Tras el golpe de Estado perpetrado contra el presidente Evo Morales en Bolivia, el gobierno de facto abrió de nuevo las puertas al intervencionismo de Estados Unidos.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) pretende, en complicidad con la autoproclamada “presidenta interina”, Jeanine Añez, recuperar el terreno perdido en Bolivia tras su expulsión hace seis años atrás.
Esta semana se produjo un encuentro entre el ministro de Interior de la dictadura, Arturo Murillo con el administrador asistente de la Usaid para América Latina y el Caribe, John Barsa, en el cual acordaron que la entidad dependiente del Departamento de Estado puede colaborar con la nación suramericana.
Asimismo, se reunió con Mauricio Claver-Carone, director para Latinoamérica del Consejo Nacional de Seguridad en Casa Blanca para acordar instrucciones e incluso lo invitó a que visitara Bolivia a principios de 2020.
Como parte de la serie de mentiras de régimen golpista, la semana pasada, la canciller de facto, Karen Longaric, indicó que Áñez procuraba establecer relaciones internacionales “totalmente desideologizadas” para “velar por los intereses del país”, cuando es más que evidente que desde que tomó el poder su política internacional ha estado supeditada a los intereses de la Casa Blanca, dejando atrás la defensa de la autodeterminación y soberanía que promovió el líder indígena en los últimos 13 años.
¿Por qué salió la Usaid de Bolivia?
El primero de mayo de 2013, el presidente Evo Morales expulsó del país a la Usaid acusándola de conspiración e injerencia en asuntos políticos internos, luego de que esta entidad operara en ese país desde 1964.
“Hemos decidido expulsar a Usaid de Bolivia. Se va Usaid de Bolivia», proclamó Morales en un encendido discurso en la plaza de Armas de La Paz, que alberga los poderes Ejecutivo y Legislativo, en ocasión del Día del Trabajo.
Denunció que este tipo de instituciones “donde llegan con sus recursos chantajean a las comunidades para enfrentarnos con las comunidades. Conozco cómo manejan algunas organizaciones no gubernamentales las fundaciones, al servicio del imperio».
“Seguramente (en Washington) pensarán todavía que aquí se puede manipular políticamente, económicamente: eso era en tiempos pasados (…) No faltan algunas instituciones de la embajada de EE.UU. que siguen conspirando contra este proceso, contra el pueblo y en especial contra el gobierno nacional”, subrayó el mandatario hace más de seis años.
En 2010, la Usaid había anunciado un presupuesto de 250 millones de dólares que serían usados supuestamente para programas de desarrollo.
Sin embargo, analistas y periodistas revelaron que la organización norteamericana había contribuido, a través de varias ONG y organizaciones privadas, con la creación de partidos políticos de la oposición para torpedear la llegada de Morales al poder, así como dar apoyo a programas de contrainsurgencia en sectores campesinos.
Gracias a los documentos desclasificados, obtenidos por los investigadores Jeremy Bigwood y Eva Golinger, se pudo conocer que la agencia había invertido más de 97 millones de dólares en proyectos de “descentralización” y “autonomía regional” y los partidos políticos de oposición desde 2002, con el propósito de fomentar proyectos separatistas promovidos por los gobiernos regionales en el oriente de Bolivia.
Los archivos señalan que la Usaid suministró apoyo y financiamiento para conformar regiones “autónomas”, además de promover actividades de desestabilización que incluyen violencia extrema y racismo contra las comunidades indígenas.
Una parte sustancial de la labor de Usaid en Bolivia ha estado dedicada a intervenir en los procesos electorales durante los últimos años. Esto incluye la formación de una red de más de 3.000 “observadores”, entrenados por su socio “Compañeros de las Américas (Partners of the Americas)”, una corporación estadounidense que también recibe fondos de las principales empresas y entidades que forman parte del complejo militar-industrial.
La creación de este tipo de “redes” en la “sociedad civil” para monitorizar los procesos electorales ha sido una estrategia utilizada por Washington en países como Venezuela, Ecuador y Nicaragua, para luego usar a estos observadores aparentemente “independientes” en un intento de desacreditar y deslegitimar las elecciones y denunciar el fraude cuando los resultados no son favorables a los intereses de la Casa Blanca.
La Usaid y el golpe contra Evo
El golpe de Estado en Bolivia pone en evidencia la creciente preocupación de los Estados Unidos ante la posibilidad de que un nuevo ciclo progresista se consolide en América Latina.
Las sospechas sobre el papel estadounidense en el golpe contra Morales han sido denunciadas por personalidades como Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders o Roger Waters.
La influencia del gobierno de Donald Trump en esta trama quedó plasmado en el hecho de que los comandantes del Ejército y de la Policía de Bolivia que consumaron el golpe fueron entrenados en técnicas de insurrección en la nación norteamericana.
La actuación de Washington también quedó plasmada en la manipulación que hizo una vez más la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo las órdenes de la Casa Blanca, para respaldar las falsas acusaciones de fraude electoral.
“El falso resultado divulgado por la OEA atizó los saqueos, incendios, atentados a los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS). La Policía se acuarteló en desobediencia y el jefe del Ejército le pidió a Evo la renuncia. Aunque el presidente y su vice partieron a México, la sublevación indígena que siguió a su partida dejó un saldo de 30 muertos, centenares de heridos y detenidos, la instauración de un gobierno de facto y la convocatoria a nuevas elecciones generales el próximo año sin la presencia de Morales”, indicó el investigador Alejandro Pedregal.
Para algunos analistas, como el boliviano Katu Arkonada, detrás de los falsos movimientos de la OEA se esconden los verdaderos responsables del golpe de Estado que se venía fraguando desde hace varios meses. El propósito siempre fue sacar a Evo del escenario y derrocar el programa socioeconómico del MAS.
