucra sectores económicos y está al margen de las izquierdas», dice el autor.
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