Esta semana el gremio docente de Uruguay comenzó una una serie de paros y movilizaciones en defensa de la educación pública, debido a la amenaza latente que representa el nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou contra el derecho de los ciudadanos a ser beneficiados por una educación pública.
Para mostrar el rechazo masivo a las acciones del presidente, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) programó una serie de paros escalonados y movilizaciones durante toda la semana, también exigiendo un presupuesto justo de al menos 6 %.
“El Gobierno se ensaña con la educación pública y particularmente con los niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables”, explicó la CSEU.
En ese sentido alertan que las recientes decisiones del gobierno de Lacalle «constituyen una nueva avanzada del ajuste fiscal, el cual se profundizará en los próximos años».
«La coalición gobernante viene impulsando un programa funcional a los intereses de aquellos sectores que componen su base social de apoyo, siempre objetivamente contrapuestos a los intereses de las inmensas mayorías populares», expone la organización.
En ese sentido, para manifestar su rechazo a las políticas neoliberales y consevadores de Lacalle Pou, el CSEU realizó este martes 18 de agosto un paro de 24 horas en la región norte (Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Río Negro y Soriano); y también se efectuó un acto central en la Plaza 19 de abril (Tacuarembó).
Este miércoles 19 de agosto, en la región este (Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo, Maldonado y Lavalleja) se cumplió un paro de 24 horas con un acto central en la Plaza Libertad (Minas, Lavalleja).
El jueves 20 de agosto, la región centro sur (Flores, Florida, Durazno, San José, Canelones, Colonia y Montevideo) realizará un paro de 24 horas y acto central en la Explanada de la Universidad de la República (Udelar).
El viernes 21 de agosto está prevista una conferencia de prensa de cierre de la semana bajo la consigna: “El Presupuesto digno”, que se transmitirá por Facebok.
Ensañamiento contra la educación pública
“La campaña tiene como objetivo lograr que el Poder Ejecutivo entienda que debe rectificar el rumbo que ha tomado, porque se trata de un ensañamiento con la educación pública”, dijo el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), José Olivera, citado en el portal del Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores, conocido popularmente como PIT-CNT, la central sindical única de Uruguay.
El dirigente sindical añadió que “el Gobierno se ensaña con la educación pública y particularmente con los niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables”.
“Se están haciendo recortes en la alimentación escolar, se plantea revisar la política de boleto gratuito estudiantil, se está recortando la extensión de tiempo pedagógico en Primaria y aunque prometieron 500 escuelas de tiempo completo, ahora dicen que en el mejor de los casos se llegará a 50”, denunció.
Olivera agregó que por todos estos motivos, los sindicatos de la enseñanza apelarán a “todos los mecanismos constitucionales y legales previstos en el marco del Estado de derecho para enfrentar el ajuste, así como para promover y concretar soluciones a las verdaderas necesidades y urgencias de la inmensa mayoría del pueblo”.
Como parte de esta nueva lucha del gremio docente, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza emitió una amplia declaración que concentra 10 puntos que buscan demostrar lo delicado de las decisiones recientes de Lacalle Pou, ya que ponen en peligro los derechos históricos alcanzados por los uruguayos, sobre todo en un área tan fundamental como la educación, que forma parte central del desarrollo.
Qué pide la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza
1) El presupuesto nacional es la expresión económica financiera de un programa de gobierno. En él se estipulan los ingresos y egresos en el Estado, prioridades en términos de inversión pública y de determinadas áreas, distribución de la riqueza generada, papel del Estado en el desarrollo nacional, entre otros importantes temas, con una proyección quinquenal más allá de los posibles ajustes que se puedan realizar en las sucesivas Rendiciones de Cuentas dentro del período. Es por lo tanto una norma que involucra y debe preocupar y ocupar al conjunto de nuestra sociedad.
Constitucionalmente el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 31 de agosto para enviar al Parlamento el Presupuesto de Sueldos, Gastos e Inversiones del Estado.
2) Mayor importancia, preocupación y ocupación por parte de la sociedad debe dársele a la elaboración, discusión y aprobación del Presupuesto Nacional, en momentos que nuestra realidad está siendo fuertemente influida por una emergencia sanitaria, que ha profundizado una emergencia social y económica que afecta a amplios sectores de nuestra sociedad, determinada por la pandemia.
En esta coyuntura, los principales organismos internacionales han puesto la mirada y el acento en el papel del Estado, y en especial vienen recomendando la necesidad de aumentar la inversión pública con el objetivo de atender las demandas derivadas de la emergencia sanitaria, económica y social.
3) Desde la campaña electoral, el Gobierno viene aplicando un ajuste estructural del Presupuesto Nacional de 900 millones de dólares, con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Por ello, desde el movimiento sindical sostienen que ese ajuste fiscal sólo es posible en el marco de un recorte sustantivo en la inversión pública, que afectaría a todo el Estado y particularmente áreas claves para la vida, como educación, salud, vivienda; así como menos puestos de trabajo, rebaja y pérdida salarial.
