Cerca de 25 indígenas yanomamis de la aldea Aracaçá, en el estado de Roraima, se encuentran en paradero desconocido después de la denuncia de que una niña indígena de 12 años de esa comunidad murió tras haber sido violada por mineros ilegales.
Júnior Hekurari Yanomami, presidente del Consejo de Salud Indígena Yanomami e Ye’kuanna (Condisi-YY), explicó que, según los relatos recogidos, es posible que los miembros de la comunidad se escondiesen en el bosque tras el asesinato de la joven.
El caso ha tenido una importante repercusión nacional y distintas personalidades políticas y artísticas mostraron su preocupación en las redes sociales con la etiqueta #cadêosyanomami (dónde están los yanomami), explica la periodista Marta Miera para RT.
La historia también ha empujado a que la Cámara de Diputados aprobase este jueves la creación de una comisión externa para acompañar las denuncias de violencia contra los indígenas en la Tierra Indígena Yanamomi, la mayor reserva del país, con más de 10 millones de hectáreas distribuidas entre los estados Amazonas y Roraima.
Se calcula que unos 29.000 indígenas viven en la zona, en aproximadamente 350 comunidades, de las cuales 273 están afectadas por la minería ilegal, lo que impacta a más de 16.000 personas.
La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) también pidió este jueves a la Corte Suprema que se adopten nuevas medidas de protección en esta zona.
Un escenario de terror contra los yanomamis
Pero, ¿qué se sabe de lo ocurrido en la aldea Aracaçá y de los yanomamis desaparecidos?
El 26 de abril, el presidente de Condisi-YY denunció la violación de la menor. Según Hekurari, en el ataque una niña de unos cuatro años también cayó en el río y está desaparecida.
Tras la denuncia, miembros de la Policía Federal, del Ministerio Público y de la Fundación Nacional del Indio (Funai) se trasladaron hasta la aldea. En una nota conjunta informaron que no habían encontrado evidencias de los hechos denunciados. También matizaron que era necesario «profundizar en la investigación, para un mejor esclarecimiento de lo ocurrido».
El presidente de Condisi-YY, que participó en la comitiva, dijo que cuando llegaron a la aldea no había ninguna persona y la comunidad estaba quemada.
Después, según su relato, la comitiva se encontró con algunos indígenas que se negaron a hablar porque habían recibido oro por parte de los ‘garimpeiros (mineros)’ a cambio de su silencio.
Hasta el momento, no se sabe quién quemó la aldea, pero Condisi-YY explicó que podrían haber sido los propios indígenas, porque es tradición que tras la muerte de un ser querido se queme la comunidad y que esta se traslade a otro lugar.
La jueza de la Corte Suprema, Cármen Lúcia, exigió una investigación del caso: «No se puede callar y omitir ante la debacle de las inhumanidades criminalmente impuestas a las mujeres brasileñas, entre ellas todavía más a las mujeres indígenas, que están muriendo por la ferocidad inhumana y desenfrenada de algunos».
En un reciente informe, la Asociación Hutukara Yanomami advirtió que el aumento de la explotación minera ilegal en Tierra Indígena Yanamomi genera un «escenario de terror» entre las comunidades, y denuncian que los mineros exigen sexo con mujeres y niñas a cambio de comida.
Los ‘garimpeiros (mineros)’ –se calcula que unos 20.000 en todo ese territorio– agravan la deforestación, la contaminación de los ríos por el uso del mercurio, la violencia contra las comunidades y propagan enfermedades como la malaria o el covid-19.
En ese contexto, se aprovechan de la escasez de la caza y pesca, como consecuencia de la destrucción del medio ambiente y de la debilidad de los indígenas por las enfermedades que ellos mismos transmiten.
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