Para nadie es un misterio que la crisis de confianza de la ciudadanía con respecto de las instituciones tiene en un momento crítico a todo sistema político social chileno.
Entonces el sistema ha buscado todos los medios para, primero, defenderse a través de reformas pro transparencia – a medias por cierto – y, segundo, activar a sus medios de comunicación para fortalecer la imagen de un modelo que, hasta ahora, es un paciente con diagnóstico reservado.
En este sentido, la concentración medios que existe en Chile provoca un verdadero “desequilibrio de fuerzas” donde solo los grupos económicos, y quienes participen de sus intereses en distintas esferas, se encuentran representados. Entonces tenemos otra pata coja en nuestra maltrecha democracia.
Más aun viendo que Chile se quedaba a la cola de los avances que hasta ahora en Latinoamérica se han llevado a cabo. Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina son ejemplos de un proceso por democratizar las comunicaciones; ahora, en el caso del país trasandino, tras el arribo a la presidencia Mauricio Macri se ha llevado un proceso de desmantelamiento de la plataforma de medios públicos que se construyó en el período de Cristina Kirchner y que permitió dar un trato igualitario a los grandes conglomerados mediáticos como a los medios comunitarios y alternativos.
{destacado-1}Para Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas, “lo que pasa hoy en Chile es una extensión del modelo neoliberal que se instala en el país a partir de la dictadura. Y los medios hoy son entendidos como medios de control para sostener este modelo, ya que permiten incidir en el pensamiento de las personas respecto del modelo”.
“En Chile el pueblo no ve su espacio para representar su voz. Esto afecta a la ciudadanía chilena pues invisibiliza su expresión de pueblo diverso. No solo pueden tener medios quienes tengas los medios económicos”, agrega Olivares.
Al mismo tiempo, el profesor y director del medio on line cinetvymas.cl, Juan Carlos Berner, señala que “el Estado chileno está al debe en esta materia. Hace dos años se cerró el diario La Nación y está el caso de la profunda crisis que vive actualmente TVN, que son claros ejemplos de la escasa preocupación en esta materia”.
Junto con eso se ha dado un proceso de criminalización de los medios de comunicación comunitarios en el país, en específico de las radios – el año pasado fueron allanadas 6 y requisados sus equipos – y el hostigamiento canales de televisión.
Luis Lillo, director de Señal 3 TV de la Victoria, el canal de televisión comunitario más antiguo del país, señala que “el tema más de fondo es que dirigentes han sido golpeados por efectivos policiales, como es el caso de radio Manque o de una radio de San Fernando. Ahí estamos hablando de un trato inmoral o inhumano, ante eso el gobierno debiera ponerse en contra. El gobierno debiera detener las golpizas y las capturas de los equipos”.
“Además el gobierno debiera contribuir para que nosotros podamos expresarnos por nuestros propios medios, ya que el Estado no tiene políticas claras en materia de desarrollo de la comunicación popular” recalca Lillo.
En este punto, el senador Alejandro Guillier es catergórico en señalar que “el gobierno en esta materia no tiene política, que es lo que requieren los medios grandes”.
ROL DEL ESTADO Y VOLUNTAD POLÍTICA
Un sistema o plataforma de medios públicos es la estructura que se ha ido desarrollando para fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la información, dándole participación y espacio a todos los medios de comunicación.
“Siempre una de las bases o garantes de todo sistema democrático es tener una libertad de expresión vigorosa, tener consagrado el derecho humano de la expresión en toda su magnitud. Entendiendo que es un derecho humano, debe ser reconocido como derecho colectivo que no pertenece a un solo sujeto”, señala Javiera Olivares al momento de referirse a la necesidad de desarrollar este modelo.
Aunque, con desencanto, Olivares señala que esperaba una actitud diferente por parte del gobierno respecto del tema de medios de comunicación, ya que -según ella- “entendíamos el que la situación de los medios públicos era complejo. Sabíamos que esto sería así, pero debemos reconocer que esperábamos quizás no una revolución pero si algunos gestos por mostrar un interés por querer cambiar una política pública en materia de libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información. No hemos visto esa voluntad política”.
Otro ejemplo de la voluntad política en esta materia es el uso de los recursos disponibles, en este caso, para controlar las ondas electromagnéticas de los medios de comunicación populares.
