Venezuela es dueña de 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, pero no ha podido disponer de esos recursos porque siguen retenidos desde hace tres años por el Banco de Inglaterra. No obstante, a partir de esta semana, una jueza británica puede poner punto y final a la pugna.
La razón del ‘secuestro’ financiero del oro, según Reino Unido, es que el Gobierno del dimitido Boris Johnson reconoció a Juan Guaidó –un exdiputado opositor sin ningún cargo de elección popular en la actualidad– como «presidente encargado» de la nación suramericana, explica la periodista Nazareth Balbás para RT.
La decisión de entregarle o no el oro al Banco Central de Venezuela (BCV) reposa en la jueza Sara Cockerill, quien ha sido franca ante los medios al admitir: «Todo el mundo quiere que dicte una resolución bastante rápido«.
El punto medular sobre el cual tendrá que decidir la magistrada es si admite o no la validez de una resolución del Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ), que declaró nula la designación de una ‘directiva’ paralela del BCV, por parte de Guaidó. El tema será debatido hasta el 18 de este mes, pero la sentencia no se dará a conocer de inmediato.
En caso de que se acepte la validez del fallo del TSJ venezolano, «el asunto se acaba aquí«, aseveró hace un mes el abogado Richard Lissack, que representa al Gobierno bolivariano. La resolución podría permitirle finalmente al BCV disponer de los recursos depositados en el Banco de Inglaterra.
Si el fallo es desfavorable para la administración de Maduro, implicaría una legitimación de Guaidó en el exterior que le daría «carta blanca» a la dirigencia opositora «para hacer lo que quieran», según explicó el mes pasado el abogado del Gobierno venezolano, Jonathan Miller.
«Si se les concede autoridad en un sentido general, surge la cuestión de qué tienen derecho a hacer», recalcó Miller, quien insistió en la necesidad de impedir que los dirigentes de la oposición terminen usando los recursos del país para «beneficio personal».
La advertencia surge a raíz de los sonados escándalos de corrupción que han enlodado a Guaidó y a su entorno por el manejo irregular y fraudulento de los recursos incautados al país, a través de las sanciones, o el financiamiento obtenido por parte de actores foráneos durante el «interinato».
El martes, el equipo de prensa de Guaidó emitió un escueto comunicado en el que aseguró que reconocía y respetaba el Estado de Derecho «que está haciendo valer una vez más el Reino Unido esta semana», pero adelantó que se abstendría de «hacer cualquier comentario durante el proceso» judicial.
¿Por qué el dilema con el oro de Venezuela?
A principios de 2019 y de manera inconstitucional, Guaidó se autojuramentó como «presidente encargado» de Venezuela y fue reconocido por EE.UU. y otros 50 países, entre ellos, varios de la región.
Con ese espaldarazo político, que incluyó posteriormente el reconocimiento del Gobierno de Reino Unido, Guaidó pidió al Banco de Inglaterra que se abstuviera de entregar el oro al BCV y nombró a una ‘directiva ad hoc’ para que asumiera el control de esos recursos.
Por esa instrucción, el Tribunal Superior británico denegó al Estado venezolano el acceso a los fondos del Banco de Inglaterra y determinó que la junta ‘ad hoc’ de Guaidó decidiera el destino de las toneladas de oro, pero el BCV apeló el dictamen.
Uno de los argumentos del BCV fue que si bien el Reino Unido reconoció a Guaidó, no rompió relaciones diplomáticas con la administración de Maduro, por lo que la legitimidad del exdiputado opositor era cuestionable. Por eso, en octubre de 2020, el tribunal de apelaciones revocó la decisión que favorecía al exparlamentario y ordenó la suspensión del proceso en el Tribunal de Comercio «para esperar» una decisión del Tribunal Supremo.
Contra todo pronóstico, el Supremo no resolvió el caso y lo devolvió al Tribunal de Comercio a finales del año pasado. El fallo de la máxima corte fue tildado de «desconcertante» por Caracas, ya que si bien aseguraba que la decisión del Ejecutivo británico de reconocer a Guaidó no podía contradecirse, sí consideraba necesario evaluar la validez de las decisiones del TSJ venezolano (que anulaban las acciones del exdiputado).
Para la Cancillería venezolana, el dictamen del máximo tribunal británico no solo violentaba las normas del Derecho Internacional Público, sino que representaba «graves riesgos» para los inversionistas internacionales en el sistema financiero del Reino Unido, ya que a juicio de Caracas, este «recurre a fraudes para apoderarse ilícitamente de los recursos«.
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