La polémica en la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A. es uno de los temas más complicados de resolver para la naciente administración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con respecto al proceso de reconstrucción de las relaciones que se adelanta con Venezuela.
La semana pasada, Petro señaló que dentro del trabajo que adelanta su equipo con Caracas para normalizar las relaciones bilaterales, «hay temas más complejos» y uno de esos es el caso de Monómeros.
De acuerdo al mandatario colombiano, la compañía —que pertenece al Estado venezolano como filial de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven)— «es una empresa afectada, casi que quebrada, que hay que ver técnicamente cómo se puede reiniciar».
Petro considera, además, que solventar la situación de la empresa «no está fácil», debido a que se deben revisar «las formas jurídicas» que tiene actualmente la compañía y estudiar el intrincado «sistema de sanciones» que impuso el gobierno de EE.UU. contra Caracas, «que aún está vigente», y que permea a Monómeros por ser parte de la industria petrolera venezolana.
¿Venezuela toma acciones?
Medios colombianos aseguran que la estatal venezolana Pequiven ya inició acciones para retomar el control de Monómeros, al presentar un acta ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, con los nombres de los responsables de integrar la nueva junta directiva.
El Gobierno de Nicolás Maduro radicó un oficio ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, en lo que sería un primer paso para retomar el control de la compañía. El acta, que fue enviada el pasado 8 de agosto, está firmada por Pedro Rafael Ruiz, el presidente del principal accionista de Monómeros: Pequiven.
En la misma se establece que tras una reunión de los principales accionistas, entre los que se encuentran Copequin, Fertilizantes de Oriente, International Petrochemicals Holding Limited y Pequilago, se tomó la decisión de designar nuevo gerente y miembros de la junta directiva, con sus respectivos suplentes.
Lo que queda por definir es que una resolución de la Superintendencia de Sociedades le permita o no al Gobierno venezolano retomar el control de la empresa.
¿Por qué es tan polémica la situación con Monómeros?
La petroquímica —que tiene su sede en la ciudad de Barranquilla, en las costas caribeñas de Colombia— ha estado en el centro de la polémica durante los últimos años, luego que fuera tomada en 2019 por el gobierno de Iván Duque, quien luego la cedió a Juan Guaidó, el exdiputado que se autoproclamó «presidente interino» de Venezuela.
La controversia con Monómeros se hizo visible el 31 de enero de 2019, cuando las autoridades colombianas le negaron la entrada al país al titular de la compañía, Ronald Ramírez, a quien señalaron de ser un «colaborador» del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La medida se tomó después de que Bogotá decidiera unilateralmente desconocer al Gobierno venezolano.
Meses después, el «gobierno interino» de Guaidó juramentó a una ‘nueva directiva’ en Monómeros y se hizo del control de la empresa, considerada hasta entonces como el segundo mayor activo de Venezuela en el exterior, solo por detrás de la refinería Citgo, también tomada en 2019 por EE.UU. y entregada al exdiputado opositor.
Desde entonces, el gobierno venezolano ha reclamado la devolución de la petroquímica y ha denunciado que se ejecuta un robo y desfalco de los fondos de la empresa desde que está en manos de Guaidó.
La denuncia no es únicamente por parte del Gobierno de Maduro, sino también una situación que incluso han alertado los antiguos aliados del opositor venezolano, en un intento de desmarcarse de los ilícitos que pusieron a la compañía al borde de la quiebra.
«Monómeros en manos de Guaidó fue un desastre»
A inicios de julio, el equipo de Petro que hacía empalme con el gobierno de Duque para la transición de mando, señaló su preocupación por la caótica situación en Monómeros y, sobre todo, porque la empresa aún seguía bajo el control de Guaidó.
«Yo tengo una gran preocupación de que Monómeros siga en manos de Guaidó, esa sí es una preocupación. Monómeros en manos de Guaidó fue un desastre, se desapareció», dijo el excongresista Luis Fernando Velasco, coordinador del empalme de Petro.
