El Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra del exalcalde de Pirque, Cristián Balmaceda (RN), y las exfuncionarias de la Corporación Municipal Angela Gálvez y Claudia González, por el delito de fraude al Fisco. Según la acción judicial, los hechos ocurrieron mientras Undurraga como alcalde de la comuna, también era presidente de dicha corporación, y quien, tres días antes de finalizar su período, finiquitó a Gálvez por un monto de $63.351.738.
«No sólo queda en evidencia la falta de motivación del cese de las funciones de Gálvez, sino que dan cuenta de un acuerdo suscrito entre Cristián Balmaceda, en su calidad de presidente de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque, y Ángela Gálvez, secretaria general de la Corporación, efectuado con la única finalidad que Gálvez recibiera el pago de una indemnización improcedente, a sólo días en que Balmaceda dejara su cargo como presidente de la Corporación, y de esta forma defraudar a dicha Corporación mediante la obligación de efectuar un pago indebido», se lee en la querella del CDE, quienes además agregaron que no es posible otorgar beneficios a los funcionarios públicos por sobre de aquellos establecidos en la ley, como mala y dolosamente se acordó entre Balmaceda y Gálvez en la transacción y finiquito.
Incluso, en la acción presentada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, se relata que de ninguna manera se puede poner término a dicho contrato de trabajo por causa de “necesidades de la empresa”, siendo una situación falseada, por ambos querellados, para obtener una serie de prestaciones de forma ilegal por parte de CORPIRQUE a favor de Gálvez.
Respecto a González, se menciona que sin existir estipulación alguna en el segundo contrato o anexo que lo respalde, a González se le pagaba mensualmente bonos por “asignación de responsabilidad directiva” y por “asignación de responsabilidad”, «lo que era completamente infundado; y que además influyeron en el cálculo de la indemnización una vez terminada la relación laboral».
«Se pone término al contrato de trabajo de González a partir del 28 de junio de 2021, en virtud a lo dispuesto en el artículo 161 del código del Trabajo, esto es, “necesidades de la empresa”, sin indicar consideraciones de hecho (…) Con motivo de dicha transacción y finiquito, y a pesar de que González llevaba contratada menos de un año y medio por la CORPIRQUE, se estipuló el pago de $38.369.993 (…) Fuera de toda lógica y regulación legal, se acordó una indemnización denominada “indemnización por término anticipado de contrato a plazo fijo” por un monto de $36.526.608, que a todas luces resulta injustificado y que fue tramado entre los querellados para defraudar burdamente a la CORPIRQUE», dice la querella.
Además, se especifica que González desarrolló funciones como directora de Salud y, posteriormente, adicionalmente habría ejercido como directora (S) del CESFAM Balmaceda, recibiendo un pago adicional.
No obstante, esta no es la primera vez que el exalcalde es noticia, puesto que, en el año 2018 denunció a su primo Manuel José Ossandón, por el delito de tráfico de influencias, quien posteriormente se «vengó» querellándose en su contra por fraude al Fisco.
Actualmente, la querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado sigue en materia de investigación.
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