Registros de un estallido: Gobierno de Piñera gastó más de 4 millones de dólares en material represivo que no fue testeado

Por Josefa Barraza Díaz y Raimundo Gallardo Egaña

El 23 de octubre de 2019, el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas, envió un oficio al Ministerio del Interior liderado por en ese entonces por Andrés Chadwick, explicándole que, debido a la contingencia del país y el despliegue del personal policial, se han visto en la necesidad de dotar a dichos funcionarios de elementos que les permita controlar el orden público, provocando «una demanda exponencial de pertrechos y en lo particular de disuasivos químicos, originando que los niveles de existencia se encuentren actualmente quiebre de stock».

«Se solicita por su intermedio, tenga a bien elevar el presente requerimiento al Ministerio de Defensa, con la finalidad de que se evalué la factibilidad de proporcionar a Carabineros las siguientes especies: Cartucho 37 mm (CS) 5.000 unidades, granada CS 5.000 unidades, líquido CS 1.000 litros, polvo CS (kg) 1.000, y aerosol OC 1.000 unidades», se lee en oficio, en el que Rozas insiste que es de suma importancia contar con esos «pertrechos», para continuar enfrentando la contingencia actual en el país, lo que debe ser coordinado mediante el jefe del Departamento de Armamento y Munición de Carabineros, Marcelo Lepín.

Sin embargo, ¿qué ocurrió con este encargo?

El 25 de octubre de 2019, el director de Logística de Carabineros, Jean Camus, firmó un contrato de compraventa con la empresa TEC HARSEIM SPA -representante en Chile de CONDOR S/A Industria Química, empresa brasilera-, el que se realizó a través de trato directo, con el objetivo de adquirir material disuasivo químico y munición no letal, consistente en 50.444 unidades de cartuchos CS calibre 37, 1.455 unidades de granadas CS, y 3.750 unidades de granadas de humo.

«El precio de la compraventa que por este acto se materializa, por la adquisición de material disuasivo químico y munición no letal, asciende a un valor total de 804.422 dólares (…) Las especies deberán ser entregadas a personal del Departamento de Armamento y Municiones de Carabineros, en el aeropuerto de Río de Janeiro, las que serán trasladadas por cargo de la Fuerza Aérea de Chile», detalla el contrato, al que este medio tuvo acceso.

Sin embargo, en el ítem de Control de Calidad, se expresa que la institución (Carabineros) debido a la contingencia, previo a la recepción conforme de los bienes adquiridos, solo realizará pruebas de inspección visual, con la finalidad de verificar la calidad y el cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos. Dicha inspección visual «será realizada por personal especializado de la institución que se constituirá en la fábrica» para ejecutar tal procedimiento.

Pero, este no fue el único contrato suscrito entre Carabineros y TEC HARSEIM SPA, puesto que, el 20 de noviembre de 2019, el director de Logística, general Humberto Riffo, firmó un contrato de compraventa con TEC HARSEIM SPA, el que una vez más fue por trato directo -y no por propuesta pública-, y el que tuvo como fin obtener los siguientes disuasivos químicos: 2.079 granada de gas lacrimógeno de alta emisión, 10.000 proyectil de gas lacrimógeno de largo alcance 37/38mm, 200 proyectil de carga lacrimógena triple cal. 37/38mm, y 81 spray lacrimógeno.

Dicho contrato tuvo el valor de 170.243 dólares, mientras que las especies debían ser entregadas al personal del Departamento de Armamento y Municiones de Carabineros, en el aeropuerto de Río de Janeiro, las que -al igual que el primer contrato- serían trasladadas por cargo de la Fuerza Aérea de Chile. Pero, nuevamente en el ítem de Control de Calidad, se enfatizó que la institución (Carabineros) debido a la contingencia que había en el país, solo se realizarán pruebas de inspección visual; confirmando que no hubo un testeo físico de los elementos de represión policial.