Velasco denunció que Guaidó llevó a la empresa a su peor escenario y advirtió, en referencia al opositor venezolano, que el nuevo gobierno colombiano no puede «seguir conversando con fantasmas que no existen».
«No se está produciendo y estamos comprando a tres veces (más) lo que se compraban los insumos», señaló Velasco sobre la situación actual de la petroquímica, una compañía que el mismo Petro consideró que debería ser devuelta a Venezuela.
Intervención de Monómeros
La irregularidades y la dramática situación generada por Guaidó en Monómeros –que llegó a suministrar casi 50 % de los rubros necesarios para el agro colombiano– llevó al mismo gobierno de Duque a intervenir su administración, a través de la Superintendencia de Sociedades.
En 2018, la producción de Monómeros era de más de 800.000 toneladas y estaba a 92 % de su capacidad total operativa, mientras que durante el año 2019, la empresa solo generó 176.000 toneladas de agroquímicos y fertilizantes, es decir, a 20% de sus posibilidades.
Por ese motivo, el Gobierno colombiano procedió a la intervención de Monómeros en agosto de 2021. Según la Superintendencia de Sociedades, la operación se hizo para «subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico y administrativo«, poner orden financiero, corregir su rumbo y proteger los intereses de los inversionistas pudieran salir afectados.
Tras cumplirse un año de la intervención, la Superintendencia decidió quitar la supervision directa en Monómeros, al considerar que ha logrado «normalizar» las «situaciones de tipo jurídico y administrativo» que ponían a la compañía en «riesgo de insolvencia». Sin embargo, la petroquímica seguirá auditada bajo el grado de vigilancia, una medida que exige cumplir con una serie de condiciones.
Monómeros debe presentar cada tres meses, a partir de octubre de 2022 y hasta el segundo trimestre de 2023, sus estados financieros debidamente certificados, así como «un informe detallado de los avances obtenidos durante el periodo correspondiente, del plan de mejoramiento aprobado por su asamblea general de accionistas para la superación de las situaciones que causaron el sometimiento al grado de supervisión de control».
Según la Superintendencia, para finales de 2021, ya con la intervención en marcha, los activos de Monómeros tuvieron un incremento de 9,63 % con respecto a 2020. Sus ingresos habrían crecido 26,01 %, unos 230.000 dólares, y las ganancias se incrementaron sobre el 80 %, más de 13 millones de dólares, recursos desde 2019 son únicamente controlados por la junta de Guaidó, ampliamente cuestionada por sus manejos opacos.
¿Por qué es tan importante para Venezuela y Colombia?
Monómeros tiene una capacidad instalada para producir 1,3 millones de toneladas de sustancias orgánicas e inorgánicas para la siembra a gran escala. Para la agroindustria, la compañía produce y comercializa mezclas físicas de fertilizantes, abonos, alimentos para animales de corral.
Además, vende en grandes volúmenes de ácido nítrico, ácido sulfúrico, sulfato de sodio, ciclohexanona, yeso, carbonato de sodio, azufre, soda caústica, ácido fosfórico, amoníaco, metanol y agua amoniacal, insumos imprescindibles para la industria de las medicinas, alimentos, gaseosas, jabones, papel, detergentes, cemento y pinturas.
A Monómeros se le atribuye la cobertura de más de 70% de la demanda de agroquímicos que necesitan los cultivadores de papa, café y palma en Colombia. Además, según datos de la empresa, sus productos son exportados a más de 50 países.
La compañía cuenta con muelles propios en Barranquilla, lo que facilita un menor costo de traslado a los compradores. Asimismo, opera con dos complejos petroquímicos: uno ubicado en la desembocadura del Río Grande de la Magdalena; y el otro en Buenaventura, el puerto colombiano líder en comercio exterior.
Monómeros fue comprada en 2006 por Pequiven, la principal petroquímica estatal venezolana, que adquirió el 100% de las acciones de la empresa, manejada en el pasado por un consorcio de empresas públicas y privadas colombianas.
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