En este caso, Lillo expresa que “yo le hecho presente al subsecretario de telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, lo absurdo que es gastar mil millones de pesos en un centro de control de ondas, para mantener el control de las radios comunitarias, y no utilizarlos en el desarrollo de estos medios de comunicación popular. Esto es una persecución de las radios comunitarias y una agresión hacia el resto de los medios de comunicación populares”.
Pero ante la falta de voluntad política los medios comunitarios se adelantan y preparan la ofensiva.
El director de la Señal 3 TV de La Victoria adelanta que “nosotros de aquí a un corto tiempo vamos a fabricar transmisores analógicos y digitales, vamos a hablar con las distintas organizaciones populares que quieran desarrollar televisión comunitaria se los vamos a ofrecer a precio de costo para entregárselos. Esto con el fin de apurar el desarrollo de la televisión comunitaria en Chile, creemos que el Estado es muy lento para este proceso. Para este año el fondo de desarrollo digital tiene un presupuesto de $0, entonces nosotros les decimos a ellos, al gobierno, que vamos a tener más de 50 canales comunitarios funcionando a lo largo de Chile”.
“Le estamos diciendo al Estado: o están contra nosotros o a favor; en tanto el medio de comunicación no sabe dónde moverse. Pero nosotros no los vamos a esperar para avanzar en esta tarea del proceso de la democratización de la comunicación popular”, recalca desafiante Lillo.
LA BATALLA DEL AVISAJE
Una de las barreras que deben saltar los medios que se encuentran fuera del oligopolio de los medios de comunicación en Chile es el financiamiento. Más aún cuando la torta publicitaria se encuentra concentrada en los medios que sostienen el modelo.
Sin embargo, y a pesar de la importancia y cantidad de recursos involucrados, no existe transparencia respecto del cómo se asigna la publicidad ni cómo se distribuye.
El periodista y actual senador por Antofagasta, Alejandro Guillier, da cuenta que “en la discusión del presupuesto del año 2014 descubrí que hay un ítem para los distintos ministerios y que suma más de US$50 millones, montos que no tienen ningún reglamento para su asignación, dejando la decisión al arbitrio de algún funcionario de cada repartición”.
Y agrega que “siguiendo la pista de esta plata llegamos a conocer que esta plata se le entrega a agencias de publicidad, que son los que finalmente contratan los espacios en los medios». «¿Por qué no se realiza una licitación para cada una de las campañas en vez de contratar agencias externas”, se cuestiona.
Al respecto, la presidenta del Colegio de Periodistas señala que “nosotros presentamos junto con el senador Alejandro Guillier un proyecto respecto del avisaje, que depende de la ley de presupuesto; se lo presentamos al ministro secretario de gobierno, Marcelo Díaz, para contar con el patrocinio del Ejecutivo, y no contamos con el apoyo. Sólo recibimos como respuesta que el tema iba a ser estudiado pero finalmente no pasó nada”.
El proyecto, según el parlamentario, viene a “establecer una ley espejo para al menos el 50% de los recursos que usen los ministerios en medios regionales, con fin de fortalecer la descentralización. Y que se transparente la asignación de los recursos con tal de asegurar que ningún medio acumule más del 10% de los recursos y saber claramente quienes son los beneficiados de la publicidad estatal”.
Si bien el panorama es muy complejo a primera vista, para la presidenta del Colegio de Periodistas existen señales de quiebre del actual estado y señala que “pese a lo que digo, que a primera vista es desalentador, creemos que se debe insistir. Este es un tema pendiente para todos los actores sociales que ven como sus voces son silenciadas, porque los medios hoy en Chile son aparatos que van a la vanguardia de la derecha y de los sectores conservadores”.
“El desarrollar los medios de comunicación popular es avanzar en la profundización de la democracia en el país, mientras más radios o canales de televisión existan más profundidad se le da a la democracia. Y eso no lo decimos sólo nosotros, lo dicen organismos internacionales a los cuales adscribe Chile… a lo mejor hay gente que no quiere que se profundice la democracia y por lo tanto es más difícil de los medios comunitarios en el país”, remarca Luis Lillo al momento de proyectar los futuros escenarios de los medios en Chile.