El autoproclamado gobierno de facto en Bolivia ha recurrido al uso desproporcional de la fuerza y la violencia para reprimir hasta los más mínimos movimientos de resistencia popular que se puedan generar en el país, particularmente en los sectores indígenas y campesinos leales a Evo Morales, quien fue forzado a renunciar en medio de un golpe de Estado perpetrado el pasado 10 de noviembre.
El modo en cómo los golpistas bolivianos han decidido mantenerse en el gobierno y evitar la protesta social contra sus medidas antinacionales, dictadas desde Washington, ha sido optar por la vía de la represión y violación de derechos humanos, mediante acciones sediciosas que han dejado un saldo de 35 muertos, más de 800 heridos y 50 detenidos, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
El 20 de octubre de 2019, Morales ganó las elecciones en primera vuelta, pero la oposición cantó fraude sin pruebas, y se fue a las calles en semanas de protestas violentas y disturbios.
La extrema derecha logró derrocar al líder indígena, luego de que el alto mando militar le exigiera renunciar, mientras que los miembros de su partido Movimiento al Socialismo (MAS) fueron atacados y forzados a dejar sus cargos de forma violenta.
El vacío de Poder generado tras la salida intempestiva de Morales, y la llegada al poder de la senadora opositora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó de manera inconstitucional presidenta “interina” generó una ola de persecución contra toda aquella persona que denuncie sus arbitrariedades, se manifieste en su contra, o exija el retorno del orden constitucional y la democracia al país andino amazónico.
Masacres de Sacaba y Senkata
Además de la represión por parte de la policía y grupos sediciosos al servicio de la derecha a cualquier tipo de manifestación, la violencia generada por los golpistas ha derivado en delitos como desaparición forzosa de personas, torturas, agresiones sexuales y falta de garantías procesales para los detenidos.
Sin embargo, hay dos hechos específicos que han quedado impunes y han despertado el rechazo mundial: dos masacres claramente verificadas, una en Cochabamba y otra en El Alto.
El 15 de noviembre de 2019, la autoproclamada Jeanine Áñez firmó el decreto Nº 4.078, con el que autorizó a los militares a usar «todos sus medios disponibles» para neutralizar las masivas manifestaciones en contra del golpe.
Ese mismo día fueron masacradas nueve personas en la localidad de Sacaba, en Cochabamba. Ese grupo de cocaleros indígenas marchaban rumbo a La Paz como forma de protesta por la degradación anticonstitucional de la wiphala, bandera representativa del Estado Plurinacional, y contra el golpe de Estado y la represión, cuando fueron víctimas de las balas disparadas por las Fuerzas Armadas y la policía.
Los testimonios hablan del terror que vivieron los sobrevivientes y los heridos, quienes estaban desarmados ante el frente militar-policial que disparó a mansalva amparado por el decreto de Áñez.
Al día siguiente, 16 de noviembre, fue asesinado otro manifestante en Sacaba, por las fuerzas represivas.
El terror en las calles continuó y el 19 de noviembre, en la localidad de Senkata, del Distrito 8 de la ciudad de El Alto, ocurrió otra masacre.
En esa localidad hay una planta de gas que abastece a buena parte del país y que se encontraba bloqueada en señal de protesta tras el golpe contra Morales. La manifestación obtuvo como respuesta un operativo militar y policial que dejó diez muertos, 65 heridos y decenas de detenidos.
Los reportes y autopsias a las víctimas revelaron que las muertes de ambas masacres fueron causadas por impactos en la cabeza y el torso, lo que comprobó que hubo saña y que la orden era disparar a matar.
Luego de estas masacres, Áñez decidió el jueves 28 de noviembre de 2019 retirar el decreto Nº 4.078, alegando que ya había logrado la “ansiada pacificación” de Bolivia. La situación hace recordar la frase: “el fin justifica los medios”, que en este caso sería la sangre de inocentes derramada para aferrarse al poder.
Las caras de la violencia
En el golpe de Estado y las acciones represivas figuran varios actores que sirven a un objetivo en común: derrocar al socialismo y oprimir a los indígenas y campesinos para garantizar que la derecha tome el poder a toda costa.
Las fuerzas golpistas hicieron todo lo necesario para que la senadora Jeanine Áñez, conocida por sus expresiones de odio y rechazo contra los pueblos ancestrales y los pobres, asumiera por vías irregulares el control del Estado, a través de un régimen de facto que terminó de reconocerla como «presidenta interina».
Una vez que usurpó la presidencia con una gran biblia en la mano, Áñez pregonó el regreso de Dios al centro de la gobernabilidad del país latinoamericano .
Asimismo, proclamó a Arturo Murillo como ministro de su “Gobierno” (Interior), y Luis Fernando López Julio fue designado ministro de Defensa, quienes anunciaron al país que enviarían a “los militares a la calle” para “perseguir” y “encarcelar” a los “sediciosos”.
Al aprobar el decreto 4078, que en su artículo tercero, autorizaba a las Fuerzas Armadas a realizar operaciones sin responsabilidad penal, bajo el argumento de reestablecimiento del orden público, Áñez abrió las puertas a la violencia, a la muerte y a la opresión del pueblo boliviano, y en especial de los indígenas y campesinos que tanto desprecia.
Murillo y su cacería de brujas
Áñez ha tenido como uno de sus principales cómplices y aliados a su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien ha estado detrás de la represión a los manifestantes y opositores al golpe de Estado.
Murillo desató una verdadera cacería de brujas contra el pueblo boliviano que apoya a Evo Morales, así como contra exministros y autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS).
