Represión policial en Jujuy preocupa a la CIDH mientras el Gobierno de Argentina choca con la oposición

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se enfrentaron con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, luego de que este los acusara de provocar la violencia que estalló este martes en esa provincia, y que dejó un saldo de cientos de heridos y detenidos, destrozos en la Legislatura y una crisis política de final incierto.

«Hago responsable al presidente y a la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy», lanzó primero Morales, quien también es precandidato presidencial de la coalición conservadora Juntos por el Cambio.

De esta forma, el gobernador intentó deslindarse de la nueva represión que las fuerzas de Seguridad provinciales, bajo su mando, cometieron en contra de las miles de personas que salieron a repudiar una reforma constitucional local que, entre otros aspectos, criminaliza la protesta social.

«Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está haciendo el kirchnerismo y el Frente de Izquierda en Jujuy», agregó Morales al reiterar sus denuncias de que el Gobierno nacional ha enviado «provocadores» a la provincia para manipular las manifestaciones.

Un rato más tarde, el presidente le respondió a través de las redes sociales.

«Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional», advirtió Fernández.

Fernández de Kirchner también le replicó al gobernador.

«Hágase cargo Gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la Provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe. Pareciera que la represión salvaje está en su ADN», acusó.

La expresidenta recordó de esta forma que Morales fue un alto funcionario del Gobierno del expresidente Fernando de la Rúa, quien tuvo que interrumpir su mandato en diciembre de 2001 después de ordenar una represión que dejó un saldo de 38 muertos.

Crisis política en Jujuy

Los legisladores provinciales juraron la nueva Constitución a pesar de la violencia extrema, ya que los manifestantes denunciaron que la Policía estaba disparando balas de plomo. 

El intercambio de acusaciones entre el presidente y el gobernador solo incentivó el clima de tensión política que cubre al país debido a que la crisis que arrastra Jujuy desde hace semanas ya tiene impacto a nivel nacional.

Los opositores a Fernández comenzaron durante el fin de semana una campaña para instalar la idea de que el oficialismo quiere desatar un caos mayor en la región, con el supuesto fin de afectar la precandidatura presidencial del gobernador.

Desde el oficialismo, en cambio, denuncian la política de «mano dura» que Morales comenzó a aplicar en 2015, cuando asumió por primera vez la gubernatura de Jujuy y que ahora recrudeció con una reforma constitucional que ha sido repudiada por los colectivos sociales de la provincia.

Las represiones policiales en Jujuy han sido una constante desde hace semanas, pero el sábado subieron de intensidad, ya que hubo decenas de heridos de gravedad, entre ellos un adolescente que perdió un ojo luego de haber recibido un disparo y un turista que fue golpeado y detenido ilegalmente.

La crisis está lejos de ceder, ya que los manifestantes anunciaron que continuarán con las movilizaciones, luego de que la Legislatura local aprobara de manera irregular una reforma que afecta los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios y también criminaliza la protesta social.

En un afán de paliar las críticas, Morales anunció la víspera que modificaría dos artículos. Pero fue insuficiente, ya que los colectivos sociales anticiparon que este lunes acudirían a la Legislatura, en donde estaba prevista la ceremonia para promulgar la nueva Constitución local.

Y así lo hicieron en un ambiente de violencia. Algunos grupos voltearon e incendiaron autos para usarlos como barricadas contra las fuerzas de Seguridad, mientras otros quemaron la fachada de la Legislatura.

Llamado de la CIDH

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades de seguridad pública en Argentina cometieran «uso excesivo de la fuerza» para reprimir las manifestaciones que se efectúan desde hace dos semanas en Jujuy.

A través de un comunicado, la CIDH indicó que el pasado 17 de junio, «en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y en reclamo de aumentos salariales para docentes», los efectivos de seguridad de Jujuy se habrían excedido al utilizar «gases lacrimógenos y balas de goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de paso en autopistas federales».

El organismo, que está adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) y vela por defensa de los derechos humanos en la región, indicó que la situación de protestas en Argentina continúa en desarrollo y en ese sentido, expresa su preocupación ante una posible actuación desmedida de las fuerzas de seguridad provincial contra las manifestaciones.

Tras conocerse la preocupación de la CIDH sobre la situación en Jujuy, la vicepresidenta Fernández de Kirchner envió otro mensaje al gobernador: «¿Ve Morales por qué no hay que mentir? No es La Cámpora, ni el kirchnerismo, ni la Vicepresidenta, ni el Presidente, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (…) la que se acaba de pronunciar sobre la represión que usted ordenó en su provincia».

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