El 29 de noviembre de 2019, Carabineros de Chile firmó un tercer contrato de compraventa, esta vez con la Importadora y Comercial Mir & Cruz Spa -también representante de CONDOR S/A Industria Química-, el que se gestó mediante trato directo, y que tuvo como objetivo la adquisición de disuasivos químicos y elementos de protección del personal policial.

En el detalle del documento, se menciona la compra de 10.000 unidades de proyectil de largo alcance lacrimógeno cal. 37/38, 80.000 unidades de proyectil de largo alcance lacrimógeno cal. 37/40, 20.000 unidades de proyectil de carga lacrimógena cal. 37/38, 10.000 proyectiles de carga lacrimógena triple cal. 37/40, 15.000 granadas lacrimógenas triple Hyper, y 7.200 granadas lacrimógenas larga emisión.

Todo lo anterior avaluado en 3.418.200 dólares, siendo su entrega dividida en dos fechas, las que se ejecutarían por el personal del Departamento de Armamento y Municiones de Carabineros, en el aeropuerto de Río de Janeiro, y trasladadas por cargo de la Fuerza Aérea de Chile. No obstante, una vez más, el Control de Calidad de los productos sería mediante una inspección visual y no pruebas de funcionamiento.

Finalmente, el 16 de diciembre de 2019, el jefe del Departamento de Armamento y Municiones, coronel Marcelo Lepín, firmó contrato de compraventa por trato directo con la Sociedad Comercial Millenium Limitada, por la adquisición de 20.000 cartuchos calibre 12 antidisturbios tres gomas, por el monto de 10.400 dólares. Sin embargo, en el ítem de Control de Calidad, a pesar de que se informa que la inspección de los artefactos sería visual, Carabineros se reservó el derecho de «realizar pruebas de funcionamiento, para verificar la calidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos».

Es importante precisar, que el gobierno de Sebastián Piñera gastó 4.403.265 de dólares en municiones y disuasivos químicos en solo dos meses, los que según el dólar de la época (promedio de $769), son equivalentes a $3.386.110.785 (pesos chilenos); y los que tampoco enfrentaron por procesos de pruebas de calidad y funcionamiento. Además, lo anterior confirma que mientras aumentaban las cifras de heridos y/o víctimas de trauma ocular, Carabineros de Chile siguió comprando elementos de represión policial.

Según el registro de «Relación de vuelos efectuados para transportar material policial» -los que fueron ejecutados a través de tres aeronaves de la FACH-, entre el 25 de octubre de 2019 y el 30 de diciembre de ese mismo año, la Fuerza Aérea en conjunto con Carabineros realizó 12 viajes en total -ida y vuelta-, desde Santiago a Río de Janeiro, en donde se transportaron 230.209 productos de represión.

No obstante, el 21 de noviembre de 2019, los ministros Gonzalo Blumel (Interior) y Hernán Larraín (Justicia y Derechos Humanos), enviaron un oficio a María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, en el que informaron que, debido a la contingencia, Carabineros debió utilizar escopetas antidisturbios con munición letal consistente en perdigones, los que al parecer tendría «fallas».

«Dicha munición habría sido obtenida por Carabineros de Chile mediante contratos de adquisición suscritos con la empresa TEC Harseim, y que actualmente cuenta con estudios realizados por el Departamento de Energía Mecánica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), dan cuenta de posibles incongruencias en la información entregada por el proveedor sobre su composición, nos dirigimos a usted a fin de solicitar (…) el Consejo pueda proceder a recabar toda la información del caso (…) a fin de evaluar eventuales perjuicios para el Fisco u organismos del Estado (…) resulta fundamental indagar si una eventual composición alterada de dicha munición, podría contribuir, como producto defectuoso, en el resultado de posibles lesiones o en su gravedad», se lee en el oficio al que este medio tuvo acceso.

