El sábado a las 7 de la mañana, personal de la Policía Federal, Policía Metropolitana y Gendarmería Nacional reprimió brutalmente a los vecinos del Barrio “Papa Francisco”, en el barrio porteño de Lugano, tras una orden de desalojo emitida por la jueza Gabriela López Iñíguez. Varias personas resultaron heridas, entre ellos niños, mujeres embarazadas y hasta diputados nacionales y legisladores porteños -de los partidos FPV y PO- que se encontraban en el lugar para hacer frente a la medida y denunciar la aplicación de métodos de tortura a los detenidos.
Desde la Corriente Villera Independiente (CVI) informaron a medios locales que al menos siete personas fueron detenidas por “resistencia a la autoridad”, la mayoría son militantes populares y delegados del barrio -este lunes, 5 de ellos fueron liberados-.
Actualmente, varias familias aguardan una solución habitacional y permanecen en la calle bajo la lluvia y el frío frente al predio, donde las topadoras derribaron sus casillas sin que pudieran retirar alguna de sus pertenecías. Mientras tanto, otro grupo resiste el desalojo en la parte posterior del barrio.
Asimismo, desde la CVI convocaron a los vecinos de los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires a concentrar en el Obelisco e instalar nuevamente la “carpa villera” en solidaridad con los vecinos y en repudio al brutal desalojo. “En lugar de respuestas que resuelvan la profunda crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, los gobiernos responden con represión y criminalizando la pobreza”, expresaron mediante un comunicado.
El cura de la villa, Franco Punturo, denunció ante la prensa, “hace seis meses fue tomado el terreno y desde ese momento la zona fue totalmente abandonada, sin ningún tipo de cuidado. Las primeras abandonadas son las familias que viven adentro del barrio, porque es un terreno que es tierra de nadie, del más fuerte, del más violento, del que tiene armas”.
Las familias señalan que las fuerzas de seguridad “liberaron” la zona al tiempo que advierten que se trata de una maniobra por parte del Gobierno de la Ciudad, a cargo de Mauricio Macri (PRO), y la justicia porteña para sacarlos del lugar.
El pasado martes, Melina López (de 18 años) fue asesinada en el barrio de Lugano luego de un intento de robo, en el que al parecer los atacantes se refugiaron en el Barrio “Papa Francisco”. Desde entonces, los grandes medios de comunicación incentivaron el desalojo del asentamiento mediante la reproducción del discurso de la “inseguridad” y la criminalización de la pobreza.
El Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, -quien apoyó y presenció el brutal desalojo- justificó la medida alegando que en el lugar “había gente peligrosa” y aseguró que “el operativo se realizó en forma pacífica”. Con anterioridad, Berni realizó comentarios discriminatorios y xenófobos al reclamar ante la prensa la aprobación de una ley nacional para la deportación de extranjeros a quienes acusó de delinquir.
Por su parte, la vicejefa del Gobierno Porteño, María Eugenia Vidal, se expresó en la misma línea que Berni. El desalojo permitió “recuperar el predio para la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó y sostuvo que “no se va a permitir que las mafias ni el narcotráfico se apoderen del lugar”.
En tanto, la jueza Iñíguez defendió el procedimiento que según apuntó “se realizó sin incidentes ni heridos” y manifestó que “sólo quedan unos 20 hombres jóvenes acampando en las inmediaciones que se niegan a aceptar cualquier tipo de ayuda”.
Crisis habitacional
En agosto de 2005, fue sancionada la Ley 1770 que dispone la urbanización de la Villa 20 y los terrenos recientemente desalojados, y entre otras cosas establece la construcción de un hospital. La legislación fue fruto de la lucha de los vecinos de la zona, quienes peleaban por establecerse en el lugar al tiempo que el Gobierno porteño cedía las tierras a una empresa farmacéutica. Sin embargo, las obras de urbanización nunca se llevaron adelante y lo único que avanzó hasta el momento fue la construcción de un Polo Farmacéutico.
El reclamo en Lugano refleja el entramado de la ciudad de Buenos Aires, donde convive el auge del mercado inmobiliario, apuntado hacia los sectores de medianos y altos ingresos, frente al déficit habitacional del pueblo pobre confinado a vivir hacinado en extensos asentamientos.
De acuerdo al último Censo Nacional (2010), existen 164 mil personas que viven en villas en la ciudad de Buenos Aires, a las que se deben añadir 144 mil personas que viven en hoteles familiares, inquilinatos, pensiones, casas tomadas -entre otras viviendas precarias-, así como otras 192 mil que logran acceder a un departamento pero viven en condiciones de hacinamiento. Más de medio millón de habitantes en la ciudad no tiene acceso a una vivienda digna en la ciudad con mayor recaudación del país.
En los últimos diez años, la crisis habitacional se agravó, la población en las villas y asentamientos creció un 52 por ciento mientras la ciudad registró un mínimo crecimiento poblacional entre los años 2001 y 2010 -de 107 mil 422 pasó a 163 mil 587 habitantes-. En dicho período el déficit habitacional pasó de 86 mil 185 familias en 2001 a 108 mil 225 en 2010.
Asimismo, según un informe elaborado por la Comisión de Vivienda del Consejo Económico y Social, entre 2010 y 2011 la superficie cubierta residencial solicitada en los permisos para construcciones nuevas y ampliaciones creció en un 94 por ciento en la ciudad. Sin embargo, la distribución territorial de esos permisos da cuenta de que las comunas que registran mayor cantidad de emprendimientos residenciales son precisamente aquellas en donde el aumento poblacional en los últimos diez años ha sido el menos significativo.
El documento destaca que en las Comunas de sur de la ciudad son aquellas donde residen los habitantes con mayores dificultades económicas y en donde menos proporción de construcción se registró en el último tiempo. La tendencia se asocia a la valorización de mercado del suelo, y no a las necesidades o capacidades de la masa salarial, según señala el informe publicado a fines de abril.
Mientras tanto, más de 340 mil viviendas se encuentran ociosas en la ciudad de Buenos Aires, según el Censo Nacional.
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