A un mes de la llegada de la comisión técnica de la Unión Europea (UE) a Venezuela, crece la expectativa sobre la evaluación que adelantan y que determinará su eventual observación en las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre, conocidas como las ‘megaelecciones’.
Hasta ahora, los expertos europeos han sido discretos y no han emitido declaraciones públicas que permitan aclarar el panorama sobre cómo avanza el informe que deberán entregar al alto representante de la UE para política exterior, Josep Borrell.
El equipo llegó el pasado 8 de julio en medio de un fuerte operativo policial contra bandas criminales al suroeste de Caracas. Según el Gobierno, habría un vínculo entre los delincuentes y el grupo de derecha radical ligada al prófugo venezolano Leopoldo López, por lo que se efectuaron algunas detenciones, describe un reportaje de RT.
De hecho, lo único que ha trascendido a los medios, desde el lado europeo, han sido unas declaraciones de Borrell a El País, quien aseguró que le ha «preocupado mucho» que —durante la estadía de los expertos en Caracas— «se produjeran detenciones de responsables políticos de la oposición, a los que el Gobierno acusa de cargos muy graves».
Sobre esto, el canciller del bloque europeo resaltó que los especialistas han tomado nota de lo ocurrido y adelantó que los incidentes serán incorporados al informe que tendrá que analizar «técnicamente» para tomar una decisión.
Mientras tanto —del lado venezolano— el rector principal y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, dijo en una entrevista a Unión Radio, que se siente «optimista» sobre la eventual observación de la UE y resaltó que ayudaría «a configurar la mesa» para los comicios que se definen más de 3.000 cargos públicos, entre gobernadores, alcaldes, diputados a consejos legislativos estadales y concejales municipales.
¿Con quiénes conversaron en Venezuela?
La visita de esta misión exploratoria, conformada por tres funcionarios y cuatro expertos electorales, responde a la invitación que hizo en mayo el Poder Electoral venezolano a la UE y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que sean veedores de los comicios.
Su viaje a Caracas se concretó luego que Borrell sostuviera una reunión con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en Antalya, Turquía, a mediados de junio, donde hablaron sobre las relaciones bilaterales, la situación política, el proceso de diálogo y el acceso a las vacunas contra el covid-19, insumos que bloqueados por el régimen de sanciones contra Venezuela.
Cuando Borrell anunció que el grupo viajaría a Caracas, dijo que tendrían la misión de verificar, «sin restricciones ni limitaciones», la posibilidad de enviar una misión de observación electoral que dependerá de una variedad de «condiciones políticas» y «de seguridad».
El mismo día de su llegada, los técnicos de la UE se reunieron con Arreaza y, luego, con los directivos del Poder Electoral, entre ellos, el presidente, Pedro Calzadilla; el vicepresidente, Enrique Márquez; y los rectores Roberto Picón, Alexis Corredor y Tania D’Amelio, para exponer todo lo relacionado al proceso de votación.
Al día siguiente, conversaron con un grupo de opositores del ala más radical, una parte de ella vinculada al exdiputado Juan Guaidó, representada por Freddy Guevara y Delsa Solórzano; y otra aliada al dos veces excandidato presidencial Henrique Capriles, que encabezó Carlos Ocariz.
Ese mismo día, dialogaron con representantes del Poder Legislativo y fueron recibidos por el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien calificó la reunión como «cordial y fructífera» y que en ella se hizo un «recuento de las amplias garantías electorales».
Segunda semana de trabajo en Venezuela
La semana siguiente, el 13 de julio, los europeos se reunieron con Guaidó quien —sin dar mayores detalles de la cita— dijo a medios que los visitantes habían «sido testigos de la persecución» contra la oposición, pues justamente el encuentro se dio mientras el Gobierno ofrecía detalles de la captura de Freddy Guevara por su presunta vinculación con bandas criminales que operaban al suroreste de Caracas.
Un día antes, la Fiscalía venezolana había informado que Guevara estaba vinculado a «grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano», por lo que fue solicitada su detención, acusado de presuntos delitos de «terrorismo, atentado contra el orden constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria».
Guevara —que era prófugo de la justicia venezolana por alentar acciones de violencia y permanecer asilado por tres años en la embajada de Chile en Caracas— había recibido en 2020 un indulto firmado por el presidente Nicolás Maduro, como parte del proceso de diálogo para la estabilidad política.
