Luis Alberto Lacalle Pou, hijo de Luis Alberto Lacalle y Julia Pou, nació en Montevideo, Uruguay, el 11 de agosto de 1973. Su esposa es Lorena Ponce de León y tiene tres hijos: Violeta, Manuel y Luis Alberto.
Abogado y político perteneciente al Partido Nacional, se convirtió el pasado 24 de noviembre de 2019 en el presidente electo de Uruguay, cargo que ejercerá desde el próximo 1 de marzo.
A sus 46 años de edad, Lacalle -quien fue presidente de la Cámara de Representantes en el período 2011-2012- llegará a la primera magistratura uruguaya con la mirada puesta desde todos los bandos, los que auguran un mal presagio para el país y los que consideran que será un cambio favorable.
Pero a Lacalle, cercano a las ideas de personajes lamentables de la política actual como el brasileño Jair Bolsonaro y el estadounidense, Donald Trump, se le considera como un hombre que pudiera entregar la soberanía uruguaya y sumarse al grupo de presidentes cómplices de las políticas injerencistas de Washington contra lo que denominan como su «patio trasero»: América Latina.
Un análisis de Samuel Blixen, periodista, docente y escritor uruguayo, quien escribe para el semanario Brecha, describe que Lacalle Pou pudiera convertir a la nación en un Estado forajido, aliado del narcotráfico, con fundamentos y teorías fracasadas emanadas desde el Gobierno de Estados Unidos, como «lucha contra el terrorismo» y «lucha contra el narcotráfico».
Para Blixen, ya Lacalle comienza a mostrar que se convertirá en un Gobierno sumiso a Washington y que negociará la soberanía a través de la estrategia de «seguridad y defensa», que al parecer permitirá la entrada y control del Pentágono sobre el Ejército uruguayo, tal y como lo hace en Colombia -desde hace años- cuando se creó el Plan Colombia, o como lo hizo en México con los gobiernos que antecedieron al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, que sólo sirvieron para consolidar los grupos narcoparamilitares más fuertes del continente.
«La lucha contra el crimen organizado, en el esquema del nuevo gobierno, exhibe un revelador acoplamiento con la estrategia estadounidense de guerra contra el terrorismo y el narcotráfico», comenta el periodista.
«La ecuación multicolor sobre inseguridad ciudadana, que fue un exitoso caballo de batalla electoral, quedó definitivamente atrás. La discusión inicial sobre si la inseguridad requería desplegar soldados en las calles ha sido rápidamente superada«, precisó.
«Ahora la apuesta es en un nivel superior: se trata de “seguridad y defensa”, un concepto acuñado por el futuro ministro Javier García, que recuerda la “seguridad en desarrollo” de 1974 e impulsa una unidad de acción de policías y militares ante los “desafíos” de los enemigos de estos tiempos: narcotráfico, crimen organizado, terrorismo y corrupción», subraya Blixen.
Sus ministros anuncian «emergencia» en seguridad
En una reunión, el pasado martes 22 de enero, Jorge Larrañaga y Javier García confirmaron que sus respectivos ministerios trabajarán en forma conjunta ante “una situación de emergencia en materia de seguridad pública”.
García reiteró: “La lucha contra la inseguridad y la defensa del país son conceptos que van agarrados de la mano”.
Describe Blixen que el próximo ministro está entusiasmado con su idea de desplegar unos 1.000 efectivos militares en la frontera. “El narcotráfico pasa por las fronteras y después termina acá, en la esquina. Para que haya crimen organizado, tuvo que pasar por la frontera”.
«La explicación exhibe cierta ingenuidad, sobre todo ante la evidencia de que los cargamentos de droga aterrizan bastante lejos de la frontera y los cuarteles generales del crimen organizado son vecinos de los centros bancarios, las zonas francas y los bufetes de abogados. Pero da igual: la intención política es construir un enemigo poderoso, el crimen organizado, y transformarlo en eje de una nueva política de seguridad nacional», explica Blixen.
A este proyecto se sumó Álvaro Garcé, ex comisionado parlamentario para cárceles y asesor de Lacalle en materia de seguridad, quien será nombrado Director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, cuyos cometidos y atribuciones quedaron detallados en la ley de urgente consideración que se debatirá tras la asunción del nuevo Parlamento.
En una entrevista con periodistas de El País, Garcé confirmó que la reestructura de la inteligencia (una coordinación estrecha basada en pautas comunes entre distintos aparatos policiales y militares) “apuntará a todas las modalidades del crimen organizado; entre ellas, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el contrabando y el abigeato”. “También hay otras cuestiones, que tienen que ver con ciberataques, el terrorismo, la trata de personas.”
