Por Geraldina Colotti / Semanario Cuatro F
Son muchas y fundadas las razones para considerar las parlamentarias del 6 de diciembre como las elecciones más importantes en 20 años de socialismo
bolivariano en Venezuela. El ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz, las ilustró durante el programa Dando y Dando que dirige junto a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz.
La elección número 25 permitiría al chavismo recuperar el Parlamento, tras la victoria de la derecha en 2015, tanto como restablecer un nuevo pacto social basado en la dialéctica política y no en el golpe permanente que ha obligado a la Venezuela bolivariana a vivir en constante estado de alarma. A menos que haya acuerdos entre las élites como sucedió en la IV República en Venezuela y como, después de todo, ocurre en las asfixiadas democracias burguesas, la «alternancia» en realidad es una fábula desprovista de sustancia.
A medida que avanzan las cosas en países donde los mecanismos de construcción de
consenso son menos sofisticados, porque las contradiciones de clase son más evidentes, un cambio político no significa simplemente un cambio momentáneo en la gestión del poder político. Cuando las elecciones las gana un arco de fuerzas que apoya una visión alternativa, incluso parcial de la sociedad, la burguesía se desata y una vez recuperadas sus posiciones, intenta hacer irreversible, por cualquier medio, el cambio de marcha. Si esto falla, las clases dominantes se dedican a condicionar y distorsionar el proyecto alternativo para compatibilizarlo con el sistema. La situación de Brasil, Ecuador y Bolivia ofrece muchos puntos de reflexión en estos diversos sentidos.
En Venezuela, luego de ganar las legislativas, la alianza opositora transformó uno de los cinco poderes que conforman la institución venezolana en un centro de subversión, prometiendo acabar con el chavismo en seis meses. El Parlamento – dijo Aristóbulo – se transformó desde entonces en un “Pentagonito” movido por un triple objetivo: apropiarse de los recursos; vender la soberanía y desestabilizar el país.
Un cálculo equivocado que, como mostró una reciente encuesta de Interlaces, terminó erosionando el consenso de la extrema derecha, generando el rechazo de los miembros de la oposición que aún tienen orgullo nacional. Por lo tanto, cada vez se hace más evidente porqué el componente proatlántico de la extrema derecha venezolana no tiene intereses electorales, sino empresariales y multinacionales; dirigidos desde afuera.
Oligarcas y prófugos de la justicia que se agitan fuera del país, siguen el plan multidimensional dirigido por Trump y apoyado por la Unión Europea, con complicidad de organismos internacionales como la OEA de Luis Almagro o el Grupo de Lima, creado para la ocasión. Órganos a los que escuchamos animando la nueva campaña de descrédito, con el esquema de «sanciones» contra la celebración de las próximas parlamentarias.
Neocolonialismo extranjero
Después de haber presagiado la voluntad de promover el diálogo y la democracia, negándose a sí mismos, estas instituciones han llegado a «sancionar» incluso a los diputados opositores que se han mantenido en el juego democrático separándose de los golpistas. Y ahora la Unión Europea, con la soberbia neocolonial que la caracteriza, al servicio de banqueros y emprendedores y que no defiende a los sectores populares; por boca del Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, ha rechazado la propuesta del presidente Maduro de enviar una misión de observación electoral al país bolivariano. Según Borrell, no habría «condiciones» y las elecciones deberían posponerse.
Una línea que sigue las indicaciones de Washington y los deseos de Trump, quien ha sugerido la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales programadas para el 3 de noviembre en su país para recuperar la desventaja acumulada ante la desastrosa gestión mostrada durante el coronavirus.
En este caso, para la UE se trata de acoger los deseos de la oposición golpista, a la que se refiere Trump, y de seguir por la senda de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Con qué derecho la Unión Europea pretende imponer el calendario electoral a una nación soberana? ¿Con qué derecho impone “sanciones al pueblo venezolano en plena pandemia? ¿Con qué derecho participa en el robo del oro de la República Bolivariana al apoyar a un puñado de defraudadores, ahora impresentables incluso para sus padrinos norteamericanos?
Con fines de lucro, por supuesto, para los intereses económicos que impulsan todas las guerras, ya sean militares o comerciales. En este momento de transición, determinado por la propagación de la pandemia, las cartas se están redistribuyendo a nivel mundial. Para lo que se llama una «nueva normalidad», está en juego la construcción de un «nuevo tipo de globalización» en el que los distintos polos intentan posicionarse, entre las presiones proteccionistas y la necesidad de repensar las políticas públicas renovando la relación Estado-mercado para contener las protestas sociales. Una globalización que, para la UE, marcha en el signo de una creciente militarización como motor de la recuperación económica.
Según la Cepal, para 2020, la economía latinoamericana tendrá una contracción de entre 2 % y 4% del PIB, una reducción de las exportaciones del 10,7 %, un aumento del número de personas en pobreza extrema hasta más de 90 millones. El FMI se prepara para intervenir en 14 países que han solicitado un apoyo extraordinario, y el tema de la deuda externa afectará cada vez más las políticas sociales.
Los intereses de la Unión Europea
El entrelazamiento de intereses entre Europa y América Latina ha alcanzado niveles
sin precedentes en los últimos años. La UE ha suscrito acuerdos de libre comercio o políticos y de cooperación con 27 de los 33 países de América Latina y el Caribe, es el primer inversor directo de la región, el principal actor de cooperación internacional, el tercer socio comercial. Un tercio de los estudiantes latinoamericanos en el extranjero están en Europa.