Para este autor, y otros como el brasileño José de Alencar, la senadora y autoproclamada presidenta Jeanine Añez carece de experiencia como para desplegar un plan tan habilidoso que en menos de 72 horas ordenó las masacres en Sacaba y Senkata, llamó a nuevos comicios en 2020 y sacó del juego a Morales y su vice para futuras candidaturas.
Señalan que no puede ser Carlos Mesa, el candidato perdedor frente a Morales, pues carece de liderazgo político. Tampoco Luis Fernando Camacho, líder de los cívicos de Santa Cruz y futuro candidato presidencial, que se robó los focos, pero conoce que existen otras figuras a la sombra que son los jefes verdaderos.
Sin embargo, todas las coordenadas conducen a un mismo lugar: Estados Unidos y el régimen ultraderechista de Trump, quien advirtió en un discurso público que acabaría con el socialismo en América Latina.
Asimismo, según Arkonada, conducen a Jorge “Tuto” Quiroga como la principal ficha de Trump para articular el golpe de Estado.
Recordó que el exvicepresidente del dictador Hugo Bánzer y presidente entre 2001 y 2003 está vinculado a diferentes agencias del Departamento de Estado, por lo que a su juicio, Quiroga tras bambalinas fue quien ordenó la autoproclamación de Añez, por medio del exdiputado de Podemos Luis Vásquez Villamor.
La principal misión del exmandatario sería lograr el retorno de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Usaid, luego de ser expulsadas por Morales por sus labores conspirativas.
La intención es que la Usaid brinde apoyo para tratar de controlar la situación que se vive en esta nación, donde los golpistas controlan el Ejecutivo, a expensas de seguir manteniendo la represión y persecución política, lo que pudiera originar un estallido social.
Historial golpista
Históricamente, la Usaid ha sido uno de los principales aparatos de intervención de EE. UU. para crear y potenciar los golpes blandos en América Latina.
A través del uso combinado de las protestas de la sociedad civil, la artillería mediática y el sabotaje económico, se busca crear una sensación de caos para propiciar el derribo de gobiernos contrarios o refractarios al poder hegemónico de Washington.
Este tipo de agencias dependientes del Departamento de Estado utilizan banderas altruistas como la ayuda al desarrollo, la lucha contra el cambio climático, la defensa de los derechos humanos, el impulso a la educación o la promoción de la democracia, para crear un entramado para que “la injerencia, la reconducción y la desestabilización hegemonista en esos países pasen inadvertidas y se disfracen como “las luchas de la sociedad civil”.
Son técnicas conspirativas y desestabilizadoras no directas y en un principio no violentas, con el fin de derrocar a un gobierno democráticamente constituido y, de esta manera, hacerse del poder político de una nación, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de un grupo económico y político.
Países como Nicaragua, Brasil, Ecuador y Venezuela han sentido el impacto de los tentáculos de a Usaid.
La trayectoria de esta agencia en América Latina se remonta a los años ’60, pero a raíz del declive del poder norteamericano en la región -con la formación de una larga lista de países formando un frente antihegemonista- Washington se vio impedido de poder recurrir a golpes de Estado militares para deponer a los gobiernos que no se doblegaban a sus intereses.
De este modo, se hizo imperioso recurrir a la nueva estrategia de los golpes blandos con la colaboración de la Usaid.
Varios presidentes y expresidentes de Latinoamérica han sido víctimas de esta nueva modalidad de golpes de Estados, como Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández en Argentina y Nicolás Maduro en Venezuela, al igual que su antecesor, Hugo Rafael Chávez Frías.
Tras la llegada al poder de Barack Obama en 2010, los presupuestos de la agencia aumentaron en 12 %, alcanzando los 2.200 millones de dólares. De ellos, se destinaron 450 millones para el trabajo de subversión directa en la región, lo que Washington llama la “promoción de la democracia”.
Aunque bajo el Gobierno de Trump, el presupuesto del Departamento de Estado -y el de la Usaid- ha sufrido un recorte del 60 %, en comparación con el de la administración Obama, la realidad es que el republicano “ha quitado financiación a los programas «tapadera» (que sí financian actividades meramente humanitarias), para dejar solo los programas estrictamente ligados a la «promoción de la democracia», es decir, a la injerencia, la intervención y la desestabilización”, según planteó el analista Tomás Araya.
Vuelta al intervencionismo
Un aspecto que caracterizó al mandato de Morales fue el cierre de la influencia de EE. UU. en Bolivia. El país suramericano llegó a ser uno de los mayores receptores de asistencia estadounidense en el continente hasta la expulsión del embajador Philip Goldberg y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) en 2008, tras un frustrado golpe.
El gobierno de facto está demostrando que se encuentra bajo la tutela de Washington y muestra de ello es su decisión de nombrar a Walter Oscar Serrate Cuellar como nuevo embajador en EE. UU. y retomar las relaciones diplomáticas con Israel, gran aliado de la Casa Blanca.
El golpe de Estado fue la mejor oportunidad para promover la ruptura de las relaciones bilaterales de La Paz con La Habana y Caracas, el retiro de la Alianza Bolivariana y el Tratado Complementario de los Pueblos (ALBA-TCP), así como el reconocimiento del autoproclamado “presidente interino” de Venezuela, Juan Guaidó. Además de la configuración de un nuevo tablero de relaciones con actores claves para la legitimación del régimen, como es el caso del Departamento de Estado, la OEA, Naciones Unidas y países aliados.
Jeanine Añez y su equipo han seguido al pie de la letra las instrucciones dictadas por Trump de romper o modificar las relaciones con los aliados políticos de Morales, para entonces volver a gobernar el país suramericano sin interferencia alguna, con la Usaid como uno de sus instrumentos injerencistas.
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