Venezuela experimenta un nuevo escenario político desde que el Gobierno y un sector radical de la oposición acordaron aliviar las tensiones y liberar recursos del Estado venezolano en el extranjero, retenidos por la banca internacional a raíz de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo financiero impuesto por EE.UU., y la Unión Europea (UE) contra Caracas.
Tras suscribir el acuerdo parcial en la Ciudad de México hace un par de semanas, que consiste en inyectar fondos necesarios para atender urgencias en áreas como salud, educación y servicios públicos en Venezuela, también se han logrado flexibilizar las sanciones contra la industria petrolera venezolana, reseña RT.
Como parte de esos acuerdos entre el Ejecutivo y el ala de la oposición que promovió el paquete de sanciones contra su propio país, un progreso notable del diálogo se tradujo en la firma de nuevos contratos entre la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la estadounidense Chevron, algo impensable en los últimos años.
Contratos entre Pdvsa y Chevron
Desde que EE.UU. comenzó a aplicar sanciones contra la industria petrolera venezolana y sus empresas filiales, hace más de una década, el Gobierno venezolano ha denunciado que las medidas coercitivas impuestas al país provocaron que Pdvsa disminuyera su producción de manera importante.
La caída de la productividad se originó, en gran parte, por la imposibilidad de Pdvsa de hacer mantenimiento adecuado a sus refinerías, debido a que no podían acceder a repuestos en el mercado internacional, así como adquirir aditivos para elaborar gasolina y otros derivados.
En paralelo, las sanciones también impactaron contra las empresas multinacionales que tenían negocios en Venezuela, que a raíz de las sanciones financieras y el bloqueo económico contra Caracas, se vieron obligadas a paralizar sus labores, poner fin a sus actividades o —en el mejor de los casos— a depender de autorizaciones limitadas de EE.UU. y la UE para operar en territorio venezolano.
Todo esto se tradujo en una crisis energética que sufrió el país suramericano durante años, con escasez de combustibles, gas doméstico y lubricantes para vehículos, que obligaron a Caracas a tomar medidas urgentes para atender la emergencia, entre ellas, negociar la importación de gasolina desde Irán, también sancionada por Washington y Europa, y realizar el mantenimiento a sus refinerías con expertos iraníes.
Sin embargo, a raíz de los nuevos contratos con Chevron que permiten «la exploración, explotación, refinación, comercialización de crudo y sus derivados» en Venezuela, cuestiones como la venta de petróleo venezolano en el mercado internacional, el abastecimiento interno de carburantes y otras actividades relacionadas a la industria petrolera deberían dar un cambio en lo inmediato aunque persistan las sanciones contra Caracas.
Los acuerdos entre Pdvsa y Chevron forman parte de una «sociedad estratégica» y la presencia de la petrolera estadounidense en Venezuela se extiende al desarrollo de cuatro empresas mixtas, dos en el estado Zulia y dos en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se encuentran las mayores reservas de crudo del mundo.
Diálogo con las otras oposiciones
Tras la firma del acuerdo en México, el presidente Nicolás Maduro convocó a dialogar a las demás facciones opositoras, consideradas democráticas por mantenerse dentro del orden constitucional durante el conflicto político con el ala «extremista».
Maduro realizó un primer encuentro en Caracas, junto con otras autoridades de Gobierno y representantes de la Alianza Democrática, «a fin de unificar criterios que contribuyan al crecimiento económico y social del país», informó la cartera de Comunicación venezolana.
A esa reunión acudieron representantes de los partidos políticos Acción Democrática, Primero Venezuela, Cambiemos, Avanzada Progresista y Copei. El presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación del diálogo por parte del Gobierno, Jorge Rodríguez, detalló que hablaron de asuntos económicos, sociales, políticos y electorales. Además, aseguró que en un máximo de 30 días presentarían un documento conjunto.
Juan Carlos Alvarado, secretario general de Copei, dijo que el encuentro sirvió «para identificar los problemas de la nación» y comprometerse a lograr «un pacto político constitucional» en favor de la población.
A mitad de esta semana, Maduro sostuvo otra ronda de conversaciones con representantes del partido político opositor Alianza del Lápiz. Jorge Rodríguez comentó que esa reunión ayudó a sumar ideas para atender el panorama político, social y económico del país.
Por su parte, el representante de Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri destacó que la «apertura política» que se está dando es satisfactoria, porque a su parecer el país necesita «un trato especial», a través de «un diálogo popular, serio y transparente» que pueda dar «respuestas rápidas y tempranas» con tres tipos de medidas: urgentes, importantes y trascendentales.
Venezuela espera los fondos acordados
De momento, el Gobierno de Venezuela aún espera por la liberación de los más de 3.000 millones de dólares acordados con México para dar «soluciones a problemas cotidianos y urgentes» a los venezolanos, dijo esta semana el ministro para el Trabajo de Venezuela e integrante de la delegación de Gobierno para el diálogo, Francisco Torrealba, en una entrevista con el medio local Globovisión.
«Ahora falta que se liberen los recursos que están congelados para ser usados en los planes que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha definido y se han conversado con este sector de la oposición, que forma parte de la Plataforma Unitaria», agregó Torrealba.
Maduro ha dicho que su Gobierno busca el levantamiento de todas las sanciones impuestas contra Venezuela y la recuperación de «entre 24.000 a 30.000 millones de dólares» que están «secuestrados» en el extranjero y pertenecen a su país.
Un punto clave, resaltó Maduro, es la devolución de bienes de Venezuela en el extranjero, como la refinería petrolera CITGO en EE.UU., y la entrega de los dividendos generados durante los años que esa empresa ha estado intervenida por la oposición radical y apoyo de Washington.
Maduro adelantó que, con base en los recursos retenidos, su gobierno ha trazado un plan de inversión a futuro para el país, fijado hasta el año 2030, por lo que el reintegro de esos fondos son vitales para darle dinamismo a la economía y fortalecer «al máximo el sistema cambiario y el valor de la moneda nacional».
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