Las protestas que adelanta desde hace seis semanas el pueblo haitiano se mantienen en pie de lucha contra el gobierno de Jovenel Moïse, y cada vez con el objetivo más claro: la renuncia del Presidente debido al rechazo generalizado de sus políticas neoliberales para complacer al Fondo Monetario Internacional (FMI) y sobre todo por su condescendencia a las directrices y doctrinas de Estados Unidos y de Francia.
A Moïse el pueblo lo acusa masivamente de ser corrupto y aliado de Estados Unidos, tras permitir que aún se mantengan tropas invasoras en su territorio, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que no sólo se han involucrado en la política nacional, sino que también han agudizado la crisis humanitaria, económica y social con la comisión de delitos de lesa humanidad, sobre todo, contra mujeres y niños.
Las tropas invasoras llegaron a Haití en febrero de 2004. Desde entonces y hasta octubre de 2017 el país fue intervenido por la ONU mediante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (Minustah).
Luego, la Minustah adoptó un nuevo nombre, debido a los escándalos en los que estaba inmersa, y paso a llamarse Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (Minusjusth), que debía concluir el 15 de octubre pasado, pero que aún sigue activa en la nación caribeña.
La ola de protestas en Haití tuvieron su origen en julio de 2018, cuando Moïse procedió a eliminar los subsidios a los combustibles, una medida impopular que se adaptaba a las exigencias del FMI, con el que su gobierno había acordado -en febrero de ese mismo año- un paquete de reformas estructurales a su economía a cambio de préstamos financieros por 96 millones de dólares.
Lo seguido fue el surgimiento de una nueva crisis política que comenzó con el aumento del petróleo y sus derivados: 38 % la gasolina, 47 % el diesel y 51 % el kerosene. Así estallaron las protestas en las calles haitianas que inmediatamente se masificaron y fueron reprimidas violentamente por la policía, lo que generó decenas de asesinatos y más caos, para que finalmente, la medida fuese derogada.
Pero las protestas volvieron a resurgir en febrero de 2019 cuando estalló el escándalo de corrupción por los fondos de Petrocaribe, proceso en el que el Gobierno habría malversado miles de millones de dólares destinados a la inversión social, y en el que al menos 3.800 millones habrían quedado en manos de funcionarios haitianos que se aprovecharon del convenio, entre 2008 y 2016.
En ese escándalo está inmerso también el presidente Moïse, quien de acuerdo con el Tribunal de Cuentas de Haití, su empresa Agritrans fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás se ejecutaron, a pesar de recibir el dinero.
Todo eso motivó a que los haitianos se volcaran a las calles de forma masiva para rechazar la corrupción gubernamental y a las pésimas condiciones de vida de la población, y desde entonces comenzó la lucha por sacar de la presidencia a Moïse.
Ante la desigualdad las nuevas protestas son más fuertes
Así como pasó con las protestas anteriores, los grandes medios de comunicación transnacionales -salvo algunas excepciones- han decidido silenciar la lucha de los haitianos y toda la crudeza de su realidad, donde decenas de personas han resultado asesinadas por los cuerpos policiales durante la represión.
De esa forma, el pueblo de Haití acaba de comenzar su sexta semana consecutiva de protestas y parálisis total de actividades, en las que participan los distintos sectores de la sociedad, principalmente maestros, estudiantes, líderes religiosos, la clase trabajadora y la gran mayoría de desempleados.
Desde el 16 de septiembre, el país es escenario de protestas diarias. Esta nueva oleada mantiene los centros docentes funcionando a media máquina, así como actividades económicas, comerciales, negocios e instituciones públicas y privadas alrededor del país, y con decenas de asesinatos y violaciones flagrantes a los derechos humanos que no son denunciadas, ni por la ONU ni por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Prueba de esto fue lo sucedido el pasado domingo, cuando una multitudinaria marcha en Puerto Príncipe colmó las avenidas Delmas y Panamericana, dos de las principales arterias viales de la capital. Allí se concentraron miles de personas y un grupo de artistas y cantantes ofrecieron conciertos y bailes con un discurso profundamente antigubernamental.
Pero, la represión no tardó en llegar y los funcionarios de seguridad del régimen de Moïse actuaron contra la manifestación, dejando el saldo de un joven asesinado por la policía en la zona de Petion Ville, una parte de la ciudad donde viven personas adineradas y que se ha convertido en un gran centro de negocios tras el terremoto de 2010.
Lo claro de estas manifestaciones que sacuden al país caribeño, es la exigencia de un cambio al sistema sociopolítico, actualmente dominado por el FMI y sumido en la extrema pobreza y miseria.
Haití es uno de los países más desiguales del planeta, con datos alarmantes. Allí, el 20 % más rico del país posee el 64 % de los ingresos, mientras que el 20 % más pobre tiene menos del 1 % de ingresos. De hecho, a principios de 2019, el propio Gobierno de Moïse reconoció que casi 80 % de los haitianos vive por debajo de la línea de la pobreza.
Otro dato alarmante es que al menos 70 % de la población está desempleada, mientras que casi 80 % de los centros de educación y de salud son privados, lo que hace que el acceso a estos servicios universales sean un lujo para millones de personas; algo parecido a lo que ocurre en Chile, por ejemplo.
La actual ola de protestas en la nación caribeña representa uno de los levantamientos populares más extensos de la historia reciente del país, pero el sentir popular aún no tiene eco en el seno del Poder Ejecutivo, y al respecto Moïse alega que se mantendrá en su puesto, porque según él «la Constitución es clara» y «especifica cuándo debo dejar el poder y cómo hacerlo».
Por ahora, mientras en Haití se vive una de las peores crisis humanitarias del continente, el silencio y el cerco mediático que ha procurado mantener Washington sobre la crisis persiste.
A pesar de la gravedad de la situación, el pueblo haitiano se mantiene en pie de lucha contra el gobierno de Moïse y continúa exigiendo masivamente su renuncia.
En la actualidad, 8 de cada 10 haitianos viven en la pobreza y se estima que al menos cinco millones padecen de inseguridad alimentaria aguda, según cifras de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (UE).
Los indicadores económicos no despiertan muchas esperanzas, pues en 2018 el país tuvo un leve crecimiento de 1,5 %, pero la inflación fue de 14,50 %, una crisis que se acentuó con la llegada de Moïse a la Presidencia en febrero de 2017.
Además, esa inflación, sumada al alto precio de la comida y los insumos de primera necesidad como ropa y calzado, han sido también parte del detonante para propiciar el saqueo de negocios, así como también la quema de estaciones de servicio, para de alguna manera llamar la atención de la comunidad internacional.
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