Así, entonces, el futuro es predecible: Uruguay se embarcará de lleno en la política diseñada por las administraciones estadounidenses, que impulsan la «guerra frontal contra el narcotráfico», al que, como acaba de definir Trump, se considera, antes que nada, «terrorismo». Los cárteles de la droga, desde México hasta Brasil (y eventualmente la Provincia Cisplatina), serán, a partir de ahora, objetivos militares estadounidenses para los que no existen fronteras nacionales.
«Definido en esos términos y sin debate político de por medio –excepto la afirmación de que hay una “emergencia de seguridad”–, esta nueva política de defensa nacional se incorpora de lleno en la estrategia estadounidense que pretende, por la vía del narcotráfico, otro mecanismo de injerencia e intervención. La opción o bien fue adoptada en secreto, o bien es producto de una superficialidad suicida», advierte Blixen.
¿Cuánta penetración del narcotráfico hay en el Estado?
Bilxen describe en su análisis que sin la política de “seguridad para la defensa”, Uruguay multiplicó a lo largo de 2019 la captura de grandes embarques de droga, incautando hasta 12.000 kilos.
Ejemplo de esta actuación son casos como la tonelada de cocaína decomisada en una casa de Parque del Plata, tres toneladas incautadas en un contenedor que tenía como destino África y seis toneladas escondidas en una tolva de un establecimiento agrícola de Soriano.
Pero, así como se luchó contra este flagelo, también se evidenció la contracara, como la penetración del narcotráfico en la unidad militar de Laguna del Sauce, donde oficiales y personal subalterno que montaron un esquema de robo de combustible para aviones que tenía, entre otros, clientes del narcotráfico; y el productor agrario que intermediaba en el pasamanos de las seis toneladas de cocaína estaba vinculado a Cabildo Abierto.
«Sería iluso pensar que la corrupción vinculada al narcotráfico surgió en 2019; simplemente quedó en evidencia. Lo que no se sabe es qué penetración tiene esa corrupción en todos los estamentos, civiles, policiales y militares», agrega Blixen.
El periodista uruguayo también comenta que la experiencia acumulada de la guerra contra la droga en América Latina exhibe un rotundo fracaso a lo largo de las décadas. La militarización del combate al crimen organizado se traduce en una mayor corrupción (fundamentalmente en los cuerpos represivos), en el afianzamiento de estructuras paramilitares y en una espiral de violencia.
«Sólo en México la guerra contra el narcotráfico desplegada por Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se cobró más de 250.000 muertos y más de 40.000 desaparecidos. “La estrategia anterior convirtió el país en un cementerio”, dijo recientemente el presidente López Obrador.
¿Pretende acabar con los movimientos populares?
Tal y como se procede en Colombia con la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, argumentos que han servido para masacrar pueblos enteros y asesinar a más de 600 líderes sociales entre dirigentes políticos, campesinos, indígenas y luchadores sociales, eso sin contar los casos de falsos positivos, Uruguay pudiera también tomar ese rumbo de concretarse la política de seguridad diseñada en Estados Unidos.
«Una constante de la guerra contra las drogas es su utilización como pretexto para desplegar una guerra sucia contra los movimientos populares. A veces, con la excusa de “enfrentamientos entre narcotraficantes”, las fuerzas represivas y los paramilitares mantienen una represión sistemática, ya sea en México, Colombia, Ecuador o Brasil, escenarios de la guerra contra el narcotráfico», advierte Blixen.
Por eso, resulta impactante la revelación de La Diaria, que confirma que “en los batallones del Ejército uruguayo se entrena en combate urbano, y las hipótesis de conflicto que se manejan trascienden la posibilidad de una invasión extranjera: otro de los enemigos definidos es el ‘terrorismo’, según fuentes militares”.
El informe de la periodista Natalia Uval consigna que, “en algunos batallones del interior del país, los superiores les dicen a los soldados que el enemigo a combatir es el narcotráfico y que deben estar preparados para ‘salir’ en cualquier momento a ‘eliminarlo’”. Consigna, además, que las hipótesis principales son el terrorismo y la invasión extranjera, “aunque las técnicas también se pueden usar contra el narcotráfico y las guerrillas”.
El entrenamiento militar en lucha urbana, confirmado por el ministro de Defensa, José Bayardi, fortalece la sospecha de que, en los esquemas de los mandos militares, la “seguridad nacional” sigue siendo “la misión”, y ese esquema se refuerza con la escalada de definiciones que en materia de seguridad amontonan los representantes del próximo gobierno.
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