Suicidio de adolescente presa sin juicio en Limache abre debate sobre menores recluidos

Priscilla, una joven de 17 años presa en la cárcel de menores Lihuén de Limache, se ahorcó con una sábana en las primeras horas del martes 2 de diciembre. Su cuerpo fue encontrado colgado a la ventana por una funcionaria a las 1 y media de la noche. Junto a ella, había unas cartas en las que se despide de sus familiares.

La adolescente viñamarina estaba recluida desde el 13 de octubre de este año acusada de los delitos de robo con intimidación y hurto simple. Pese a que el artículo 37 de la Convención de Derechos del Niño  establece que la privación de libertad es último recurso y excepcional y por el período más breve que proceda, la joven estaba en internación provisoria.

Priscilla debió haber sido recluida en una unidad de corta estadía ya que presentaba abstinencia grave y un intento de suicidio anterior. Pero pese a que se implementó hace ya 1 año la ley de responsabilidad adolescente, no hay unidades de corta estadía en el país. La chica fue derivada al Hospital Horwitz, donde fue rechazada por ser mujer y no contar dicho establecimiento con sección especial para mujeres.

Hace un mes otro joven se suicidó en la cárcel de La Serena, según comenta el blog Justiciapenaladolescente.

Según un informe hecho en Italia, en la última década la tasa anual de suicidios en prisión ha aumentado hasta 15 veces más respecto a la población general. En Estados Unidos un estudio de la Fundacion Annie E. Casey estimó que el suicidio de jóvenes en centros de privacion de libertad era 4 veces mayor que el que se produce entre jóvenes no privados de libertad.

A juicio de Hugo Muñoz, asistente social del Equipo Ambulatorio Intensivo CPL Limache,
“cualquiera sean las características del joven, son diversos los daños que genera la privación de libertad a una persona en desarrollo, desde las dimensiones físicas a las psicosociales. Además, adaptarse a la prisión significa aprender un montón de cosas desadaptativas que no sirven en lo social, sino que orientan hacia una vida ligada al mundo carcelario”.

Actualmente hay 110 jóvenes que cometieron delitos siendo menores de edad, recluidos en la cárcel de Limache. De ello, sólo 46 han recibido condenas.

Muñoz agrega que “la actual política chilena de licitación de cárceles de adultos permite sospechar que el fracaso del SENAME en el tratamiento y rehabilitación de adolescentes infractores de ley, podría representar una ‘oportunidad de negocios’ para alguien interesado en la licitación de este tipo de centro o de otros similares, así como el asegurar una población para tales ‘hospederías’. El fracaso en la rehabilitación va a significar una oportunidad de negocios futuros para otros”.