Las reuniones de la UE continuaron el 14 de julio. Ese día sostuvieron conversaciones con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.
Padrino López destacó el encuentro como «ameno» y expresó a los especialistas la «vocación democrática y el papel fundamental» que jugará la Fuerza Armada venezolana «como garante de la paz».
Por su parte, Moreno recordó que el Poder Judicial es autónomo y tiene la misión de servir —por mandato constitucional— como la «instancia suprema» que puede resolver «cualquier controversia que surja de los actos electorales bien sea municipal, regional y/o nacional».
¿Qué se sabe de los expertos y de qué depende su decisión final ?
Al momento de llegar la misión europea a Venezuela, se anunció que su visita se extendería hasta el 23 de julio. En información del Ministerio de Exteriores venezolano, se detalla que «durante casi tres semanas», la misión exploratoria mantuvo conversaciones «con distintas autoridades de los Poderes Públicos y actores políticos del país».
La última reunión de los europeos fue reseñada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Cancillería, el 20 de julio, en un encuentro en el que participaron representantes de ambos poderes del Estado venezolano.
A través de fotografías publicadas por ambas instituciones, se revelaron nombres de al menos cuatro de los expertos de la misión europea: Geert Anckaert, Encargado de Negocios de la UE; Olaya Álvarez, representante de la UE; Tania Magalhaes, experta por la misión diplomática y Alexander Gray, experto de la misión diplomática.
Luego de esa reunión, el rector principal del CNE Roberto Picón declaró a Unión Radio, el 22 de julio, que los europeos realizaron encuentros con toda la estructura del Poder Electoral e informó que la misión de la UE estaba elaborando «un memorandum de entendimiento» de cómo sería «la misión» que estaría en Venezuela a mediados de octubre, de concretarse su observación.
«Ellos van a regresar a Europa y ahí seguirán los contactos, tanto políticos como técnicos. Yo espero que habrá una decisión a finales de agosto«, comentó Picón, quien agregó que el aval de la UE certificaría que «en Venezuela se pueden dar condiciones de acuerdo a un estándar democrático internacional».
«Ojalá que sea posible, no depende solamente del CNE, depende de las acciones de los actores políticos que participen y depende también del Estado para que facilite la acción de la Unión Europea en Venezuela», añadió.
Relaciones bilaterales
Los exploradores también cargan con el futuro de las relaciones bilaterales. Su informe será determinante para rebajar o aumentar las tensiones entre Caracas y Bruselas, después de un período de fricciones marcado por las sanciones, medidas que Europa —en acuerdo con EE.UU. y Canadá— ha dicho que estaría dispuesta a revisar.
Las relaciones bilaterales habían quedado rotas desde febrero pasado, cuando la UE sancionó a funcionarios venezolanos por considerar que habían participado en «actos y decisiones» que socavaban la democracia, durante las parlamentarias de 2020. Entonces, Caracas expulsó a la representante de la UE, Isabel Brilhante, y la declaró persona ‘non grata’. Los europeos hicieron lo mismo con la representante diplomática venezolana, Claudia Salerno.
El pasado turbio se remonta al 2017, cuando los veintisiete impusieron sanciones —aún vigentes— contra el país, en medio de las protestas que ejecutó la oposición ese año. Además, tras las elecciones presidenciales de 2018, la UE puso en duda la legitimidad de las instituciones venezolanas, entre ellas, el Poder Ejecutivo y el Electoral.
Luego, en 2019, cuando se autoproclamó Guaidó como «presidente interino», el bloque europeo decidió reconocerlo y Caracas reaccionó tachando al grupo de países de «injerencistas» e «insolentes».
Sin embargo, a principios de este año, la UE dejó de llamar «presidente interino» a Guaidó y lo degradó al rol de «actor importante» y «privilegiado interlocutor» del «diálogo y transición» para Venezuela.
Este cambio de tono se produjo tras la asunción del nuevo parlamento venezolano y la llegada al poder en EE.UU. de Joe Biden. En Caracas, el nuevo Poder Legislativo incentivó un amplio debate, con los distintos sectores políticos, que decantó en la renovación del Poder Electoral.
Bajo este escenario, la UE suavizó su postura con Caracas y apostó a tener «ojos en el terreno», como ha dicho Borrell, quien ahora se lamenta de no haber enviado observadores a las elecciones parlamentarias de 2020.
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