El ultraderechista, que sirve a la los intereses del empresariado, no dudó en lanzar amenazas cómo «vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera y también de gente de las FARC, cubanos, venezolanos que han estado viviendo aquí», aclarando que lo llama cacería porque «estos son animales».
Estas amenazas se ampliaron a todos aquellos que se atreva a denunciar los atropellos de los golpistas. «Vamos a hacer que la Ley caiga con el más fuerte peso. Para todo aquel que le ha hecho daño al país pediremos la máxima condena. Los que están haciendo sedición vamos a pedir también que se los encarcele«.
Bajo este argumento, Murillo comenzó una persecución contra periodistas y medios que hablaban de golpe, y acusó de sedición y terrorismo a aquellos que participan de las movilizaciones y bloqueos.
Las hordas violentas de Camacho
Uno de los principales artífices del golpe en Bolivia es Luis Fernando Camacho, un poderoso multimillonario y fundamentalista cristiano ultra conservador, preparado por años por la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), una organización paramilitar fascista radicada en la región separatista de Santa Cruz, conocida por atacar a izquierdistas, campesinos, indígenas y periodistas, adoptando una ideología racista y homofóbica.
El millonario posee conexiones profundas y bien establecidas con paramilitares extremistas cristianos conocidos por su violencia racista, así como con los carteles comerciales locales, y gobiernos de derecha en la región.
Camacho, quien no era un político reconocido ni había ganado ningún cargo de elección popular salió de las sombras, junto con las fuerzas de choque separatistas de línea dura que dirigió en Santa Cruz, para tomar protagonismo en el golpe.
Con la Biblia en una mano y la bandera nacional en la otra, el representante de las élites irrumpió en el Palacio de Gobierno y expresó su compromiso de exorcizar al país del espíritu plurinacional y de la herencia ancestral promovida por el presidente indígena, y así “devolver a Dios al Palacio Quemado” (como se conoce a la sede del Gobierno).
Acto seguido, los grupos que lo apoyan procedieron a quemar banderas de Wiphala, que simbolizaban la población indígena del país y la visión plurinacional de Morales.
El “cristiano” Camacho exhortó a sus seguidores a “terminar el trabajo, hagamos las elecciones y comencemos a juzgar a los criminales del gobierno, vamos a meterlos en la cárcel”, por lo que las hordas violentas atacaron al pueblo que defendía en las calles el retorno de la democracia.
Policías que disparan a matar
Con licencia para atropellar, abusar, violentar e incluso matar, las fuerzas militares y policiales que apoyaron el golpe de Estado salieron a las calles a reprimir al pueblo.
“Nunca antes policías y militares enfundados en la supuesta defensa de la democracia y el control de la protesta callejera llevaron tan lejos sus armas represivas comandados desde cuartos de guerra”, señaló el analista Ernesto Eterno.
Indicó que la decisión que tomó el domingo 10 de noviembre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ejto Kalimán, de ordenar la salida de los militares a las calles tuvo como resultado trágico más de 30 víctimas fatales y cientos de heridos.
Los militares y policías alineados al golpe serán recordados por arremeter y disparar contra civiles desarmados, cuyo delito era denunciar la ruptura del hilo democrático.
El silencio de los medios
La autoproclamada Jeanine Áñez se ha valido de la censura a los medios de comunicación locales e internacionales para que no se muestren los muertos y las constantes violaciones a los derechos humanos en Bolivia.
La senadora opositora, abogada y exdirectora del medio de comunicación Totalvisión, consciente de que no podía valerse simplemente del apoyo de un sector golpista de las Fuerzas Armadas para mantener su régimen, optó por amenazar y chantajear a la prensa, ya que casi el 60 % de los ingresos de los periódicos depende de la publicidad estatal.
Algunos medios bolivianos cedieron a la presión, por lo que sus páginas y pantallas se han llenado de expresiones como «terrorismo», «enfrentamientos» y «pacificación» para «justificar» la represión, mientras las muertes causadas por las acciones golpistas, o el mismo reconocimiento de la existencia de un golpe, son ignoradas, y eso los hace cómplices de la violencia y las masacres.
Mientras tanto, periodistas, televisoras, radios y televisoras comunitarias que se atreven a difundir la verdad han sido atacados por los grupos de choque afines a Áñez y a Camacho.
Periodistas extranjeros, como los argentinos de A24, Crónica TV y TN, que se trasladaron hasta La Paz para cubrir la crisis política, fueron agredidos por grupos violentos y amenazados con prenderles fuego, por lo que tuvieron que pedir protección a su Embajada y abandonar el país.
Violaciones de derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la violaciones y agresiones perpetradas contra el pueblo boliviano durante la crisis política.
La CIDH cuestionó el decreto del gobierno de facto que otorgaba inmunidad a los militares, reclamó garantías para la libertad de expresión y emitió un informe desfavorable por el uso de la fuerza por parte de policías y militares.
La respuesta de Áñez y sus cómplices ha sido poner en duda la imparcialidad del organismo. «Estoy absolutamente asombrado que solamente hayan derechos humanos y CIDH para unos y no hayan para el resto de los bolivianos», afirmó el ministro Arturo Murillo.
Sin embargo el jefe de la delegación de la CIDH que se trasladó hasta Bolivia, Pablo Abrao, afirmó que «no hay garantías» para realizar una investigación imparcial sobre las masacres ocurridas en noviembre y perpetradas por las fuerzas armadas y la policía que formaron parte del golpe de Estado contra Evo Morales.
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