Tras estos hallazgos, el profesor en Ciencias Forenses de Chaminade University of Honolulu y exfuncionario del Labocar, Carlos Gutiérrez, enfatizó en la importancia de realizar pruebas de calidad y funcionamiento a material químico disuasivo, especialmente como método de protección tanto para el personal policial que lo manipula como para quienes lo reciben.

-Siempre las cosas que llegan, especialmente si son adquiridas con dinero de todos los chilenos, deben ser revisadas para saber la calidad en que llegaron. Se hizo con el COVID, por ejemplo, cuando llegaron las vacunas. El Instituto de Salud Pública (ISP) tomaba algunas muestras aleatorias y esa es la forma de hacerlo (…) En este caso se debería haber hecho lo mismo. Una situación de emergencia es una situación de vida a muerte, por supuesto, pero en el caso de manifestaciones cuando la ciudadanía se manifiesta, a favor o en contra, no es una situación de emergencia, es una situación de control de orden público, entonces, se tiene que tener ese control y revisión de los elementos. La no verificación de calidad puede afectar al funcionario que está manipulando ese elemento, y a la población civil-, explicó Gutiérrez.

Por su parte, Daniel Soto, abogado y coronel en retiro, comentó que cada vez que un organismo policial busca adoptar nuevos tipos de armas, municiones o equipo conexo, debe examinar primero si estos cumplen con la finalidad que se busca, cuáles son los daños que puede generar su uso y qué restricciones se deben implementar para limitar sus alcances negativos.

-En el caso de esta compra que se efectúa con premura existen dos problemas: 1) que se consideraba que las escopetas y los agentes químicos eran inocuos o “no letales”, cuando la evidencia muestra lo contrario; y 2) que no bastaba con efectuar una inspección ocular para determinar si los pertrechos policiales estaban en buen estado de conservación y funcionamiento. Estos errores debiesen ser corregidos con medidas como: 1) prohibición de empleo de escopetas para dispersión de manifestantes; 2) limitación de concentraciones de agentes químicos; 3) adopción de procedimientos para la adopción y regulación interna de nuevos tipos de armas, munición y equipo conexo; 4) implementación de mecanismos de medición y supervisión de desempeño en el uso de la fuerza y de armas de fuego; y 5) establecimiento de responsabilidades en la cadena de mando involucrada-, sostuvo Soto.

Según Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Chile, durante el estallido social se utilizó la escopeta antidisturbios en manifestaciones de manera generalizada e indiscriminada, aunque existieran informes previos de Carabineros que mostraban que era un arma no adecuada para ser utilizada hacía muchedumbres, y que podía tener graves efectos para la integridad de las personas. Por lo que, para Bustos es grave que se haya adquirido y utilizado armas menos letales en el estallido, sin los testeos necesarios, precisando en que debería ser investigado tanto en el plano administrativo como penal.

Además, el querellante en el caso que tiene al expresidente Sebastián Piñera en calidad de imputado, el abogado Miguel Yáñez, opinó que ese gasto de 4 millones de dólares evidencia la política y la dinámica del gobierno de Sebastián Piñera en el estallido social, de violar los DDHH, «porque teniendo en cuenta que en noviembre del 2019 ya se conocía la grave vulneración de los DDHH a manifestantes, con ese conocimiento, se compra más medios represivos, armas, armamentos para la policía que ya estaba violando DDHH, por lo tanto, eso es una prueba más de la idea y de la organización que propone Sebastián Piñera para violar de manera sistemática los DDHH durante el estallido social».

**Antes del cierre de esta investigación es importante precisar que, la empresa brasilera CONDOR S/A Industria Química, es reconocida a nivel latinoamericano por su venta de elementos para la represión policial. Carlos Erane de Aguiar, además de ser CEO de CONDOR, posee una vasta trayectoria relacionada al mundo político y empresarial, puesto que, fue miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia durante el gobierno de Jair Bolsonaro, siendo constantemente relacionado a la gestión del expresidente de Brasil (lo que ha sido investigado por diversos medios de investigación).