De un día para otro, las reservas internacionales de Venezuela se incrementaron en más de 5.000 millones de dólares. La noticia no pasó desapercibida por los medios y las redes sociales, que de inmediato especularon sobre las razones de ese saldo, en momentos en que el país suramericano sigue bajo el férreo bloqueo financiero de EE.UU. y la Unión Europea.
Como ya es costumbre en Venezuela, el hecho tiene una explicación sencilla, pero una ejecución compleja. Ese monto, de unos 5.100 millones de dólares, proviene del Fondo Monetario Internacional (FMI), una institución que ha sido severamente cuestionada por el chavismo en la narrativa oficial y que, por ese mismo motivo, despertó las suspicacias de todo el espectro político en el país, explica un reportaje de Nazareth Balbás para RT.
¿Es un préstamo adquirido? ¿Una negociación secreta? Ninguna de las dos opciones. En realidad se trata de los Derechos Especiales de Giro (DEG), un «activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros», tal como reza la web de organismo. El problema es que disponer de ellos le resultará complicado al Gobierno de Nicolás Maduro.
Venezuela exigió su derecho
En agosto pasado, el FMI aprobó una asignación de los DEG, equivalente a 650.000 millones de dólares para los miembros, con el objetivo de «apuntalar la liquidez mundial» en medio del impacto de la crisis sanitaria por el covid-19.
«Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes», declaró entonces la directora del organismo, Kristalina Georgieva. Entre esos beneficiarios está Venezuela, país al que le corresponde recibir el equivalente a 5.100 millones de dólares (o lo que es lo mismo, 3.568 millones de DEG).
El acuerdo entró en vigor a partir del 23 de agosto, pero no fue sino hasta la semana pasada que se hizo público el estado de cuenta que confirmaba las asignaciones. Por ese motivo, y como ocurre normalmente, el BCV incluyó el monto en su balance financiero del pasado 8 de septiembre, ya que esos recursos son considerados reservas.
En rigor, los DEG –cuyo valor se determina con una cesta de cinco monedas (dólar, euro, libra, yen y yuan)– no son un préstamo, sino una asignación que por derecho se distribuye entre los miembros del FMI, «en proporción a su cuota relativa» en el organismo, es decir, sobre la base de lo que el país participa o contribuye en el Fondo.
No es la primera vez que ocurren estas asignaciones. Desde 1969, el FMI ha distribuido los DEG a sus miembros en tres ocasiones: la primera por 9.300 millones de DEG (1970-1972); la segunda por 12.100 millones de DEG (1979-1981); y una tercera, que se entregó en dos bloques, por un total de 182.700 millones de DEG, en 2009, en el contexto de la crisis económica mundial.
En 2009, durante el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez, Venezuela obtuvo una asignación especial por 1.971,22 millones de DEG y otra por 255,15 para hacer frente a la crisis que se desató en 2008. Ese, precisamente, ha sido el punto común de estas operaciones: coinciden en contexto de dificultades económicas globales. Ahora la razón principal es la pandemia de covid-19.
Esta sería la cuarta oportunidad en que el FMI entrega estos recursos para que, en palabras de su directora, puedan destinarse a complementar las reservas en moneda extranjera de los países, a combatir la crisis sanitaria o a reducir «su dependencia de la deuda interna o externa más onerosa». En la práctica, lo único que supervisaría el fondo sería la transparencia en la ejecución de los montos porque los países, de manera soberana, son los que están facultados para decidir cómo invertirlos.
¿Por qué hay polémica?
Cuando el BCV incluyó el monto en su balance, la controversia no tardó en llegar. Algunos economistas vinculados con la oposición aseguraron que era «disparate» que se sumaran a las reservas internacionales porque el país aún no puede disponer de esos recursos.
La razón de esa imposibilidad radica en la autoproclamación el exdiputado opositor Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, en enero de 2019. Y es que, debido a ese exabrupto inconstitucional avalado principalmente por EE.UU., el país suramericano no puede disponer de esos recursos libremente para atender la crisis del coronavirus.
El martes, Guaidó –que está siendo investigado por «hurto calificado de activos»- afirmó que el acceso a los DEG estaría sobre la mesa en la negociación que llevan a cabo la oposición y el Gobierno de Maduro en México, y que tendrá una tercera ronda a finales de este mes. Previamente, ambos sectores políticos habían logrado un acuerdo parcial que coincide en la necesidad de que el Estado recupere el control de los activos que han sido bloqueados, confiscados o incautados en el extranjero con la anuencia de la derecha venezolana.
Mientras tanto, el FMI no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que Caracas pueda hacer uso del dinero, ya que desde 2019 el organismo se declaró en un limbo ante la falta de consenso entre sus miembros sobre la situación política en Venezuela: ni reconoce abiertamente al Gobierno de Maduro, ni tampoco al exparlamentario opositor. Su única respuesta en esos dos años y medio ha sido el silencio, al cortar la comunicación con sus interlocutores naturales, que son el Ministerio de Finanzas y el BCV.
Algunos sectores de la izquierda, por su parte, criticaron abiertamente al Gobierno porque el dinero (al que todavía no se puede acceder), proviene de una institución tan deslegitimada en el discurso oficial como el FMI. Desde el Partido Comunista, por ejemplo, rechazaron que se negocie la recepción de los DEG en México porque lo consideran «el primer paso para el retorno de Venezuela a las instituciones financieras del Consenso de Washington».
«Es de ingenuos pensar que estas fuerzas no aprovecharán para imponer algunos condicionamientos«, expresó el PCV, aunque reconoció que los DEG no son un pacto con el FMI ni comprometen la soberanía del país. El temor, para esos sectores de la izquierda, es que en el contexto de crisis se presione a Venezuela a aceptar las ‘recetas’ del organismo, que ya se aplicaron en el país en 1989 y que precipitaron el estallido social conocido como ‘El Caracazo’.
Pero mientras el destino de los recursos y su ejecución son todavía una incógnita, lo cierto es no hay nada nuevo en que los balances del BCV reflejen los DEG como reserva, ya que es una práctica que se hace ininterrumpidamente desde la creación de estos instrumentos, y que no se detuvo ni siquiera con la atropellada irrupción de Guaidó en el escenario político venezolano, como consta en los estados financieros mensuales o trimestrales publicados por la institución.
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