Gendarmería de Chile denegó acceso a una investigación interna abierta en contra del actual director de la escuela institucional, coronel Álvaro Rivera Andrade, por eventuales hechos de violencia intrafamiliar.
La entrega de los antecedentes, solicitados por El Ciudadano bajo Ley de Transparencia en diciembre de 2016, fue rechazada por el jefe del servicio carcelario, Jaime Rojas Flores, al corresponder a datos «de carácter personal y reservado», según explicó la abogada Marcela Saavedra en carta enviada a nuestro medio el 30 de enero del presente.
Junto con informar «la oposición a la entrega de la información» realizada por Rivera, quien es cercano a la ex Concertación, el ente señaló que «atendido el contenido (del expediente)… es posible concluir que su comunicación o divulgación provoca un menoscabo al derecho a la intimidad y a la vida privada, que nuestra Constitución Política de la República reconoce a todas las personas».
Según fuentes consultadas por El Ciudadano, la indagatoria que afectó a la máxima autoridad de la Escuela de Gendarmería – establecimiento que no está reconocido como institución de educación superior – se inició a raíz de una denuncia por «lesiones leves» interpuesta en la Octava Comisaría de Carabineros de Temuco por su esposa, a fines del año 2014, cuando el acusado oficiaba como alcaide del centro penitenciario de esa ciudad.
En paralelo a la causa penal instruida contra Rivera, y que a la fecha tendría decisión de «no perseverar» por el Ministerio Público, se abrió un sumario, el cual fue cerrado sin sanción por el director del servicio, Jaime Rojas, en fechas cercanas al nombramiento del presunto agresor como titular de la Escuela.
En 2016, otro coronel de Gendarmería fue ligado a similares actos de violencia. Según The Clinic, entre las observaciones realizadas a Eduardo Muñoz Bravo, quien recientemente asumió como director regional de Valparaíso, se indica: «insultos y amenazas a su cónyuge en sector público», hecho ocurrido en septiembre de 2007 y por el que años más tarde, en 2013, fue absuelto por «prescripción».
Tras no presentarse al tribunal de Puente Alto en la arista judicial del caso, «Muñoz fue detenido el 16 de junio de 2014 y llevado a audiencia, donde quedó en libertad inmediata y se fijó 90 días para el desarrollo de la investigación. El 1 de septiembre de 2014 en audiencia de acuerdo reparatorio con el Juez Cristián Villegas, a solicitud de la víctima, se decretó la orden de no perseverar en el procedimiento del Ministerio Público y se levantaron las medidas cautelares contra el funcionario de Gendarmería», agregó el medio.
El Ciudadano se contactó con la unidad de comunicaciones de Gendarmería para entrevistar al coronel Álvaro Rivera, pero no hubo respuesta.
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