Las actuales definiciones del Poder Ejecutivo en materia presupuestaria parecen confirmar, lamentablemente, que en las actuales circunstancias de emergencia, sólo le sigue importando el “malla oro” y no el pelotón, que constituye la mayoría de los uruguayos.
4) Conviene señalar que el ajuste fiscal comenzó mucho antes que se decretara la emergencia sanitaria, y que no sirve y no es correcto utilizarla para justificar el mismo. Desde que asumió, el Poder Ejecutivo ha tomado definiciones tales como la devaluación del peso uruguayo frente al dólar, con la consecuente disparada de la inflación; dictó el Decreto 90/2020 que recorta el gasto en el Estado en 15 % afectando con ello el funcionamiento de áreas claves del Estado. También destacan la subida de tarifas de servicios públicos, rebaja en el descuento del porcentaje del IVA por el pago con tarjetas, creación de nuevos impuestos “temporarios” que afectó a trabajadores del sector público y pérdida de salario real en el sector privado. Estas medidas afectan a trabajadores, jubilados y pensionistas, mientras que el gran capital concentrado, beneficiado por este conjunto de medidas, aplaude.
5) La propuesta de construcción presupuestal del Poder Ejecutivo se inscribe en la perspectiva política estructural de ajuste; reflejando, a su vez, el impacto de la LUC (Ley 19889) y sus implicancioness en la continuidad del ajuste estructural del Presupuesto del Estado (Regla fiscal) De allí que esta instancia presupuestaria constituye una nueva avanzada del ajuste fiscal, el cual se profundizará en los próximos años.
En esta instancia se promueven limitaciones a la inversión pública, con especial afectación a las empresas públicas; recortes en salud, educación, asistencia social, vivienda y obra pública; reducción de personal mediante reestructuras organizacionales o directamente limitando el ingreso de funcionarios al Estado en relación tres a uno con el único objetivo de lograr economías; pérdida salarial para el conjunto de los funcionarios, así como pérdidas de derechos que implican una mayor rebaja salarial, entre otros lineamientos.
6) Se promueve un ajuste del gasto, coincidente con la línea política de ajuste estructural impulsada por el Poder Ejecutivo, en áreas claves como alimentación escolar, boleto estudiantil, creación de grupos de apoyo a los estudiantes, eliminación de cargos docentes y de funcionarios de gestión y servicios, limitación a las suplencias como política que asegure la continuidad educativa.
Es claro que estos recortes afectarán, directa y sustantivamente, las condiciones de aprendizaje y la formación de los niños, adolescentes y adultos, en especial de los sectores más pobres; así como también las condiciones de trabajo del conjunto de trabajadoras y trabajadores de la administración.
7) La Udelar cumple un papel fundamental en la formación terciaria de los jóvenes y la posibilidad de acceso a más educación a lo largo de toda la vida. Atiende una cantidad siempre creciente de estudiantes de grado, posgrado y educación permanente, llevando adelante investigación básica y aplicada, e interactuando con todo el país a través de la extensión y la asistencia directa. Desde el comienzo de esta crisis sanitaria, la Udelar ha actuado de forma rápida y coordinada para dar una respuesta adecuada y responsable según las necesidades de estudiantes, funcionarios/as y de la sociedad en general. También ha realizado una directa e importante contribución en el combate de la pandemia y las consecuencias sociales y económicas de esta, poniendo a disposición del país todos sus recursos humanos y materiales, actuando en diferentes áreas (salud, científica, tecnológica y social).
Esto incluye al Hospital de Clínicas, brindando atención a miles de uruguayos de todo el país y participando en la primera línea de combate contra el COVID-19.
El recorte establecido en el Decreto 90/2020 constituye un importante escollo en la capacidad de actuación de la Udelar y su hospital universitario, poniendo en peligro la ejecución de planes estratégicos para el desarrollo de la institución.
A su vez, las recientes manifestaciones públicas vertidas por integrantes del Poder Ejecutivo, ignorando la difícil situación presupuestal de la Udelar, promoviendo el recorte y desconociendo los logros educativos y científicos alcanzados por nuestra institución, representan una amenaza para el país en términos de educación, salud, cultura, trabajo e independencia económica.
8) Por todo lo anteriormente señalado, al Gobierno Nacional el gremio le dice:
a- Rechazamos en todos sus términos el proceso de ajuste fiscal en curso sobre todo el Presupuesto del Estado, particularmente en la Educación Pública.
b- Apelaremos, en el marco del Estado de Derecho, a todos los mecanismos constitucionales y legales con que contamos para enfrentar este ajuste, así como para promover y concretar soluciones a las verdaderas necesidades y urgencias de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, a pesar de las limitaciones impuestas.
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