El 27 de marzo de 2020, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Uruguay, junto con otros ocho países, firmaron el Acuerdo de Arbitraje Provisional de Apelación Multiparte –MPIA-, un acuerdo para resolver disputas comerciales ante la pérdida de peso de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y del sabotaje de Trump, que dificulta el nombramiento de nuevos jueces del Órgano de Apelación (Appellate Body).
El 28 de junio de 2019, se alcanzó el Acuerdo de Asociación entre la UE y un Mercosur conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que se venía negociando desde el año 2000. Una conexión alcanzada ahora que Venezuela ha sido excluida del organismo regional y que, además de Argentina, cuyo gobierno ha vuelto a la izquierda, ve la participación de tres países neoliberales.
Esta sería la mayor zona de libre comercio jamás creada por la Unión Europea, que incluiría a 780 millones de personas, y que permitiría a la UE eliminar el 91 % de los aranceles sobre los productos exportados, y garantías de mercado para 357 productos alimenticios europeos. Actualmente, ya el comercio asciende a 122.000 millones de euros.
Además, la UE está negociando acuerdos bilaterales con dos países que no pertenecen al Mercosur, como México (segundo socio comercial con Europa después de Brasil, con el que se espera una reducción del 99 % de los aranceles aduaneros) y Chile. La participación de los principales bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es fundamental.
Cómo reacciona Donald Trump
En este contexto podemos leer la disputa actual por la elección al mando del BID donde Trump quiere imponer a uno de los suyos. Un número creciente de países latinoamericanos se opone a la idea de perder el control sobre su principal prestamista regional. La UE apoya la posición de México, Argentina e incluso Chile que quisiera retrasar la elección, esperando la derrota de Donald Trump, pero que no alcanza el 25% de los votos necesarios para decidir.
El magnate de la Casa Blanca, que busca contener la presencia de China en América Latina quiere imponer la candidatura, para dirigir el BID, de su principal asesor para América Latina, Claver-Carone, conocido por sus posiciones agresivas hacia Venezuela y Cuba. Respaldado por Brasil y Colombia, Carone es el más favorecido, y sería la primera vez que el BID tendría un liderazgo de nacionalidad no latinoamericana.
En entrevista con Reuters, el 29 de julio Claver-Carone dijo que Trump dará un fuerte incentivo a las empresas estadounidenses que quieran trasladarse de Asia a América Latina y el Caribe, y que esto representaría una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares. Según Claver-Carone, las conversaciones con varios países de América Latina y el Caribe ya han avanzado.
Mientras tanto, se perfila un poderoso eje económico neoliberal entre los dos principales gendarmes estadounidenses en Oriente Medio y América Latina: Israel y Colombia. El 11 de agosto entró en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado en 2014 y que prevé un 99% de alivio de aranceles para los productos colombianos que ingresan a Israel. A cambio, Tel Aviv podrá comerciar en Colombia los productos obtenidos de la explotación colonial de los palestinos. Este es el primer acuerdo comercial celebrado con Oriente Medio.
La UE también ha suscrito un acuerdo con la Alianza del Pacífico y pretende tener una mayor influencia en el continente latinoamericano y caribeño con la creación de la Fundación EU-Celac que, en mayo de 2019, se convirtió formalmente en una organización internacional.
Además, la UE busca incidir en las opciones políticas de la Venezuela bolivariana tanto a través del Grupo de Contacto Internacional, integrado por varios países latinoamericanos y europeos, como interviniendo, tras bastidores, en las iniciativas de diálogo que se llevan a cabo con la mediación de Noruega.
La retórica es siempre la misma: “asegurar que los venezolanos puedan decidir su
futuro con nuevas elecciones libres y democráticas”. Donde por «libres y democráticas» se entiende que deben ser dirigidas y animadas exclusivamente por los payasos del imperialismo norteamericano y europeo. A ellos, la “Primera Conferencia internacional de donantes sobre la crisis migratoria y de refugiados venezolanos”, organizada por la UE, ACNUR y OIM, ha otorgado más de 120 millones de euros, sumados a los 170 millones de euros ya invertidos por la UE en los últimos años.
Otro medio sutil que utiliza la UE para presionar sobre Venezuela es la relación con Cuba, basada en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) firmado el 11 de marzo de 2016 como parte de las «aperturas» decididas por Obama. Una cooperación que busca condicionar las relaciones con Venezuela y el socialismo cubano, que desde hace 62 años se resiste a los acuerdos políticos que quieren chantajearlo a través de la trampa de los «derechos humanos». Sin embargo, tanto con motivo de la firma como posteriormente, el Gobierno cubano se ha mantenido claro en defensa del socialismo y de la Venezuela bolivariana.
¿Puede haber un cambio en Estados Unidos?
Por otro lado, mientras Obama estaba de visita en Cuba, le cerró la puerta a Venezuela, ya definida como «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos». Joe Biden, quien ahora ha elegido a la afrodescendiente Kamala Harris como vicepresidenta, fue uno de los primeros demócratas estadounidenses en reconocer la autoproclamación de Guaidó en 2019. En esencia, la línea de política exterior contra Venezuela no sufrirá cambios importantes.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos, programadas para un mes antes que las parlamentarias venezolanas, deberían despejar el juego. Y todavía hay tiempo para que los halcones del Pentágono presenten otras provocaciones contra el socialismo bolivariano. Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, dijo que para justificar la agresión militar, Estados Unidos también está pensando en acusar al Gobierno Bolivariano de preparar un “atentado terrorista” en Estados Unidos.
“Según Trump” -escribió Moncada en un mensaje de Twitter- “el sistema electoral estadounidense es un desastre y los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre no serán confiables. La Unión Europea y la OEA se callan por miedo y prefieren unirse a Trump para intervenir en las elecciones en Venezuela. Colonialismo en acción”.
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