Tres de cada cuatro personas LGBTIQ+ (sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer, entre otras) que viven en América Latina, sufrieron al menos una situación de acoso, violencia y discriminación dentro de su ámbito laboral durante el último año.
La estimación deriva de los resultados de la primera encuesta latinoamericana sobre diversidad sexual, acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral, realizada por numerosas organizaciones del continente, con el apoyo de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de ONU-SIDA.
La encuesta, respondida por 1.584 personas entre el 29 de mayo y el 16 de junio de 2020, demuestra las realidades que viven los miembros de la comunidad LGBTIQ+ habitualmente en sus sociedades.
El estudio, reseñado en un artículo del periodista Gustavo Sarmiento para el diario El Tiempo de Argentina, indica que 37,2 % reconoce haber sufrido alguna de estas situaciones de acoso y violencia por su orientación sexual y/o identidad de género.
Sin embargo, la cifra asciende a 74 % cuando se pregunta sobre un listado de experiencias vividas en el último año, entre las cuales figuran la violencia simbólica, violencia institucional, violencia sexual, acoso y violencia física.
“Nos importa que se puedan visibilizar las situaciones de discriminación y puedan salir del silencio”, apuntaron desde la organización MSN Consultorías de Uruguay, que encabezó el trabajo junto a Nodos de Argentina, Integra Diversidade de Brasil, Sentiido de Colombia, Nodos México y otras 35 organizaciones de la región.
El estudio señala que los principales responsables de dichas situaciones son: los compañeros del mismo equipo (33 %) y los jefes (23,8 %). Además, estas violencias son ejercidas tanto por varones como por mujeres.
“Necesitamos saber cómo se sienten y son tratadas las personas LGBTIQ+ en sus lugares de trabajo en cada país de América Latina, tanto como analizar los datos desde una perspectiva regional”, remarcaron desde Integra Diversidade de Brasil.
Violencia como relación de poder
Un problema central es cómo la violencia en una relación de poder obliga al silencio de la víctima, o hasta se naturaliza. El 86,3 % de las víctimas no realizó la denuncia, y cuando se indaga en los orígenes se evidencian tres causas: 1) la persona no consideró relevante efectuar la denuncia; 2) no hay confianza en el mecanismo que la organización dispone para realizar la denuncia; 3) hay temor a represalias o consecuencias negativas en las víctimas.
Por su parte, Sentiido de Colombia analiza que “la inclusión y la discriminación laboral se deben abordar no solo desde cuántas actividades haga una compañía: también hay que escuchar las voces de las personas que se identifican como LGBTIQ+ y quienes son las principales receptoras de las políticas y la cultura empresarial. Estos datos son un recurso fundamental para que las compañías sean más conscientes de los resultados de sus políticas”.
El 35 % de las personas encuestadas refirieron que sus espacios laborales cuentan con políticas o programas en esta temática, pero sólo el 25 % se siente representado por ellas.
“Contar con datos que visibilicen estas vivencias de las personas LGBTIQ+ nos ayudará a promover que las organizaciones realicen programas más efectivos, y adecuados para eliminar estas situaciones que vulneran los derechos humanos”, comentaron desde Nodos de Argentina.
En Argentina avanza el proyecto de Ley Laboral de Cupo Trans, el sector que más sufre la violencia cotidiana. La norma, avalada por seis bloques en el Congreso, propone que el 1 % de los empleos de la administración pública sea destinado a personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans.
El proyecto cuenta con antecedentes en provincias como Chubut, Río Negro, Chaco y Santa Fe, donde la cuota es del 5 %, y en universidades, desde la de Mar del Plata hasta la de Comahue.
El cupo fue una iniciativa de la líder travesti y activista por los derechos humanos Diana Sacayán, asesinada en su departamento del barrio de Flores, un mes después de lograr que se aprobara en septiembre de 2015, en la Provincia de Buenos Aires, y que finalmente se reglamentó a fines de 2019.
Comunidad trans es la más violentada
De acuerdo con un informe de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (ATTTA) y la Fundación Huésped, en 2014 (último registro a la fecha), sólo 18 % de las personas travestis y trans tuvieron acceso a trabajos formales. La gran mayoría, excluidas de sus familias y del sistema de educación formal, recurre al trabajo sexual para la subsistencia.
“Por lejos, las personas travestis y trans son la que más sufren. Más del 80 % de las denuncias por violencia o discriminación nos llegan de ellas«, subraya César Cigliutti, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
Cigliutti agrega que los afectados, «entre 60 % y 70 % son migrantes, carecen de DNI y no están formalizadas en ningún registro. La mayoría vive en situación de prostitución, y no es un empleo como cualquier otro. Son miles que por ese trabajo terminan acuchilladas o descuartizadas”.
Además, agrega el reportaje de Sarmiento, en los últimos años recrudecieron hechos de represión de las fuerzas de seguridad, avalados por las propias autoridades. El 6 de marzo, la ministra de Seguridad argentina, Sabina Frederic, derogó el protocolo LGBTI+ elaborado en su momento por su predecesora durante el macrismo, Patricia Bullrich, que criminalizaba a la diversidad sexual y de género y la estigmatizaba como un grupo de población peligroso.
Las organizaciones apuntaron que la norma represiva “se dictó bajo el pretexto de adecuar los protocolos de actuación las Fuerzas policiales y de Seguridad a estándares internacionales de Derechos Humanos”. Su principal objetivo era ampliar las facultades policiales para realizar requisas y detenciones sin orden judicial. Además, «orientó hacia lo contravencional el accionar policial contra un grupo sexual históricamente perseguido, que lejos de ser perseguido debe ser protegido”.
En su lugar, el Ministerio creó un nuevo protocolo elaborado en conjunto con las organizaciones, centrado en garantizar los derechos de estas personas, respeto y prevención de la violencia por identidad de género y orientación sexual.
“El proyecto de cupo laboral para travestis/trans es una demanda de las agrupaciones, organizaciones y de muchos organismos del Estado que venimos acompañando la lucha de los grupos sociales históricamente vulnerados por la discriminación. Creo que una ley de cupo es necesaria para dar cuenta de la demanda social de un grupo extremadamente dañado e invisibilizado socialmente. Por eso, el Estado tiene que dar el primer paso, otorgando el cupo que corresponde para visibilizarnos en lugares estratégicos, como sucede conmigo y con otras compañeras y compañeros, pero no va a solucionar la faltante de opciones laborales para todos y todas”, enfatiza Ornella Infante, directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI.
“Queremos que en el sistema de salud nos atiendan sin prejuicios ni estereotipos, que las escuelas nos abran las puertas y no nos expulsen, que presentarnos en una entrevista laboral no nos de miedo, que podamos circular libremente sin que nos agredan en las calles y que podamos besarnos con nuestras parejas y no tener que estar mirando para todos lados por miedo a que nos pase algo”, subrayó Infante.
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