Vehículo fiscal, acoso laboral y obstrucción: El historial de denuncias en contra de Sergio Muñoz al interior de la PDI

Durante la tarde del martes 19 de marzo, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva, en contra del exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Lo anterior, tras revelarse que filtraba información de casos de connotación pública al abogado Luis Hermosilla, quien también es investigado por el Ministerio Público por presuntamente pagar coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.

Sin embargo, Muñoz no tan solo ha sido cuestionado por este caso, sino que por su gestión a la cabeza de la PDI. Por lo que el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso a diversas denuncias en contra de Sergio Muñoz al interior de la institución, siendo una de las primeras que Muñoz llegó a la dirección general por ser el primo hermano del subdirector anterior, Carlos Yáñez Villegas, mano derecha y hombre de confianza de Héctor Espinosa.

CASO VALERIA VIVANCO

El 13 de junio del año 2021, cuatro funcionarios de la PDI realizaron un operativo en la población Santo Tomás, en donde se encontraba el detective Leonel Contreras, el comisario Felipe Gallardo, las subinspectoras María Constanza Norambuena y Valeria Vivanco, quien falleció esa misma tarde producto de un disparo percutado por uno de sus compañeros. Pero, la familia Vivanco siempre denunció la existencia de ocultamiento y obstrucción en la investigación por parte del alto mando de la PDI.

«Denunciamos con mucha fuerza las pruebas negligentes, los peritajes deficientes, la obstrucción en la investigación y el ocultamiento de evidencia que realizó la Policía de Investigaciones de Chile, el Hospital Padre Hurtado y el Servicio Médico Legal. Lamentablemente, y de manera criminal, este ocultamiento estuvo en pleno conocimiento del exdirector Héctor Espinosa y del actual director Sergio Muñoz. En ese entonces, el actual director era jefe nacional de Inteligencia; tenía información hasta del Presidente de la República, ¿Cómo no iba a saber lo que estaba ocurriendo en el Lacrim y en la jefatura Nacional de Homicidios? Sus propios altos mandos sabían, desde el primer momento, los peritajes que se ocultaron», se lee en el Informe de la Comisión Especial Investigadora de la PDI, en donde prestaron declaración la familia de Valeria Vivanco.

Incluso, según el relato de Miguel Ángel Vivanco, hermano de la subinspectora, existieron peritajes falsos que se entregaron a Fiscalía -la misma semana del fallecimiento de la joven-,y los que provenían de la misma PDI. Es más, producto de estas pruebas, se encarcelaron a personas inocentes, pero el peritaje de microanálisis que arrojaba residuos de disparo positivo en las manos de Leonel Contreras, estuvo oculto por cincuenta días.

«El señor subprefecto Erwin Rojas Cortés, exsubjefe de la BH Metropolitana, tomó conocimiento de este peritaje a los casi quince días de ocurrido el hecho. Él mismo lo menciona en el sumario administrativo, y no informó al Ministerio Público», detalló Vivanco ante el Congreso.

Finalmente, la Corte Suprema anuló la sentencia en contra de Contreras por el homicidio de Valeria Vivanco, mientras su familia insiste en la obstrucción de Muñoz en el caso.

VEHÍCULO FISCAL

Ante la Cámara de Diputadas y Diputados también expuso el exfuncionario de la PDI, Germán Vásquez, quien relató que Sergio Muñoz mantuvo un vehículo fiscal, con funcionarios de la PDI y bencina fiscal, destinado al cuidado del exdirector general, señor Héctor Espinosa -también involucrado en el caso filtración-.

«Al respecto, cito el dictamen de la Contraloría: “… la asignación de vehículos fiscales a las exautoridades a que se refiere la preceptiva del anotado artículo 2° del decreto N° 15, ya citado, es procedente sólo en cuanto se trate de una medida de protección y seguridad en el sentido que le confiere la normativa
contenida en dicho texto normativo, esto es, en el entendido que su carácter sea transitorio y ante evaluaciones que den cuenta de la necesidad de brindarla desde la perspectiva del riesgo, siempre y cuando la respectiva institución cuente con los medios para otorgar tal apoyo (…) la asignación personalizada y permanente de vehículos fiscales, con conductor y con todos los gastos asociados a ello, no resulta procedente al amparo de la normativa precedentemente expuesta», explica la resolución de Contraloría.

Respecto a esto, Vásquez afirmó que a pesar de las conclusiones emitidas por el ente fiscalizador, todos los días, durante las 24 horas, se entregaba un vehículo, con bencina fiscal y funcionario al cuidado del exdirector Héctor Espinosa Valenzuela -por instrucciones de Muñoz-.

ACOSO LABORAL

En junio de 2015, la comisaria activa de la PDI Tania Jara, denunció haber sido agredida sexualmente por su compañero de trabajo de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, de iniciales G.A.S.M, por lo que se inició un sumario administrativo, en donde el agresor fue sobreseído por la institución. Pero el caso de Jara no queda aquí, puesto que, comenzó a sufrir una persecución y acoso laboral al interior de la PDI, por el hecho de haber denunciado a un compañero de funciones, lo que era evidenciado a través de una carga laboral excesiva, difícil de cumplir en los términos establecidos.

«Mientras cumplía en la repartición de Concón, donde el jefe de unidad, comisario Carlos Cugat, activó una serie de actos sistemáticos en mi contra, constitutivos de acoso laboral, de acuerdo con nuestras leyes. Todos estos hechos fueron iniciados luego de informar que presentaría una querella criminal en contra de mi agresor (…) me llevaron a solicitar documentalmente una entrevista con el entonces jefe de la Quinta Región Policial, actual director general, Sergio Muñoz Yáñez, para exponer las circunstancias que me estaban afectando, las cuales configuraban plenamente acoso laboral, a estas alturas, por parte del subprefecto Carlos Cugat; sin embargo, a la fecha, no he sido atendida por esa solicitud», expuso Tania Jara en la Cámara Baja.

Incluso, el funcionario denunciado no posee ninguna prohibición de acercarse a Jara, debiendo soportar que estuviera a dos metros de la comisaria, quien sintió angustia y desesperación, mientras la PDI ni Muñoz activaron protocolos para proteger a Jara al interior de la policía.

Situación similar experimentó M¨, una exfuncionaria de la PDI, una exfuncionaria que denunció haber sido violada por su compañero de funciones, y que pese a ser informado a Sergio Muñoz, el funcionario sigue activo.

-Él (Muñoz) es el responsable de que quien me violó siga en la PDI-, dijo M a El Ciudadano.