El coronel en retiro Luis Gómez Müller, actual subdirector de la Defensa Civil, envió una carta al Departamento de Transparencia y Lobby del Ejército para impedir que El Ciudadano conociera detalles de su carrera militar cuando prestó servicios en la policía secreta de Pinochet.
Según datos recabados por este medio, Gómez Müller ingresó a las filas del Ejército en 1976. Entre enero de 1984 y enero de 1989, cuando era teniente, fue destinado a la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Luego de cumplir dos períodos en el Regimiento de Infantería Nº 3 “Yungay”, entrado el gobierno del presidente Ricardo Lagos, se acogió a retiro, y en 2013, bajo la administración de Sebastián Piñera, fue contratado por el Ministerio de Defensa.
Actualmente cumple funciones en la Defensa Civil, corporación de derecho público que tiene la misión de participar con voluntarios en “tareas de educación y responsabilidad social en beneficio de la ciudadanía, promoviendo actividades de prevención y reducción del riesgo de desastres”, de acuerdo a la página web del organismo.
A finales de 2015, usando la Ley de Transparencia, El Ciudadano pidió información al Ejército para saber qué oficiales vinculados al Regimiento “Yungay” de San Felipe en la época de la desaparición y muerte del conscripto Pedro Soto Tapia – caso de 1996 que fue caratulado y cerrado como un “suicidio” por la justicia – continuaban manteniendo vínculos con el Estado.
Es así como el Ejército informó que no sólo Gómez Müller (segundo comandante del Regimiento “Yungay” durante el caso Soto Tapia), había sido recontratado por el Ministerio de Defensa. También lo había sido Roberto Hernández Maturana, ex comandante del mismo destacamento de la Región de Valparaíso.
En efecto, el coronel en retiro Roberto Hernández prestó servicios en calidad de Personal a Honorarios del Estado Mayor Conjunto entre mayo de 2008 y junio de 2014. El término de su relación laboral con el EMC coincidió con su sometimiento a proceso por el juez Mario Carroza en la causa que indagó los crímenes de Jorge Pacheco Durán, Denrio Álvarez Olivares y Ernesto Mardones Román, todos detenidos en dictadura.
El Ejército procedió a entregar a El Ciudadano copia de las Hojas de Vida y calificaciones del coronel (r) Hernández Maturana, pero no así los documentos correspondientes a la carrera de Luis Gómez Müller. Esto porque el ex agente de la CNI se encargó de manifestar su oposición a la entrega de dichos antecedentes, que calificó de “información personal clasificada de mi pasado institucional”.
Para fundamentar su renuencia a entregar lo requerido, el subdirector de la Defensa Civil citó el artículo 19 de la Constitución, relativo a la “protección de la vida privada”, y el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que impone secreto sobre documentos “cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas”.
“Conforme a lo anterior y desconociéndose el uso de la información requerida, es que vengo a oponerme que se entreguen los antecedentes antes citados, en atención a que no tengo referencias de quién es el solicitante y para qué fines solicita mi información personal”, escribió el ex oficial de inteligencia en una misiva dirigida al coronel Hernán Novoa Carvajal, jefe del Departamento de Transparencia del Ejército, quien optó por denegar el acceso a la información requerida por este medio en virtud de los descargos de Gómez Müller.
LA DENUNCIA DE UN EX POLICÍA
Explosivas declaraciones realizó en enero de 2014 el ex detective de la PDI Edgardo Molina Astudillo, quien participó en las primeras diligencias del caso de Pedro Soto Tapia cuando la comunidad de San Felipe se enteró del hallazgo de sus huesos en el cerro La Virgen, a tres meses del repentino extravío del recluta.
Según lo declarado por Molina al periodista Francisco Ovalle de Radio Bio-Bio, “las inconsistencias en la investigación partieron desde el primer día del hallazgo de las osamentas, donde se cometieron varios errores graves de procedimientos”. Según esta versión del ex policía, quien apuntó a la participación de terceras personas en el caso, que tendrían vinculación con el Ejército, nunca se realizó una fijación del sitio del suceso y la evidencia fue levantada sin mayor control o custodia.
Molina también dijo haber escuchado una conversación telefónica entre el jefe de la PDI de la época, subcomisario Sergio Muñoz Olmos, y un comandante del Regimiento Yungay, donde el primero le comunicaba al militar que los restos del conscripto habían aparecido y que se “había borrado todo rastro para que nunca se supiera qué pasó efectivamente con él”.
El funcionario en retiro no precisó si la persona al otro lado del teléfono se trataba de Luis Gómez Müller o Roberto Hernández Maturana.
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