Rosa Torino, el sacerdote argentino señalado como narco y violador

Les decía que tenía que revisarles el cuerpo como un padre lo haría con sus hijos, para ver si tenían alguna enfermedad. Los manoseaba. Los manipulaba advirtiéndoles que era el representante de Dios. Los humillaba. Los sometía. Así han descrito una exmonja y dos exnovicios los abusos que padecieron por parte del cura argentino Agustín Rosa Torino, quien finalmente fue llevado ante un tribunal que lo comenzó a juzgar por tres casos de abuso sexual agravado por ser ministro de culto.

En total serán ocho audiencias que culminarán el 8 de julio con un veredicto que sentará precedentes, ya que este es el primer juicio por abusos eclesiásticos ocurridos en Salta, una provincia del norte de Argentina conocida por su conservadurismo y en donde el imputado fundó el Instituto Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, en el que se formaba a sacerdotes.

El Instituto fue cerrado en 2019 por orden del Vaticano. En ese momento ya habían pasado cuatro años de las primeras denuncias y Rosa Torino, quien había sido detenido en 2016, disfrutaba de prisión domiciliaria debido a supuestos problemas de salud, explica un reportaje de RT.

La justicia que anhelan las víctimas, sin embargo, está más cerca. Desde este viernes, los jueces Maximiliano Troyano, Roberto Faustino Lezcano y Norma Vera encabezarán un juicio que, acorde con los delitos señalados, puede culminar en penas de hasta 20 años de prisión.

Las declaraciones que los sobrevivientes han realizado a diversos medios de comunicación coinciden en el modus operandi de un cura que tenía un amplio reconocimiento social en Salta. En el caso de los dos exnovicios, el agravante es que eran menores de edad. Además, habían acudido a él para confiarle abusos previos sufridos. En lugar de ayudarlos, les pidió que guardaran silencio para no afectar a la congregación. Y los volvió a abusar.

La acusación formal correrá a cargo de la fiscal María Luján Sodero Calvet, quien al realizar la imputación que derivó en el juicio explicó que más de 20 testigos habían confirmado las acusaciones de los denunciantes. Incluso advirtieron que hay muchos casos más, pero las víctimas prefirieron no denunciar para no rememorar los traumas padecidos.

Los vínculos de Rosa con el narco

En 2019, la conmoción generada por las denuncias de abuso sexual contra Rosa Torino se intensificó por una investigación del canal Todo Noticias que reveló que el cura también está acusado de presunto lavado de dinero del mexicano Cártel de Sinaloa.

La periodista Miriam Lewin entrevistó a un exmiembro del Instituto fundado por el sacerdote, quien le dijo que dudaba del origen e intenciones de los benefactores que ayudaban a Rosa Torino.

«Sospechábamos porque no sabíamos de qué trabajaban y había mucho dinero, mucho lujo. Eran gente siniestra, decían que tenían empresitas, pero nunca a qué se dedicaban. Una vez, dos hermanos fueron a un lugar lleno de tipos armados y les dijeron que tenían que bendecir un campito de ovejas. Estaban aterrorizados, uno de ellos se dio cuenta enseguida de la situación», aseguró el testigo, que también comenzó a sospechar que se contrataban a sicarios.

«Los narcotraficantes generalmente se meten en las iglesias, son muy creyentes, y piden la bendición antes de los operativos y las balaceras. Te besaban el rosario, y decían ‘madrecita, padrecito’. Una vez fueron al convento para que la superiora los bendiga, porque no estaba el cura del pueblo. Estacionaron muchos autos. Era imposible decirles que no, eran como 30 monos armados», afirmó.

Otro exmiembro de la congregación aseguró que en una ocasión viajaron más de 50 integrantes del Instituto desde México hacia Argentina y que traían miles de dólares en efectivo que supuestamente donaron a Rosa Torino.

Cuando termine el juicio por abuso sexual, el sacerdote podría enfrentar un nuevo proceso por presunto lavado de dinero, aunque la causa no ha tenido avances sustanciales en los tribunales salteños.

Contra la impunidad

Hasta 2017, de acuerdo con una investigación de la Agencia Télam, en Argentina había 59 sacerdotes y tres monjas acusados de abuso sexual. Ocho habían sido condenados. Y sólo tres habían sido expulsados del sacerdocio.

Desde entonces, cada vez son más los casos visibilizados gracias en parte al trabajo que realiza la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina que presiona a la justicia para que actúe y frene la impunidad que este tipo de delitos ha gozado a nivel mundial debido principalmente a la protección de la Iglesia Católica.

Uno de los juicios más conmocionantes, por el número de víctimas y las perversidades cometidas, culminó en noviembre de 2019 con las condenas de los curas Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) a 45 y 42 años de prisión, respectivamente, por haber torturado y abusado sexualmente, entre 2005 y 2016, de una veintena de menores hipoacúsicos de entre siete y 17 años de edad que vivían en el Instituto Próvolo, un internado religioso ubicado en la provincia de Mendoza, a 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

El proceso fue histórico y emblemático a nivel internacional por varias razones: la gravedad de los hechos denunciados; las décadas que duraron las agresiones; el peso de las penas aplicadas contra integrantes de la Iglesia Católica; el papel que jugó esta institución al mantener en reserva denuncias previas contra los mismos implicados; el aprovechamiento de los condenados respecto a su posición de poder; la demostración de que uno de esos curas ya había cometido abusos en Italia, y la vulnerabilidad de las víctimas.

En mayo pasado este caso enfrentó una nueva etapa con el inicio del juicio en contra de la Kosaka Kumiko, una monja japonesa de 46 años que fue detenida en 2017, después de haber permanecido prófuga, y que desde entonces enfrenta prisión domiciliaria en un convento.

La monja comenzó a trabajar en el Próvolo en 2007 y, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, era quien las llevaba con los curas abusadores. Para ello, elegía a los niños más sumisos, a los que menos podían defenderse; les ponía pañales para cubrir las pruebas de las violaciones y también abusaba sexualmente de las niñas o les pedía que se tocaran entre ellas para verlas. Por eso enfrenta los cargos más graves: abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión.

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